El día de hoy, diputados del Parlamento de la Unión Europea, solicitaron al presidente del Perú, Ollanta Humala que abandone definitivamente el proyecto Conga “Ya hubo demasiada violencia contra la resistencia pacífica en Cajamarca y es tiempo que escuche a las comunidades locales” concluía la carta de Catherine Grèze, Diputada europea, Coordinadora de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo. La Diputada Europea hace referencia a los conflictos sociales generados en el país a consecuencia de imponer un modelo extractivista en perjuicio de las poblaciones locales y expresa su preocupación por el caso del proyecto Conga, que ha levantado una fuerte oposición de parte de las poblaciones locales y que la resistencia pacífica ya ha costado cinco personas fallecidas en julio del 2012, a raíz de la represión policial, manifiesta en su carta. También comunica en esta misiva sobre la represión policial que nuevamente sufrieran los Guardianes de las Lagunas el 28 de mayo pasado trayendo como resultado un nuevo comunero herido, el Sr. José Guillermo Cueva Huamán por un policía al servicio de la minera Yanacocha, hace también referencia a que en abril último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó su voz manifestando su preocupación frente a la criminalización de la protesta en el Perú. Se resume la petición en los siguientes puntos:
·Que el gobierno peruano cese definitivamente el proyecto minero Conga porque afecta irreversiblemente al ecosistema y a las fuentes de agua de cientos de miles de personas;
·Que el gobierno peruano ponga fin a la violencia contra el pueblo y sus dirigentes;
·Que el gobierno peruano respete las convenciones internacionales, sobre todo la convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y a las demandas y decisiones de las poblaciones locales.
La carta dirigida también a los ministros de Energía y Minas así como al Ministro del Interior menciona sobre las condiciones establecidas con el Gobierno peruano para la implementación del Acuerdo de Libre Comercio del Perú con la Unión Europa era la de construir el camino de un Perú sostenible y concluye diciendo: “Los diputados y las diputadas del parlamento Europeo miramos muy de cerca lo dicho en la Hoja de Ruta, y vemos una contradicción fundamental con lo que está pasando en Conga”.
Según el exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, las recientes medidas dadas por el gobierno para reducir los plazos, a menos de 100 días, para la evaluación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no garantiza que se cumpla los controles ambientales, por el contrario generaría nuevos conflictos sociales. Por ello, consideró que el Ministerio del Ambiente es un archivador de EIA y que el sector “está pintado en la pared”. Y lamentó que el actual titular de la cartera de Ambiente “hace lo que el gobierno lo deja hacer y no lo que tiene que hacer”. En conversación con LA PRIMERA aseguró que los EIA no son transparentes.
—El gobierno lanzó medidas para impulsar proyectos de inversión, entre ellas se busca acortar el tiempo de evaluación en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), ¿considera que esta medida va a garantizar una buena evaluación del EIA de los grandes proyectos mineros?
—Es muy importante tomar acciones para el crecimiento económico, pero no veo por qué el gobierno tiene que seguir insistiendo en cosas que han generado una conflictividad enorme en el país, por ejemplo las inversiones de Yanacocha. Es imposible hacer una buena evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, de gran minería, en menos de 100 días. No se puede confundir rapidez con apuro, porque las evaluaciones del EIA se van hacer para que salga y después habrá consecuencias, nuevos conflictos. Con estas medidas, queda claro que el gobierno está escuchando, con un volumen alto, a los inversionistas mineros.
—¿En promedio cuánto dura la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para un proyecto minero?
—La revisión del EIA de proyectos mineros demora por lo menos seis meses, ahora se quiere acortar a más de la mitad del tiempo que se requiere. La demora no es porque los especialistas que observan el EIA son ociosos, sino es porque la evaluación toma tiempo. La revisión es todo un proceso, porque se tiene que hacer un trabajo de campo, recoger información física, climatológica, geológica y química, para reconocer el impacto ambiental que generará el proyecto, y así planear la mitigación de los efectos y la compensación. En otros casos el EIA puede demorar de 2 a 3 años en ser analizados.
—¿Considera apropiado que la empresa se encargue del EIA, teniendo en cuenta los intereses de por medio?
—En el país le falta transparencia a los EIA. Por la metodología que se sigue no le da confianza al ciudadano de a pie. Lo que está pasando es que una empresa se encarga de hacer el EIA, luego viene y te lo propone al gobierno. Allí la empresa se asegura que el EIA sea factible para la ejecución del proyecto. Entonces los EIA no deberían ser realizados por la parte interesada en el proyecto.
—¿Entonces cómo debería ser?
—Se debe crear un fideicomiso entre la empresa que invierte y el Ministerio del Ambiente, para no generar gasto a la institución pública. Con ese dinero, el encargado de contratar a los especialistas para la realización del EIA debe ser el Ministerio del Ambiente. Al término del estudio se debe contratar a un grupo de técnicos para que certifiquen el EIA. Además, debe haber un EIA que incluya a la población para certificar la aceptación del proyecto.
—Según las recientes reformas dadas por el gobierno, el EIA luego de ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y otras entidades relacionadas, recién llega al Ministerio del Ambiente para su aprobación u observación, ¿parece que el EIA solo llega a la cartera de Ambiente para su reconocimiento?
—El Ministerio del Ambiente vuelve hacer un archivador de EIA y a estar pintado en la pared. Aquí solo lo que cuenta es la inversión y para eso no necesitamos un presidente, un Congreso de la República, sino se necesita un buen gerente. No debe prevalecer solo la inversión.
—Las observaciones del EIA en el proyecto de Conga generó una crisis en el gobierno, ¿qué lecciones se deben rescatar ante las medidas de acortar el tiempo en la evaluación del EIA?
—Por ejemplo, el EIA del proyecto Conga tiene 25 mil páginas y la evaluación se hizo en seis meses. El proceso del análisis tuvo poco tiempo y la evaluación no lo hizo directamente el Ministerio de Energía y Minas con sus profesionales, sino se contrató gente adicional que pagó la empresa minera. Las recomendaciones que hizo el Ministerio del Ambiente, cuando estuve en la gestión, coincidió con las conclusiones de los peritos.
