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La inadecuada respuesta gubernamental a la población campesina en Perú por los serios impactos de la gran minería preocupa a organizaciones de la sociedad civil. DW habló con uno de sus representantes en Bruselas.

“Por cada gramo de oro hay que mover una tonelada de roca. Son 600.000 toneladas al día. Las fuentes de agua y los manantiales han desaparecido en Cajamarca. Cuando las manifestaciones en contra del proyecto Conga –la ampliación de la mina Yanacocha- el ejército y la policía fueron pagados por la mina. Estamos presenciando una mercenarización de la Policía”, afirmó Pablo Sánchez, director de Grufides (Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible).

Cajamarca, un mal augurio

Que Cajamarca, la mitad de cuyo territorio está bajo concesiones mineras, sea la región más pobre y con mayores conflictos de Perú –a pesar de que su economía registra un crecimiento del 6% y de que la pobreza se ha reducido a la mitad en diez años- lanza sombras oscuras para el porvenir de las poblaciones rurales.


Cajamarca, Perú 2012

Tanto la organización alemana Misereor como las belgas Justice et Paix y Centre Avec detectan un incremento en la criminalización de la protesta social. También la falta de espacios de diálogo.

“Después de 20 años de actividad de la empresa Yanacocha y de sus elevados beneficios gracias a la explotación de la mayor mina de oro a cielo abierto de América del Sur -a pesar de las promesas de empleo y prosperidad para la ciudad, Cajamarca es la primera en la lista de ciudades con pobreza extrema en Perú”, afirma Géraldine Duquenne de Justice et Paix.

A esto se suma que el Ministerio de Medio Ambiente y los mecanismos de control autónomo se enfrentan a recortes en su campo de acción. Además las comunidades campesinas indígenas no están protegidas por la Ley de la Consulta Previa, aprobada en Perú en 2011 y que prevé la posibilidad de que una población originaria se oponga a un proyecto extractivo.

Según Susanne Friess de Misereror, las comunidades andinas del Perú nunca se autodenominaron indígenas por temor a la discriminación. La situación en conjunto pinta de negro el porvenir del 30% de la población del país andino que no habita los grandes centros urbanos.

Pero no será “sólo” la población rural la afectada: los pasivos ambientales que provoca la extracción minera, con legislaciones nacionales muy permisivas, se prevén a perpetuidad. Sobre todo en cuanto a la contaminación de las aguas se refiere.

¿No sirven las cláusulas?

En este contexto, tanto el acuerdo de libre comercio firmado con la UE (2012) como el acuerdo de materias primas firmado con Alemania (2013) preocupan, pues son instrumentos políticos para promover la actividad económica, en el Perú claramente orientada a la exportación de materias primas.

Aunque no se fijan volúmenes, el acuerdo de materias primas con Perú reviste mucho atractivo para Alemania, pues “aparte de ser un gran consumidor de recursos mineros a escala global, su sector empresarial siempre ha mostrado mucho interés por proveer servicios a la actividad minera en el Perú”, explica a DW el director de Grufides.

Cabe subrayar que el acuerdo firmado con Alemania tiene una cláusula referente a la observación de los convenios de la OIT –como el de la consulta previa. Y que el firmado con la UE posee mecanismos de observación del cumplimiento de estándares de desarrollo sostenible y de derechos humanos.

No obstante, “esto representa sólo una herramienta, que de ser usada brinda una posibilidad, una ventana de esperanza. La prioridad de los acuerdos”, resalta Sánchez De Francesch, “no es necesariamente su cumplimiento. A ello se suma las limitaciones que existen para aplicar desde Europa controles sobre decisiones que los políticos europeos consideran domésticas o locales”.


Pablo Sánchez De Francesch, director del Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible

Así las cosas, en la gira que por Europa hace el activista, apoyado por organizaciones europeas, el objetivo es visibilizar la preocupante situación y la perspectiva en el país andino.

“Las naciones de la UE tienen una responsabilidad a través de la compra que hacen las naciones de los minerales en el mundo y también de las inversiones que se realizan”, concluye el activista abogando por mayor trabajo a favor de la transparencia y la trazabilidad de los minerales. Y subrayando que es muy importante que se sepa que en su país en este momento, según el entrevistado, las empresas mineras pagan a la policía.

Fuente: DW Alemania – http://www.dw.de/miner%C3%ADa-en-per%C3%BA-mal-augurio-para-ind%C3%ADgenas-y-campesinos/a-17919052



Aproximadamente 100 efectivos policiales reprimieron brutalmente con bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo de los ciuadadan@s que protestaban en inmediaciones del pueblo de Cerro Verde, dejando varios heridos de gravedad. Un ciudadano se encuentra seriamente herido, dado que la bomba lacrimógena le cayó en la cabeza, el mismo que fue trasladado de urgencia al hospital Honorio Delgado de Arequipa.

Los pobladores hacen un llamado urgente al representante de la Defensoría del Pueblo para que se constituya en el lugar.

Los pobladores del distrito de Uchumayo, desde hace 6 días realizan enérgica protesta porque la minera Cerro Verde de manera abusiva anunció el cierre de su vía principal por un lapso de dos meses. 

Relación de heridos:

Eduardo Chambilla (74)
Elizabeth Arias Flores (30)
Denis Urrubia Abril (37
Juan Salazar Torres (45)
No identificado

También hay 8 detenidos en la comisaría de Tiabaya.

La vía principal está bloqueada con gran cantidad de piedras. A medida que pasan las horas, la población de la ciudad de Arequipa se solidariza con la lucha del distrito de Uchumayo; y en las próximas horas organizaciones y colectivos sociales y culturales se estarían convocando para una vigilia en la plaza de armas de Arequipa.


Fotos R. Yaraví

Publicado en Voces de la Tierra 


Por Meghan Walsh
Traducción de Silvia Campos
August 15, 2014

En una tarde de viernes de junio, la Plaza de Armas en Cajamarca estaría a rebosar de vida. Ahora es invierno, y aunque las densas nubes blancas revolotean bajo en la distancia, el sol en el norte de esta ciudad peruana aprieta caluroso. Las parejas se sientan en los bancos unas frente a otras. Los niños corren en la hierba entre parterres. Hombres trajeados avanzan por el perímetro. Es un día idílico. Pero algo más amenazador no escapa a la vista. En la ladera de la montaña que domina la ciudad se han tallado en la vegetación las palabras Nova Conga. Es una advertencia constante más allá de la plaza, cercada con hoteles internacionales y restaurantes caros. Allí hay otra realidad.

En las calles laterales, fuera de la vista de la Plaza de Armas, los campesinos se alinean a pie de carretera para vender queso, huevos de codorniz y cacerolas. Las mujeres nativas quechuas llevan las tradicionales faldas de franela hasta la rodilla, brillantes carteras estampadas colgadas al torso, y altos sombreros de paja sobre unas largas trenzas negras. Tienen la piel oscura y curtida por estar trabajando toda una vida a pleno sol. Cuando sonríen se les ven pocos dientes.

Aquí, en las montañas de los Andes, en medio de las llanuras altas de hierba, se distinguen dos clases de personas: aquellas que han alcanzado una prosperidad económica gracias a la presencia de oro, y quienes han sentido que los tejidos sociales y ecológicos, que una vez mantuvieron unida a esta comunidad, se están desgastando por la invasión de los intereses corporativos.


Manifestantes marchan hacia el lago Perol en junio contra el proyecto minero Conga. Imagen de Meghan Walsh.

Conga, cuyo mensaje en la montaña condeno abiertamente, es una mina de oro y cobre de 5 mil millones de dólares programada para que dé comienzo en 2016 a 20 años de excavaciones. Conga se acelerará al igual que otra operación minera masiva que reformó la región que está por terminar. Las mismas empresas que hay tras el proyecto Conga (Newmont con sede en Colorado es el principal accionista, seguida por la peruana Buenaventura) también gestionan Minera Yanacocha, un yacimiento que ha dado más de 7 mil millones de dólares del valor del mineral en las últimas dos décadas.