—El Estudio de Impacto Ambiental define si un proyecto es factible, ¿considera que los inversionistas ven al EIA como un arma que atenta sus intereses?
—Solo a los malos inversionistas les pasa eso y piensan que los controles ambientales son un freno para la inversión. Aquí se tiene que hacer las cosas bien, y estoy seguro que Yanacocha no habría podido avanzar sin tener a personas que le ayuden a crecer cerrándoles un ojo. —El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene cerca de 20 años en el país, algunos señalan que es obsoleto, ¿usted lo considera así?
—Hay muchos términos de referencia que es copia y pega. No existe una normativa común para los EIA en los diferentes sectores, Agricultura, Energía y Minería, Pesquería, cada uno hace lo que se le da la gana. Tanto es así que en la industria las herramientas de control ambientales no están desarrolladas. Entonces se debe modernizar el EIA y el Ministerio del Ambiente debe estar a cargo.
—La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ambos organismos dependen de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿considera que el gobierno quita facultades del Ministerio del Ambiente?
—Los Ministerios del Ambiente de otros países se hacen cargo del ordenamiento territorial, de la Autoridad del Agua, eso pasa en Chile, Bolivia, Ecuador y otros países de Latinoamérica. En el Perú no sucede eso, porque el empresario y el agroexportador tienen mucho poder en el país. — ¿El Ministerio del Ambiente es el enemigo de los inversionistas en Minería?
—El Medio Ambiente es el “cuco” que los inversionistas han creado. El Ministerio es como el semáforo y los inversionistas quieren pasar por encima, sin respetar. — ¿El EIA es una traba para las inversiones?
—El EIA y el cuidado del medio ambiente es un factor de excelencia de las inversiones.
—Usted fue ministro de Ambiente en el gobierno de Ollanta Humala, ¿qué le parece la gestión de su actual predecesor?
—El Ministro del Ambiente está haciendo lo que le dejan hacer y no lo que tiene que hacer.
— ¿Y usted hizo lo mismo cuando estaba al frente de dicha cartera?
—Siempre fue así.
—¿De qué depende el cambio?
—Cambiará cuando el gobierno entienda que realmente el tema ambiental es parte de la excelencia del país, las inversiones tienen que hacerse bien.
SEGÚN JOSÉ DE ECHAVE
Medidas relajan filtro ambiental
El ambientalista José de Echave señala que las medidas del gobierno para impulsar las inversiones relajan aún más el filtro ambiental que representa los Estudios de Impacto Ambiental.
“El paquete que más preocupa tiene que ver con el decreto supremo 060-2013-PCM, que busca agilizar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados. Desde ahora estos estudios deberán ser aprobados en menos de 100 días. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representan los EIA, en la medida que ni la institucionalidad ambiental que está en los ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en esos plazos y el nuevo sistema nacional de certificación ambiental (SENACE) recién comenzará a operar desde abril del próximo año”, indicó.
Asimismo, resaltó que estamos frente a una gestión que perdió los necesarios equilibrios sociales y ambientales.
“Cada vez son más evidentes los retrocesos, mensajes contradictorios y la debilidad que muestra el gobierno frente a las presiones de los principales grupos económicos. Pasó con el tema de Repsol y la posible compra de sus activos, luego con el entrampamiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y ahora con este paquete de promoción de las inversiones. Con mucha razón los que perdieron las elecciones deben sentir que al final ganaron”, explicó.
EN CORTO
1 Es imposible hacer una buena evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, de gran minería, en menos de 100 días. No se puede confundir rapidez con apuro, porque las evaluaciones del EIA se van hacer para que salga y después habrá consecuencias, nuevos conflictos. Con estas medidas, queda claro que el gobierno está escuchando, con un volumen alto, a los inversionistas mineros.
2 La revisión del EIA de proyectos mineros demora por lo menos seis meses, ahora se quiere acortar a más de la mitad del tiempo que se requiere. La revisión es todo un proceso, porque se tiene que hacer un trabajo de campo, recoger información física, climatológica, geológica y química, para reconocer el impacto ambiental que generará el proyecto, y así planear la mitigación de los efectos y la compensación. En otros casos el EIA puede demorar de 2 a 3 años en ser analizados.
3 El EIA del proyecto Conga tiene 25 mil páginas y la evaluación se hizo en seis meses. El proceso del análisis tuvo poco tiempo y la evaluación no lo hizo directamente el Ministerio de Energía y Minas con sus profesionales, sino se contrató gente adicional que pagó la empresa minera. Las recomendaciones que hizo el Ministerio del Ambiente, cuando estuve en la gestión, coincidió con las conclusiones de los peritos
4 El Medio Ambiente es el “cuco” que los inversionistas han creado. El Ministerio es como el semáforo y los inversionistas quieren pasar por encima, sin respetar.
Agentes proporcionarán información sobre las controversias que ocurran en su jurisdicción y actuarán como agente de prevención de conflictos.
Herramienta permite generar señales y acciones anticipadas a situaciones de conflictividad.
La Policía Nacional del Perú ha sido incorporada al Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART), implementado por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el objetivo de generar señales y acciones anticipadas a los conflictos sociales en el país.
La PNP se suma a esta red de información, integrada, en una primera etapa, por los Gobernadores, quienes actúan como proveedores de prealertas respecto a las diferencias, controversias o conflictos que ocurren en sus respectivas localidades.
Con la incorporación de la Policía, se da inicio a la segunda etapa de la implementación de este programa, lo cual permitirá contar con información actualizada de las incidencias en todo el país y que actúen como agentes de prevención de conflictos, priorizando el diálogo y la cultura de paz.