Yanacocha ha sido fuente de tumultos sociales y ambientales a lo largo de su permanencia. Muchos de los lugareños, temerosos de que la historia vuelva a repetirse, han pasado varios años dedicados a ahuyentar a los inversores. Los manifestantes detuvieron los intentos de Yanacocha de anclarse en el pasado, y sus protestas virulentas contra Conga llevaron al presidente peruano a suspender temporalmente la construcción, así que parecía que la oposición podría prevalecer. Pero a medida que pasa el tiempo, es más evidente que el proyecto continuará según lo estipulado. Por tanto la pregunta ahora es: ¿Conga será otra Yanacocha? ¿O ayudará a los cajamarquinos a salir definitivamente de la pobreza?

La minería no tiene el potencial suficiente para reforzar un desarrollo económico en zonas empobrecidas. Pero tal y como escribiera Leonith Hinojosa, una becaria de investigación de la Facultad de Medioambiente y Desarrollo de la Universidad de Manchester, en un debate en Internet organizado por la Universidad de Columbia en torno a si la minería es la clave para la prosperidad en Latinoamérica: “Todo depende de las reglas del juego.”

Mirando al pasado

Cuando Yanacocha abrió las puertas por primera vez a principios de los 90, los vecinos del lugar —la región tiene una población total de unos 1,3 millones— pensaron que representaría una oportunidad para vivir mejor. Como con cualquier proyecto de este calibre, habría un coste ambiental, junto con el desplazamiento forzado de la población rural. Pero también habrían puestos de trabajo, regalías y nuevos negocios. Las personas, en su mayor parte, eran acogedoras. Sin embargo, la desilusión pronto se asentó.


El lago andino de Perol. Acabará agotándose y se usará como vertedero de residuos si dan luz verde al proyecto. Imagen de Meghan Walsh.

“Cajamarca tuvo una oportunidad, y la hemos perdido,” dijo Carlos García, un nativo que ha trabajado como ingeniero minero durante casi una década. Le cambiaron el nombre desde que lo desautorizaron a que hablara conmigo. “Cuando Yanacocha apareció, todo el mundo hizo las cosas mal. Yanacocha no tenía las mejores normas ambientales. El gobierno [de Cajamarca] no estaba preparado, así que echaron a perder las oportunidades.”

En primer lugar, la seducción de empleo resultó ser un espejismo. Yanacocha creó más de 10.000 empleos directos (algunos a tiempo completo y otros sobre una base contractual), pero la mayoría fueron para los extranjeros con estudios. Si bien la pobreza en Cajamarca mejoró durante unos cuantos años, no fue más que en áreas comparables sin recursos naturales lucrativos. La región sigue siendo una de las más pobres del país.

La posterior afluencia de personas, que estaban haciendo mucho más que la población en general, ha hecho subir el coste de vida. Según un informe de 2009 de la Corporación Financiera Internacional, un inversor en ambas filiales, Yanacocha ha creado “demanda excesiva” para los servicios públicos, mientras que sus contribuciones sociales han sido “relativamente insignificantes.” La empresa construyó escuelas, pero sólo para las familias de los empleados, además de imprimir una división de clases.

“Muchos conflictos asociados con la expansión de la minería están vinculados, de hecho, con la distribución de los beneficios,” escribió Hinojosa, la experta panelista para el debate en Columbia.

Luego había que lamentar las calamidades ambientales. El Ministerio de Pesca —y muchas otras fuentes— documentó miles de truchas muertas ya que el agua subterránea estaba contaminada por la escorrentía ácida. La erosión del suelo y los niveles de sedimento en los canales de agua aumentaron, mientras que los arroyos comenzaron a secarse. La minería a cielo abierto necesita cantidades inmensas de agua para primeramente explotar la roca de la tierra y luego separar el mineral, que también precisa de vastas cantidades de cianuro.