En esa línea, cerca de 550 efectivos fueron seleccionados para participar en el Taller ‘Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Conflictos Sociales: Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART)’, que se desarrolla desde el mes de mayo en Piura, Moquegua, Huánuco, Pasco, La Libertad, Puno y Lambayeque y, luego, se extenderá a todas las regiones del país.
Siendo la PNP una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, es de suma importancia que forme parte de la red de información del PART dentro del Sistema Nacional de Prevención.
ACERCA DEL PART
Con el Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART) se han automatizado los procesos de generación de alertas tempranas de los conflictos sociales. Esta herramienta fue implementada por la ONDS, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Canadá (ACDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El PART es operada por la Unidad Técnica de Prevención (UTP) de la ONDS, como ente receptor de prealertas y emisor de las alertas priorizadas. Por su parte, la Unidad de Gestión del Diálogo y Prevención (UGDP) recibe las alertas priorizadas y coordina con los diferentes ministerios para que estos generen las respuestas institucionales correspondientes.
El trabajo entre ambas unidades se sustenta en el software que cada una de ellas tiene a su cargo y ambas funcionalidades están interconectadas para la automatización del proceso de emisión, recepción y tratamiento de las alertas.
Con la utilización del PART y el registro de prealertas, se podrá actuar de forma preventiva y anticipar acciones de conflictividad para evitar enfrentamientos y víctimas. Este esfuerzo nos lleva a conseguir la implementación del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales, el cual tendrá como prioridad la atención en zonas sensibles.
Una vez más el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) van a celebrar sus clásicas reuniones de primavera en Washington.
La capital estadounidense será sede de los debates y las mesas de discusión en las que participarán cientos de funcionarios de todo el mundo y miembros de la sociedad civil, y en las que se reflexionará sobre la crisis y los retos del “desarrollo” en el mundo.
Atrás parecen haber quedado los años en que el FMI estaba al borde de la quiebra, pues no tenía programas suscritos con casi ningún país, a excepción de Turquía. Era la segunda mitad de la primera década del Siglo XXI cuando este gigante de las finanzas globales estaba a punto de vender sus reservas de oro para pagar su planilla.
Muchos países incluyendo Brasil, Argentina y Rusia le habían pagado sus deudas con las reservas generadas y no querían saber de ninguna asesoría ni programa económico venido del FMI.
Empezaron los debates sobre si el fondo debía desecharse o convertirse solo en una gran base de datos. La reforma parecía inevitable.
De igual modo, el Banco Mundial pasaba por una crisis de legitimidad y sobre su propio rol, mientras que los países del sur empezaban a hablar de regionalización financiera en la que con instrumentos financieros propios y sobretodo sin condicionalidades de política para abrir las economías o destrozar las bancas de fomento por ejemplo, se podía pasar a otro esquema de financiamiento al desarrollo en el mundo. Un país un voto el lema para la construcción de una banca de desarrollo de nuevo tipo.
Es que estas dos organizaciones estaban muy desprestigiadas, especialmente después de la crisis asiática de fines de los noventa y la debacle argentina de principios de siglo tras haber seguido a pie juntillas, todas las recomendaciones del FMI.
Pero luego vino la crisis de las economías desarrolladas, la quiebra de bancos de inversión, los problemas fiscales y de cuentas externas de los países del G7 y otros industrializados, lo que significó un balón de oxígeno para estos paquidermos financieros.
Con nuevas funciones y más recursos pero con el mismo enfoque neoliberal, el FMI y el BM volvieron a ocupar su hegemonía dentro de los organizamos multilaterales. Se volvieron los instrumentos idóneos del G20 para responder a la crisis.
Hasta las economías emergentes hicieron aportes para el “salvataje” del FMI. Sin duda, la crisis global y el empobrecimiento de la clase trabajadora del norte, significaron una bendición para ese par. El FMI sigue pidiendo ajustes presupuestales y reformas estructurales al mejor estilo de los noventa con la consiguiente condena a la miseria de millones de pensionistas y trabajadores. Es el caso de Grecia, España, y varios países más.
Y el Banco Mundial sigue financiando proyectos que violan derechos humanos como es el caso de su brazo financiero la IFC (Corporación Financiera Internacional), que según un informe de un órgano (CAO) del propio BM, no toma en cuenta los impactos sociales ni ambientales que genera con sus financiamientos.
Eso se plasma en proyectos como el de minas Conga en (Cajamarca, Perú), que a pesar de haber generado muertos, paros indefinidos y crisis política, se insiste en su viabilidad. El IFC es accionista de este proyecto.
Asimismo, el IFC financia la empresa Dinant en Honduras, responsable de decenas de muertos por el impacto de su actividad. Pero eso no le importa al Banco Mundial.
Total tanto para él, como para el FMI, la economía no tiene que ver con la gente de a pie. Solo se trata de equilibrar las cuentas así cueste sangre y dar todos los beneficios a la inversión privada.
LIMA (Reuters) – La economía de Perú, un importante productor de materias primas, crecería este año menos de lo esperado si se profundiza la caída de los precios de los metales y no se recupera el dinamismo de la inversión privada, claves en el desarrollo del país andino.
El Gobierno del presidente Ollanta Humala mantuvo esta semana su proyección de crecimiento económico de al menos un 6 por ciento, pero no ha descartado un escenario de “mayor riesgo”, principalmente por factores exógenos y en ese horizonte asegura que la expansión se desaceleraría a un 4 por ciento.
Para crecer a la mayor tasa será fundamental el impulso de la demanda interna, que ha sostenido la economía en los últimos meses, aunque también será vital el retorno de la confianza de los empresarios mellada por algunas intenciones del Gobierno de promover mayor injerencia del Estado en la economía del país, dijeron analistas.
Humala evaluó adquirir una participación en una refinería local de la española Repsol a través de la estatal Petroperú. Eso fue leído por el empresariado local como una antesala a un monopolio de la producción de combustibles. Y, tras la ola de fuertes críticas, el mandatario desistió.
La alarma sonó en el país en el primer trimestre del 2013 al registrar una expansión de 4,8 por ciento, el menor desempeño trimestral desde los últimos tres meses del 2009, por el retroceso de sectores clave como la minería y manufactura.
“Pero todo va a depender de cómo se comporten los precios internacionales de los commodities. Lo que estoy señalando es que el Perú sigue siendo tremendamente dependiente de su frente externo”, dijo a Reuters Juan José Marthans, economista de la peruana Universidad de Piura.
Marthans afirmó que los precios de los metales todavía tienen amplios márgenes como para seguir cayendo en el corto plazo, tras varios años de fuertes ganancias y en que Perú registró crecimientos de hasta casi un 10 por ciento anual.
Perú es un gran productor de oro, cobre, zinc y plata y las ventas mineras representan alrededor del 60 por ciento de las exportaciones totales del país andino.
“Los precios de las materias primas son bastante volátiles y están sujetos a bruscas fluctuaciones, así por ejemplo estos pueden caer 50 por ciento (desde el nivel máximo al mínimo), con incluso mayores caídas en los precios de los metales”, advirtió el Ministerio de Economía en su último reporte de proyecciones macroeconómicas para el período 2014-2016.
ATENTOS A FED
Otro factor que podría golpear a Perú es una prevista venta de bonos de mercados emergentes, desencadenada por una probable reducción del estímulo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Castilla, dijo el jueves en Londres que el superávit fiscal y la baja necesidad de financiamiento de Perú lo hace menos vulnerable que la mayoría de mercados emergentes.
La moneda peruana, el sol cayó esta semana a mínimos de casi un año, en línea con la baja de otras monedas emergentes y de bonos golpeados por el alza del dólar y de los rendimientos de la deuda del Tesoro estadounidense ante las estimaciones de una reducción en el programa de compra de bonos por parte de la Fed.
“Estoy preocupado. Obviamente habrá un cambio repentino en la aversión al riesgo y una liquidación de bonos de los mercados emergentes, pero el hecho (es) que nosotros somos un país que ha estado mostrando superávit fiscales”, dijo Castilla a Reuters.
“Algo que es traumático nos afectaría, (pero) hay diferentes historias en los mercados emergentes. Sentimos que la historia peruana es una basada en fundamentos sólidos”, explicó.
La volatilidad de los precios de los metales obligó al Gobierno a revisar a la baja su proyección de superávit comercial a 644 millones de dólares para este año, desde los 4.470 millones de dólares previstos en agosto del año pasado.
El ministerio de Economía sustenta sus proyecciones macroeconómicas en base a un precio de 1.475 dólares la onza de oro y de 330 centavos de dólar la libra de cobre para el presente año, con una ligera tendencia a la baja para el 2014.
Sin embargo, el precio del oro ya rompió la barrera de los 1.400 dólares la onza y en la actualidad se cotiza alrededor de los 1.380 dólares, mientras que el cobre todavía se mantiene alrededor de los 330 centavos de dólar la libra.
El jefe del área de estudios económicos del BBVA Banco Continental, Hugo Perea, dijo que buena parte de la corrección en los precios de los metales ya se ha realizado y que en el corto plazo experimentarán una estabilización paulatina.
“Hay una baja probabilidad de ver precios de los metales por debajo de los niveles actuales, pero en todo caso es un ejercicio que hace el Ministerio para ilustrar que aún en ese escenario estresado la economía todavía podría crecer a un ritmo de 4 por ciento”, destacó el economista.
CONFIANZA
La confianza empresarial, traducida en mayor inversión privada, es otro de los pilares que puede ayudar a sostener el crecimiento económico del país andino por encima del 6 por ciento este año y el próximo y evitar la temida desaceleración, según el propio Gobierno.
Y para mejorar la confianza empresarial, el presidente Humala declaró la semana pasada de “interés nacional” la promoción de las inversiones en el país y anunció una serie de medidas para agilizar proyectos de infraestructura y del clave sector minero.
El Ministerio de Economía ha proyectado que la inversión privada crecerá en torno del 10 por ciento anual entre el 2013 y 2016, en la medida que se mantengan elevadas las expectativas de los agentes y se materialicen los proyectos de inversión.
La inversión privada representa alrededor del 75 por ciento de la toda la inversión en el país sudamericano.
“Este ritmo de expansión será más moderado que el observado en la última década (12,8 por ciento) y explicará cerca del 40 por ciento del crecimiento del PIB”, dijo el ministerio.
(Reporte de Omar Mariluz. Colaboración de Sujata Rao y Carolyn Chon en Londres. Editado por Manuel Farías)
CATAPA’s protest at Deutsche Bank’s AGM – see report below
Hundreds of protesters were locked in a standoff with police in northern Peru on Wednesday as they vowed to stop Newmont Mining from transferring water from a lake to a reservoir as part of its $5 billion Conga gold project.
On May 23rd, LMN member group Catapa, together with FairFin, Urgewald and Facing Finance, attended Deutsche Banks’ AGM: the annual shareholders’ meeting. Catapa came with a clear message: Deutsche Bank, Stop investing in irresponsible mining! Deutsche Bank claims – in speeches, quotes, statements, reports and messages on their website – that they do not invest in irresponsible projects. As Deutsche Bank owns 2.15% of Newmont Mining’s stocks, equal to an investment of 407 million euros, Catapa feels this message is just windowdressing. Newmont Mining owns 51% of the Yanacocha mine in Cajamarca, Peru, as well as the planned expansion of Yanacocha: the CONGA project. If the Conga project is realised, over 300,000 people will lose their access to clean water.
Amnistía Internacional denunció hoy “detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y torturas y otros malos tratos” por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas contra proyectos mineros en Perú.
En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2012 presentado en Londres, AI también destaca que los progresos sobre casos de violaciones de derechos humanos relativos al conflicto armado interno (1980-2000) “fueron lentos”, y expresa preocupación por la ausencia de consultas con los pueblos indígenas.
AI recuerda que al menos 30 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y decenas resultaron heridos en enfrentamientos con elementos remanentes del grupo armado Sendero Luminoso, y que Florindo Eleuterio Flores Hala (conocido como “Camarada Artemio”) fue detenido en febrero.