La policía en una protesta que duró varios días. Imagen de Meghan Walsh.

Después de que Yanacocha empezara a construir las minas a cielo abierto, próximas a los canales que traían agua a los agricultores rurales, se redujeron a una fracción de su anterior flujo de agua, según un estudio publicado por la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Si las comunidades locales querían Yanacocha para construir la infraestructura que restableciese los niveles de agua, estaban obligados a transferir sus derechos sobre éstos de manera indefinida. Así lo hicieron, y Yanacocha construyó la reserva de San José. Pero tras una serie de desperfectos, la presa nunca llegó a funcionar plenamente.

Entonces en el año 2000, un camión derramó 150 kilos de mercurio en más de 40 km de carretera. La empresa no consiguió notificar a los oficiales y limpiar el desorden, permitiendo que cientos de vecinos del lugar soñaran con la mezcla de oro contenido, el poder recogerlo con sus propias manos y llevárselo a casa como si de un tesoro se tratase. El incidente provocó disturbios.

“Cajamarca ha empeorado desde lo de Yanacocha,” afirmó García. “Ha dividido mucho a la comunidad.”

En realidad Newmont redactó en Diciembre de 2012 una carta a la población admitiendo su culpa: “Queremos reconocer los errores que hemos cometido en nuestro proceder de los hechos y los negocios realizados. Lo más importante, pedimos disculpas por la desconfianza que hemos generado y por no contar con su confianza.”

La guerra por el agua

El Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica comunicó que se están llevando a cabo en la región más de 200 disputas sobre misiones mineras. El agua es el núcleo de la mayoría: por los derechos, su acceso y la calidad de ésta. El año pasado, José de Echava, ex- viceministro de medio ambiente de Perú, relató a la Agencia de Prensa de Francia (AFP) que la ferocidad y la frecuencia de los enfrentamientos están aumentando, y más que nada, “todo es por el agua.”

El agua es la principal razón por la que los campesinos, así como el gobierno regional, luchan contra Conga. El proyecto, que ya ha desenterrado unas humedades frágiles, drenará cuatro lagos andinos y los sustituirá por embalses artificiales. Una vez que se use el agua para separar el mineral, será tratada antes de ser distribuida, por lo que también aumentarán las preocupaciones sobre la calidad.

De acuerdo a un estudio externo de la evaluación ambiental de Newmont, del que se encarga el presidente peruano, “la situación del agua mejoraría” – si la empresa cumple con sus promesas. Los autores afirman que la actual calidad bacteriológica del agua no es apta para el consumo humano y que causaría infecciones intestinales, mientras que el agua tratada cumpliría con los estandares más altos. Incluso así, el estudio destacó que los embalses, como estaba previsto, no tendrán suficiente capacidad. Tienen que ser más grandes.

Otro estudio independiente, esta vez por el hidrólogo asentado en Colorado, el Dr. Robert Moran, también sostiene que las instalaciones no podrán purificar el agua tal y como están diseñadas a un nivel lo suficientemente alto para el consumo humano.

Los consultores también aconsejaron a Newmont que aportara más dinero a un fondo social porque tras el cierre de la mina, los municipios locales aún tendrán que apoyarse en el nuevo sistema hídrico y gestionarlo.

“Lo que sugieren es que se controlen todos los recursos hídricos en esta zona,” dijo Moran en una reciente entrevista. “Cuando se vayan, ¿quién se hará cargo de las operaciones? El pueblo subvencionará durante generaciones los costes futuros relacionados con el mantenimiento de la instalación y la acumulación y tratamiento de aguas contaminadas.”

Los manifestantes continúan convocándose regularmente en las cuencas de Conga.

“Estamos aquí para proteger nuestra agua, y luchar por el pueblo” dijo Marina Catrina, de 19 años, durante una protesta que duró tres días el pasado junio y que atrajo a unos 1000 manifestantes. Catrina vive cerca del lago Perol —una de las lagunas que serán drenadas y usadas como vertedero— en una tierra que su familia ha cultivado durante más de un siglo.