Entre otros casos de víctimas de violencia, AI menciona el de seis hombres, uno de ellos de 17 años, que murieron “por disparos presuntamente realizados por las fuerzas de seguridad” en Espinar, departamento de Cuzco, y en Celendin, departamento de Cajamarca, así como el de Nemesio Poma, quien murió en una manifestación contra una empresa minera en Huaraz, departamento de Áncash.
La ONG también denuncia que defensores de los derechos humanos fueron “víctimas de amenazas, detención arbitraria y malos tratos”.
AI destaca los casos de la defensora de los derechos humanos Amparo Abanto, abogada de la ONG local Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y el de Genoveva Gómez, empleada de la Defensoría del Pueblo peruana, quienes fueron presuntamente golpeadas por policías del departamento de Cajamarca.
Ambas habían intentado ponerse en contacto con personas detenidas durante las protestas contra un proyecto minero.
El informe de AI subraya que aunque en mayo el Congreso aprobó legislación que concedía acceso a una reparación para todas las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, al concluir el año esta norma aun no había entrado en vigor.
AI se refiere también a que las mujeres y las niñas encuentran impedimentos para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos.
La organización humanitaria expresa además su preocupación porque el proceso de consulta con los pueblos indígenas para redactar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios fue “insuficiente”.
El informe de AI recuerda que aunque Perú ratificó en septiembre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al concluir el año no había reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar comunicaciones individuales.
22 de mayo, 2013.- A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa, la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado, pero además nos da la oportunidad de seguir desmitificando viejos discursos que de tanto repetirse van generando “verdades” incuestionables, dogmas económicos que operan sin ser sometidos a prueba científica alguna y que sin duda, no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones.
Una de esas viejas etiquetas es la de “Perú, un país minero” (1) mensaje que en sí mismo, contiene una fuerte carga discriminatoria que bajo la variable de mayor rentabilidad relega a otras formas culturales de generar bienestar social.
Esta presunción de universalidad lo que hace es reducir todas las diferencias culturales en un discurso que busca identificar a la minería metálica como la única forma de alcanzar el “desarrollo”, el “principal” medio para seguir generando este entusiasmo desmedido por el “crecimiento” económico; sin permitir otras definiciones de desarrollo o al menos asegurarse que el mensaje es entendido por los principales actores. Es decir, a través de meras palabras como “éxito”, “progreso”, “modernidad” se excluyen otras alternativas a ese tipo de desarrollo convencional y también se obstaculiza procesos de transición (2) que ya están en marcha ante la actual crisis energética, crisis climática y alimentaria en cada vez más lugares de Latinoamérica.
El modelo minero no dialoga, impone. En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, entorpece los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa, para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”.
Ese discurso del “país preminentemente minero”, es el mismo discurso de “comunidades agrarias” que Ollanta Humala intenta imponer para eludir el derecho a la consulta previa en comunidades campesinas de los Andes peruanos; es también el discurso de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva que reproducen las “ventajas” y “oportunidades” de dicho modelo.
Un discurso, pues, que goza de la máxima investidura en caso del Gobierno peruano y que sus funcionarios solo se prestan a poner en práctica sin la observancia de los derechos fundamentales. Como es lógico, una Ley como la consulta previa, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada a los derechos humanos de los pueblos indígenas, son meros obstáculos que el Estado está dispuesto a evadir, eludir e incluso a desconocer el mismo derecho que emana de su fuero.
Cuando los Derechos Humanos son un Obstáculo para los Estados
Para nadie es un secreto la fuerte presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas, especialmente la minería, sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Es increíble pero nadie cuenta la cantidad de conflictos ambientales en minería que hay en el mundo, ni el PNUMA ni el PNUD tiene cifras al respecto (3). En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha reportado a la fecha 154 casos de conflictos socioambientales de los cuales 112 están relacionados a la actividad minera (4); basta pues revisar las publicaciones de los diarios o de medios especializados (5) para observar una cantidad acumulativa de conflictos mineros con poblaciones originarias.
Muchos de esos casos se presentan de manera directa entre las empresas/Estados frente a los pueblos indígenas, sin intermediario alguno que permita que el conflicto se encamine a una solución justa y pacífica. Lamentablemente, la promoción de inversiones a cargo de los Estados, no solo se remite a ofrecer y promocionar una cartera de proyectos con las normas y procedimientos claros, sino más bien que los Estados a través del respectivo gobierno de turno, ofrecen una cartera de proyectos con acuerdos y asentimientos pre establecidos, sin consulta ni consentimiento previo de las poblaciones indígenas que recibirán los principales impactos; reducidos a una especie de lo que en derecho civil se llama contrato por adscripción.
El caso de Colombia (de quien ahora se busca imitar “el modelo” para destrabar proyectos (6)) muestra a través de un reciente informe sobre Minería en Colombia, elaborado por encargo de la Contraloría General de la Republica Colombiana, conclusiones claras como aquella que afirma que las actuaciones del Gobierno en el sector minería, están por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Una de las causas que el informe menciona es la “(…) indiscriminada dación de títulos mineros y el desarrollo expansivo de estas actividades que han venido violando, sistemáticamente, los derechos fundamentales y colectivos, desconociendo los procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos” (7). Aparentemente el modelo Colombiano es efectivo a la hora de “destrabar” proyectos más no si se trata de respetar los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con el derecho a la consulta previa, donde somos inducidos a pensar que el desarrollo de este derecho en Colombia es también un “modelo” a seguir(8).
Se nos dice que Colombia viene realizando consultas desde 1994 y que a mayor cantidad de procesos se consulta que ha tenido este país, han sido también mayores los acuerdos que se han obtenido con los pueblos indígenas; todo esto presentado como garantía al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y además se asegura que ese mismo año, se tuvo el record histórico de inversión extrajera directa. Lo que no se menciona es que la legislación de consulta previa es deficiente y está enmarcado en el Ministerio del Interior precisamente para agilizar los procesos de consulta y convertirlos en meros tramites, desnaturalizando su contenido, a pesar de que algunos de esos procesos terminan tutelados por la Corte Constitucional de Colombia que lamentablemente, no puede garantizar el derecho a la consulta previa en todos los demás procesos.