El legado de Conga

Como se muestra en la Plaza de Armas, la minería puede significar prosperidad para los países en desarrollo de América Latina. Solo Yanacocha pagó 1,2 billones de dólares en impuestos y derechos nacionales entre 1994 y 2006, según una declaración de la Corporación Financiera Internacional (IFC). La extracción minera representa el 10% del PIB de Perú, y se espera que las inversiones en minería sean de un total de 14 mil millones de dólares este año. Se espera que estas cifras sólo aumenten en un futuro no muy lejano.


Cajamarca. Imagen de Meghan Walsh.

A pesar de los legados del pasado, estas grandes sociedades no tienen los medios para financiar las inversiones sociales, proporcionar puestos de trabajo y actualizar la infraestructura. Pero la realidad ha sido más bien otra: en su lugar, los gobiernos tienden a apoyar a las empresas extranjeras, los líderes a menudo buscan ganancias financieras a corto plazo, y los promotores en general no respaldan el medio ambiente o la calidad de vida de las personas.

En 2008, Newmont presentó un estudio de impacto ambiental del que los expertos extranjeros dijeron que era “un desafío incluso para técnicos cualificados” el poder entenderlo. Sin embargo, el gobierno lo aprobó a toda prisa y sin el consentimiento de los líderes regionales. El ministro de Energía y Minas que lo firmó fue Felipe Ramirez del Pino, un ex-ejecutivo de Newmont. El presidente Ollanta Humala despidió al anterior ministro, que se opuso al estudio, y lo reemplazó por del Pino.

Según Moran, el estudio de impacto ambiental “no representa una ciencia independiente y desinteresada.”

Pero la mayor crítica de Moran es que el estudio no mencionó Yanacocha ni una vez ni usó lo que pasó allí como un vaticinador de lo que es probable que se desarrolle con Conga, a pesar de que los sitios están a sólo unos pocos kilómetros de distancia y tienen la misma estructura ecológica.

“Tenemos más de 20 años de experiencia en el mundo real de Yanacocha,” exclamó Moran. “No tenemos que depender de la especulación. La experiencia debería ser la base de hacer declaraciones futuras y no ha sido así.”

Entonces justo el año pasado, Humala enmendó la “Ley de Consulta Previa.” La legislación requiere sociedades para negociar acuerdos con las tribus indígenas en la cordillera de los Andes, muy rica en minerales, y en el Amazonas antes de desarrollar proyectos sobre sus tierras. Pero ante la insistencia del ministro de minas, el presidente revisó la norma para excluir las comunidades de habla quechua, las cuales se encuentran mayormente en los Andes.


Manifestantes locales. Imagen de Meghan Walsh.

Sin embargo, han habido buenas noticias. A principios de este año, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua del país, el Dr. Hugo Jara, anunció que el gobierno tiene previsto invertir un adicional de 394 millones de dólares en los embalses y proyectos de tratamiento de agua para beneficiar a los cajamarquinos. Dijo también que la autoridad garantizará los derechos de agua de las comunidades agrícolas andinas, dándoles mayor ventaja jurídica durante las negociaciones con las empresas mineras. Respecto a las recomendaciones de los expertos extranjeros, Newmont también ha declarado que considerará la reubicación del vertedero de residuos de Perol y ampliará la capacidad de los embalses.

Aproximadamente el 41% del territorio de Cajamarca ha sido dividido por las concesiones mineras, sin embargo, el 58% de la población se gana la vida con la agricultura. Queda por ver si su medio de vida anterior será capaz de aguantar después del ir y venir de las minas.

Durante una visita el pasado verano, hablé con un empleado del Departamento Regional de Economía de Cajamarca, que dijo que las personas quieren un negocio que pueda prosperar en el tiempo sin afectar negativamente al medio ambiente, como el turismo, la reforestación o la agricultura. Pero las agencias locales ineficientes y no estructuradas no han sido capaces de desarrollar ninguna de estas industrias.

“Cuando llegó Conga, no estábamos haciendo nada,” dijo García. “¿Por qué el pueblo no propuso otra alternativa?.”