Sin embargo, no solo es el caso de países políticamente conservadores y económicamente neoliberales como Colombia y Perú. Esta tensión por los recursos naturales, entre pueblos indígenas y Estados Latinoamericanos, también alcanzan a Gobiernos con constituciones tan progresistas como la de Ecuador de 2008, donde no solo se reconoce el derecho a la Consulta Previa (art. 57 numeral 17) sino también se le otorgan derechos a la Naturaleza (art. 71); claro que todo es letra muerta cuando el Estado invoca el “interés nacional” o la “necesidad pública” de las actividades extractivas para su explotación (9).
En cuanto al derecho de consulta el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha observado que el Estado ecuatoriano debe iniciar procesos de consulta antes de la aprobación de normas como el Código de Minería que recientemente se quiere modificar(10), la Ley de Recursos Hídricos y el Código Ambiental donde se pretende seguir imponiendo proyectos extractivos y leyes sin consulta alguna.
Ante este contexto, lo más reciente que ofrece la fallida implementación de consulta previa en Perú, la cual busca excluir a los proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran totalidad no son pueblos indígenas, ponen en evidencia esa misma lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero.
Que después se haya ido devaluando en versiones como los 32 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas solicitó información para saber sobre la existencia de pueblos indígenas (11) y que finalmente sean 14 proyectos los que si necesitan de consulta previa, según el Viceministerio de Interculturalidad, son cuestiones anecdóticas. No hay documentación al respecto y como es lógico, los nombres de los proyectos, es secreto de Estado; razón suficiente para presumir que todos los proyectos están obligados (previa verificación de derecho) a someterse al proceso de consulta previa.
Sin embargo, también debemos presumir que no solo son 14 proyectos, ni 32 los que necesitan de consulta; para ello es necesario saber con exactitud cuántas comunidades campesinas existen en el Perú y en cuántas de ellas hay una solicitud de concesión minera, así también cuántas están en situación de exploración, ampliación o explotación minera. Una vez realizada esa tarea someter a cada caso a un test de consulta por parte de una institución estatal imparcial, de la que actualmente carecemos.
Como vemos, la actual situación de latente vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas precisa de una alarma constate, en la medida que son ya muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas.
Los Estados si es necesario, declaran el Estado de Emergencia, como en el caso del Gobierno de Guatemala, donde su presidente el ex militar Otto Pérez Molina, declaró en Estado de Sitio los departamentos de Jalapa y Santa Rosa para reprimir al pueblo indígena Xinca (12), en defensa directa de los intereses del proyecto minero San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, lo cual nos lleva a recordar similar medida en el caso Conga.
En definitiva la realpolitik nos muestra una situación crítica, donde los mecanismos de defensa del derecho internacional van por detrás de historias de injusticia y despojo que las poblaciones originarias vienen acumulando, es pues la trivialización de los instrumentos económicos y jurídicos a disposición de ese mercado llamado minería.
(2) Los movimientos de incitativa de Transición están emergiendo principalmente en Europa se configuran como propuestas creativas a la crisis energética o climática.
(8) Declaraciones del Adjunto para Pueblos Indígenas … entrevista en Rumbo Económico
(9) En el caso de la Federación del Pueblo Shuar (FIPSE) con la compañía petrolera ARCO, el Estado Ecuatoriano arguyo que “los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos son motores del crecimiento económico y por tanto obedecen al interés de desarrollo nacional”.
— *Luis Hallazi es abogado, actualmente asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.com
Los manifestantes en Madrid y Londres, vestidos como trabajadores del gas con máscaras y cascos, portaron pancartas simbolizando los efectos letales del proyecto Camisea. Los manifestantes entregaron en las embajadas y consulados de Perú bidones de gasolina llenos con los nombres de 120.000 personas que han pedido al presidente de Perú que ponga freno a los foráneos y las empresas que invaden la tierra de los indígenas aislados. El Gobierno de Perú está a punto de aprobar una enorme expansión del infame proyecto gasístico Camisea que penetraría aún más en la Reserva Nahua-Nanti, hogar de varios pueblos indígenas aislados y no contactados. Camisea ya se encuentra en el corazón de la Reserva Nahua-Nanti, y es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, considerado por la UNESCO como “el lugar con mayor biodiversidad del planeta”. Es el proyecto gasístico más grande de Perú, y lo gestionan entre otros la española Repsol, la argentina Pluspetrol y la estadounidense Hunt Oil.
Juan López de Uralde se une a los manifestantes en Madrid, que vestidos como trabajadores de gas entregaron en la embajada de Perú un bidón de gasolina con las 120.000 firmas a favor de los indígenas aislados.
El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado hoy: “Naciones Unidas quiere suspender la expansión de Camisea. Miles de personas en todo el mundo están en contra de la expansión de Camisea. La normativa internacional prohíbe la expansión de Camisea. Así que, ¿por qué se sigue considerando el proyecto? El Gobierno no solo está poniendo en juego su reputación, sino que es culpable de infringir la normativa internacional.” Nota para periodistas: – En España la embajada ha recibido a representantes de Survival International que han entregado la carta dirigida al Presidente de Perú, Ollanta Humala, y la petición por los indígenas aislados firmada por unas 120.000 personas. – La manifestación de San Francisco, California, tendrá lugar hoy a las 9am hora de la Costa Oeste. – Fotografías en alta resolución de las protestas mundiales estarán disponibles aquí
Al respecto, LaMula.pe conversó con el viceministro de Interculturalidad, Ivan Lanegra, quien señaló que no se puede declarar la inviabilidad proceso de consulta solo por la ausencia de la Base de Datos pues precisó que las normas necesarias para este proceso ya han sido dictadas. Del mismo modo, recordo que ya se ha puesto a disposición pública la Guía Metodológica, documento dirigido a funcionarios públicos que orienta el desarrollo del proceso de consulta paso por paso.