Mientras tanto, la ciudad permanece dividida y el número de víctimas de la mina en disputa. Y aquel soleado viernes, a sólo unas manzanas de distancia de la cuidada Plaza de Armas una campesina se encuentra sin un puesto de comida. En cambio, tiende una mano hacia el cambio y un cartel de cartón que dice: “El precio del oro.” The price of gold.


Por: Tomatecolectivo
“A más de dos años de la lucha por la defensa del agua y la vida del pueblo hermano de Cajamarca frente al megaproyecto minero Conga, y en el marco de la conmemoración de un año más de la caída de los cinco martíres del agua.En julio del 2014, los pueblos en resistencia hicieron murales colectivos para forjar su memoria, seguir haciendo historia” 


Comunicaciones entre los ministros de Energía y Minas y del Ambiente hacen evidente que petrolera Karoon hizo el sustento técnico de Reglamento de Hidrocarburos que quiere eliminar los EIA para la exploración petrolera. También revelan diferencias de Pulgar Vidal con Mayorga.

 documentos. Se ha hecho evidente una discusión  entre los ministros Manuel Pulgar Vidal y Eleodoro Mayorga.
 
Un correo electrónico entre Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas, y Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, confirma que la petrolera Karoon Energy International (KEI) elaboró el sustento técnico del Reglamento de Hidrocarburos que propone eliminar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las actividades de exploración sísmica de hidrocarburos.

En este e-mail, uno de los 3.500 mails hackeados por Anonymous Perú al ex primer ministro René Cornejo, Pulgar Vidal reprocha a Mayorga que haya sido la petrolera de capitales australianos la encargada de exponer a sus funcionarios la justificación de esta exoneración.

“En este proceso debemos tener mucho cuidado y no hacer que sea una petrolera (Karoon) la que exponga el sustento técnico del Reglamento como hicieron hoy al personal delMINAM en la sede del MINEM”, escribió Pulgar Vidal.

Antes, ignorando el obvio conflicto de intereses, Mayorga le había dicho que “son las empresas y sus técnicos las que pueden explicar mejor las operaciones y sus impactos”.

Este correo del 6 de marzo y difundido por la plataforma periodística @Ojo_Publico, fue escrito un día después de que Mayorga sorprendiera con declaraciones en las que aseguraba que se iba a exonerar del EIA a la exploración petrolera.

Inmediatamente, Pulgar Vidal aclaró que ninguna propuesta similar había sido aprobada y que, en todo caso, debía ser debatida por el Ejecutivo y estudiada por su ministerio. Este e-mail se enmarca en esta disputa, poco después silenciada. Hasta la fecha, el nuevo reglamento de hidrocarburos no ha sido aprobado.

En otro correo intervenido, fechado el 9 de marzo, Pulgar Vidal vuelve a tratar de impedir la maniobra de Mayorga.

“Es una pena que no estaré mañana ya que estoy saliendo de viaje en este instante –le dice–. Este Reglamento tiene una historia previa. El MINEM quería hacer DIAS hasta de las refinerías y me mandaron el cartón para firmarlo desmostrando poca prudencia. La carta con la que me enviaron el cartón curiosamente también hablaba de supuestos consensos…”.

Un mes después, Mayorga fue al Congreso a dar explicaciones de otro conflicto: el ser asesor de Interoil y pese a ello haber firmado un decreto como ministro que la exonera de una millonaria deuda.

LOS LOTES DE KAROON
Precisamente la empresa Karoon cuenta con concesiones de exploración en el mar del norte de Perú, zona en la que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas tenía planeada la promulgación de una zona reservada. Esta Área Natural Protegida (ANP) quedó trunca por el paquete de normas que restó competencias a las instituciones del Ministerio del Medio Ambiente. Pero el jefe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas dijo a La República que no desistiría de su intención de proteger el mar.

Al respecto, Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, consideró que este e-mail entre Mayorga y Pulgar Vidal demuestra que son las empresas las que impulsan la legislación en virtud de sus intereses. 

 

El buzón envenenado

Publicado: 13 agosto, 2014 en NOTICIAS
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El ministro de Economía y Finanzas recibirá una petición amparada en la ley para que revele el contenido de sus mails con empresarios. Lo mismo el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien debería entregar los mails que sustentaron sus impactantes cifras de resultados. ¿Quién resolverá? ¿Anonymous o un juez peruano?

PETICIÓN. Basado en la Ley de Transparencia, Liber solicitó al ministro Luis Castilla copia de los mails que le dirigieron los empresarios desde el 2011.
Por: Ricardo Uceda

Uno de los hechos impactantes de la revelación de más de tres mil correos electrónicos del ex premier René Cornejo fue la vulnerabilidad exhibida por los ministros peruanos en sus comunicaciones. El Ministerio del Interior fue objeto de una penetración masiva en diciembre del 2013, sin que se conozcan resultados de las investigaciones. Un año atrás, fue un periodista de Perú 21, Rudy Palma, hoy procesado, quien ingresó a las cuentas del ex ministro de Comercio Exterior José Silva para extraer material periodístico. ¿Algo en común entre los tres casos? Ninguno de los contenidos extraídos figuraba en la clasificación de secreto o reservado.

De acuerdo con la Ley de Transparencia, las dependencias públicas deben tener una relación de datos cuya revelación es inconveniente para el Estado. Para confeccionarla requieren argumentar en cada caso cuáles son las razones que justifican el veto, según excepciones permitidas. Por ejemplo, porque compromete el éxito de la lucha contra la delincuencia, o afecta la seguridad nacional, o porque es preciso proteger alguna intimidad personal. Hecho esto, la información no incluida en la lista negra es pública. Sin embargo, los responsables de las oficinas estatales no hacen su relación de material secreto y reservado.

A PEDIR PERMISO

En el juicio contra Rudy Palma, producido porque el periodista ingresó a mails de la bandeja de entrada de funcionarios públicos para publicar contenidos que son materia del proceso, ya fue demostrado que ninguno estaba clasificado como secreto o reservado. No obstante lo cual el procurador público obtuvo que fuera procesado por el delito de revelación de secretos nacionales.

¿Cuáles eran? Señaló dos, aunque solo uno fue publicado: referencias a un futuro convenio comercial con Venezuela anunciado meses atrás por la agencia Andina. El otro, la agenda de una reunión de gabinete. Uno de los temas era la autorización de ingreso de personal militar extranjero, gestión que se hace anualmente para entrenamientos navales y que no se ha escondido jamás. Por eso un juez desestimó contra Palma el cargo tremendista de revelación de secretos nacionales, dejando a salvo los de intrusismo informático y violación de correspondencia. Sin embargo, la Corte Superior de Lima rechazó este criterio. Emitió un documento aberrante que merece la mayor atención, y que demuestra la esquizofrenia legal en la que se desenvuelven estos asuntos en el Perú.

La resolución, suscrita por las juezas Rosa Amaya y Doris Rodríguez, con el voto en discordia de Carlos Escobar, asume que las informaciones secretas o reservadas no tienen que estar clasificadas como tales, y que para no incurrir en el delito de revelación de secretos de Estado la prensa debe solicitar permiso a las entidades que tienen en su poder los datos. La resolución se zurra con bastante descaro en la Ley de Transparencia. Al sustentar su desacuerdo, el juez Escobar sostuvo que el concepto de secreto de Estado alude a toda información formalmente catalogada como tal que se sustente en razones de protección a la seguridad de la nación. La causa contra Palma está en manos del Ministerio Público, que debe formalizar su acusación antes del juicio oral. La fiscal superior Mirtha del Carmen Chenguayén debe decidir si a los delitos de intrusismo y violación de correspondencia le añade —o no— el de revelación de secretos nacionales.

DOS EXTREMOS

De modo que vivimos entre dos extremos. Por un lado, las instituciones públicas no tienen una lista de información reservada, manteniendo un velo indiscriminado sobre el material informativo que poseen.