“No hay razón para no avanzar con los procesos de consulta. Ya se han publicado todas las normas que debían dictarse, así como la Guía Metodológica. Y en lo que concierne a la identificación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que pudieran ser afectados, la base de datos sería de gran ayuda, pero el no contar con ella no impide realizar dicha identificación, analizando cada caso en particular y aplicando lo que ya establece el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consulta Previa y su Reglamento. Nosotros venimos trabajando para apoyar este trabajo en todos los sectores.” señaló Lanegra.
Lanegra señaló que debe tenerse presente que toda población que cumpla con los criterios indicados forma parte de los pueblos indígenas del país, siendo titulares del derecho a la consulta previa. En ese sentido, revisando la directiva de la base de datos oficial de pueblos indígenas, los criterios de conexión territorial y de lengua indígena, se encuentran presentes en el caso de Cañaris, por que estaríamos frente a una comunidad integrante de los pueblos indígenas quechuablantes. En ese sentido, vale recordar que la Defensoría del Pueblo ha recomendado que se garantice la implementación del derecho a la consulta para el proyecto minero Cañariaco, como ha solicitado la comunidad de San Juan Bautista de Cañaris, puesto que esta se autorreconoce como indígenas y el 64% de su población habla quechua.
Humedales y zonas agrícolas de Notre Dame des Landes (NDDL) Francia
Desde hace varios meses un grupo muy numeroso de irreductibles ocupa una zona de 2000ha turnándose semana a semana para cuidar la zona. Han constituido barricadas para impedirel ingreso de los policias que ya los ha desalojado violentamente varias veces. Los agricultores de la zona y de las granjas en peligro les traen verduras. La alimentación es muy somera por no decir otra cosa, consiste esencialmente en papas, zanahorias, remolachas y tallarines decorados con chips de cáscara de papas. Todo se come, nada se bota y los muchachos entran a menudo en la cocina muertos de hambre. La lucha y la resistencia bajo temperaturas negativas da hambre.
El campamento principal está constituido de una cocina, una sala de lectura y proyecciones duchas y letrinas y dormitorios comunes. Todo hecho de maderas, una mezcla de paja y arcilla sirve a veces de refuerzo de las paredes. En algunas paredes, están brotando ramitas de la paja….El piso de las construcciones se encuentra a 50cm del suelo a causa de las numerosas lluvias que inundan todo. Entre construcción y construcción se han hecho caminos de rondillos de madera para caminar por encima del lodo, estamos en una zona de humedales… las construcciones se han erigido en un terreno cedido por un agricultor.
En los alrededores de los campamentos duermen los demas resistentes, en carpas, en chozas contruidas por ellos, sin ninguna calefacción, en medio del bosque, solos o en circulo.
Ahi esta el núcleo duro, siempre vigilando, haciendo rondas nocturnas para impedir que la policia los desaloje. La policia se ha posicionado en los alrededores y controla el paso de los vehiculos, abren la maletera de los autos que quieren entrar, esta prohibido ingresar kerosene, gasolina y otros.
Al lado de las barricadas, las botellas de los probables cócteles molotov están listas para ser usadas. Vemos restos de granadas lacrimógenas esparcidos por el terreno. Raquetas de tenis nos sorprenden: “los muchachos más habiles se divierten esquivando los gases lacrimógenos y rebotándolos con las raquetas hacia la policia” dicen. Prohibido tomar foto a los resistentes, no quieren ser identificados ni que nadie sepa que estuvieron alli. Llega uno de ellos preguntando por el celular de otro, nadie lo tiene y se le dice finalmente: “por qué no le preguntas a la poli? Los de hoy son jovenes, ellos están mejor informados que nosotros, seguro que saben el celu de tu amigo”. El humor no se pierde.
Instalamos el proyector y comenzamos difundiendo el video de los guardianes de las lagunas y de la ultima concentración del mes de febrero/marzo en las lagunas. Quedan admirados de las condiciones en las que se resiste a más de 4000 metros de altura, como se cocina y se come “como nosotros” dicen todos, “pero ellos tienen más frio y están en peores condiciones”. Miran los humedales de Conga y se exclaman “ como aqui” y ven la maquinaria de Yanacocha y comparan con la construcción del aeropuerto, ven a los polis y comparan con los policias que los vigilan a ellos que también son gente de fuera. Comenzamos a ver a “Tajo abierto” y ver el problema del agua “como aqui” “en todas partes es igual, no hay derecho”. Poco a poco su curiosidad crece y comienzan las preguntas, quieren saber más y más, sobre los ronderos, sobre Yanacocha, sobre Newmont, sobre la resistencia, sobre las consecuencias sobre el medioambiente y al final, viene la palabra clave: “Y nosotros, qué podemos hacer?” Nacen dos ideas, una carta de apoyo a la resistencia en Cajamarca y, al enterarse de que polis franceses estuvieron allá para que “enseñar agolpear más suavecito” les sugiero “por qué no intercambian experiencias?” y al final un grupo de jovenes se manifiesta interesado en viajar. Ojalá.
Titular del MEM expuso ante representantes de corporaciones y gobierno de ese país asiático
Shanghai, China.- El Perú es actualmente un país seguro para las inversiones y ofrece grandes oportunidades en minería y energía a nivel mundial, aseguró en esta ciudad el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, al destacar el marco legal amigable al inversionista que da hoy el Estado peruano, dentro del respeto al medio ambiente y la inclusión social.
El titular del MEM expuso en esta ciudad durante un roadshow de inversiones ante empresarios y representantes del gobierno chino, como parte de la visita de la delegación oficial peruana que encabeza el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y que, previamente, fue recibida en Beijing por el presidente de esa nación Xi Jinping.
Durante su exposición, Merino destacó que para los próximos 5 años se tiene una cartera estimada en 12,500 millones de dólares de inversiones chinas en proyectos mineros en nuestro país, entre los que destacan Toromocho, Pampa de Pongo, Galeno, Río Blanco, Marcona y otros.
Esta cifra, señaló, representa el 23.12% del total de inversiones en proyectos mineros en el Perú, en las que las operaciones chinas se concentran principalmente en la extracción de cobre, oro y hierro.
En ese contexto, el ministro puso de relieve que la minería continúa siendo el motor de la economía nacional y subrayó que el Perú es líder en minerales metálicos y no metálicos. Asimismo, puso énfasis en el crecimiento de la explotación del cobre que, aseguró, en pocos años nos pondría a nivel de Chile, primer productor mundial de este mineral.
Este crecimiento, apuntó, tiene su base en una nueva política y relación con la minería, que prioriza el agua a través del trinomio Inversionista-Comunidad-Estado, en el que este último acompaña el proceso de inversión desde el inicio del proyecto, con el fin de lograr el desarrollo sustentable.
El titular del MEM incidió, de igual manera, en las oportunidades de inversión en materia de gas natural y en la futura industria petroquímica, así como en la generación eléctrica hidráulica, en la que el Perú destaca en Latinoamérica con un potencial de 70 mil MW.
De acuerdo a cifras oficiales, el comercio bilateral entre Perú y China supera actualmente los 13,000 millones de dólares, cifra que puede incrementarse en los próximos meses.
Ambos países poseen un acuerdo comercial, vigente desde el 1 de marzo del 2010, instrumento que ha contribuido a afianzar el intercambio comercial, al punto que actualmente el país asiático es el principal socio comercial de Perú.
Las exportaciones peruanas a China se incrementaron en 46% en comparación al año 2010; las tradicionales 47%, y las no tradicionales 29%.
Ciudades en Irán, India, Paquistán y la capital de Mongolia están entre las más contaminadas del planeta, mientras que las de Estados Unidos y Canadá están entre las mejores, según datos del primer mapa mundial de la contaminación difundido por la Organización Mundial de la Salud.
Ahvaz, en el suroeste de Irán, recibió la “distinción” de tener el nivel más alto de partículas suspendidas en la atmósfera menores de 10 micrómetros o micras, que al ser tan pequeñas pueden penetrar profundamente en los pulmones, pasar a la sangre y dañar muchos sistemas orgánicos.
Ahvaz es una ciudad altamente industrializada, conocida por sus campos petroleros. En el otro extremo de la lista está Whitehorse, la capital de la provincia canadiense de Yukon, la ciudad con el aire más limpio.
La OMS publicó el mapa para subrayar la necesidad de reducir la contaminación del aire, la cual se calcula que ocasiona anualmente 1.300.000 muertes prematuras.
El organismo mundial señaló que las inversiones que se hagan para disminuir los niveles de contaminación se amortizan rápidamente gracias a la disminución de las tasas de enfermedades y, por consiguiente, ocasionan menos costos de atención médica.
La lista, basada en datos reportados por los países en los últimos años, midió los niveles de partículas suspendidas en la atmósfera que midan menos de 10 micras -llamadas PM10- en casi 1.100 ciudades. La OMS recomienda un límite máximo de 20 microgramos de PM10, las cuales pueden ocasionar problemas respiratorios graves a humanos. Se trata mayormente de partículas de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno de centrales eléctricas, tubos de escape de automóviles y la industria.
El promedio anual de PM10 de la iraní Ahvaz fue de 372 microgramos por m3. La industria pesada y la baja calidad del combustible para vehículos son las principales causas de la contaminación del aire en esa ciudad de 1.300.000 habitantes ubicada en el desierto.
El estudio también encontró que Ulan Bator, capital de Mongolia, tenía un promedio anual de densidad de PM10 de 279 microgramos por m3, seguida de otra ciudad del oeste iraní, Sanandaj, con 254 microgramos.
El organismo mundial de salud señaló que difieren las razones por las que existen niveles de contaminación altos, pero indicó que frecuentemente la culpa se debe a la rápida industrialización y el uso de combustibles de baja calidad en el transporte y la generación de electricidad.
En el otro extremo de la lista están ciudades estadounidenses y canadienses, las cuales se benefician de una menor densidad de población, climas favorables y regulaciones más estrictas en materia de contaminación del aire.
Whitehorse, capital del territorio Yukon en el noroeste de Canadá, tuvo un promedio anual de sólo tres microgramos de PM10 por m3, mientras que Santa Fe, Nuevo México (EEUU), midió seis microgramos. Por su parte, Washington, la capital estadounidense, tuvo un nivel de 18 microgramos. Tokio registró 23 microgramos y París tuvo 38 microgramos de PM10 por m3.
En cuanto a los países, Mongolia y Bostwana tienen 10 veces los niveles contaminantes permitidos por la OMS (20 microgramos por metro cúbico). Les siguen Egipto, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, India, Kuwait, Nepal, Nigeria, Paquistán, Arabia Saudí, Senegal, Emiratos Árabes e Irán.
En Europa, los países que presentan más polución son España, Francia, Alemania y Dinamarca. En América Latina, Perú, Bolivia y Venezuela.
Celendin en pie de Lucha – 17.06.2013. Foto: Jorge Chavez Ortiz Por Mitra Taj LAGUNA EL PEROL, Perú (Reuters) – Miles de campesinos en el norte de Perú que se oponen a un proyecto de oro de la estadounidense Newmont cercaron una laguna dentro del emprendimiento y prometieron detener un eventual transvase de sus […]
AMNISTÍA INTERNACIONAL Declaración pública Número de índice: AMR 46/003/2013 17 de junio de 2013 Perú: Llamado de Amnistía Internacional sobre el uso de la fuerza en manifestaciones en Cajamarca Habitantes de comunidades situadas en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú, han anunciado una manifestación de protesta contra el proyecto minero Minas […]