Por otro, de cuando en cuando los hackers barren con todo —no es el caso de Palma—, ejerciendo el intrusismo informático de acuerdo con una agenda desconocida. El sistema judicial, por su parte, va de tumbo en tumbo, con tendencia a mantener la oscuridad de los asuntos públicos. Vale la pena preguntarse si en este contexto es posible conocer por medios legales, sin hackeo ni intrusión, el contenido de algún correo electrónico cuyo titular fuera un alto funcionario público, y que contuviera información de interés para los ciudadanos. Por ejemplo, el mail que algún experto le debe haber enviado al ministro del Interior Daniel Urresti, con las cifras inverosímiles que presentó sobre la seguridad pública.

Un grupo de expertos coordinado por Carlos Basombrío ha puesto en cuestión que en su primer mes de gestión Urresti incautara 56 toneladas de droga, más del doble que en 2013, y que haya sacado de circulación 15 mil vehículos, ocupando treinta cuadras de depósitos por ahora fantasmas, y que sus decomisos de madera alcanzaran 28 millones de pies, para transportar los cuales hubiera debido emplearse una flota inexistente de 2.300 camiones. El grupo lo emplazó para que muestre evidencias, pero las cifras invitan a una mayor interrogación. Hay derecho a conocer los mails internos que, dentro del Ministerio del Interior, hicieron circular las cifras pronunciadas por Urresti y Humala. ¿Quiénes las hicieron? ¿En qué reportes se basaron? ¿Con qué términos fueron enviadas?

OTRAS REALIDADES

No existen precedentes de que el Estado haya entregado correos electrónicos con información de interés público en el Perú. Pero si una dependencia niega una solicitud informativa que cumple los requerimientos de la ley, un juez debería concederla. No hay unanimidad de criterios al respecto. En México, Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, entre otros países, los correos electrónicos serían entregados. Bajo el principio que toda la información de una computadora del Estado es un documento público, salvo excepciones predeterminadas, en 2011 el Estado de Alaska reveló 24.000 correos electrónicos de Sarah Palin, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano, correspondientes a los años de su gestión como gobernadora. Fueron solicitados por los medios de comunicación. Con una idea de la misma naturaleza en 1974 la Corte Suprema norteamericana entregó a un juez algo que se considera más privado aún: las grabaciones de entrevistas sostenidas por el presidente Richard Nixon con diversos interlocutores. Luego se convertirían en pieza fundamental del caso Watergate. Aunque no era un caso de acceso a la información, los magistrados supremos consideraron que una protección tan alta como la inmunidad presidencial merecía levantarse ante la necesidad de conocer lo que ocurrió.

En Chile, el Consejo para la Transparencia resolvió entregar la información contenida en mails del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, pero este recurrió al Tribunal Constitucional, que lo impidió en votación dividida. El fundamento del Consejo fue que toda información enviada o recibida desde la casilla de un funcionario estatal es pública si no hay causa legal de excepción. El Tribunal Constitucional, en cambio, respaldó al gobierno en la idea de que los emails, por definición, son reservados: una comunicación inviolable.

¿Cómo se resolverá el conflicto en el Perú? Ayer lunes, el Centro Liber solicitó al MEF la copia de los correos electrónicos recibidos por el ministro Miguel Castilla de parte de representantes de compañías o gremios empresariales desde el 28 de julio de 2011 a la fecha, con sus respectivas respuestas.

Como el mail enviado a Castilla por Cecilia Blume, miembro del directorio de Exalmar —uno de los revelados por Anonymous la semana pasada— nada tienen de secreto o reservado, son lícitos, y su publicación ayudaría a la transparencia. También pedirá los mails que fundamentan las audaces cifras del ministro Urresti sobre seguridad ciudadana. La lista de peticiones informativas podría aumentar con el mismo pedido que fue controversial en Chile: los mails recibidos y enviados por la Secretaria General de la Presidencia de la República, María Elena Juscamaita. Muchos más interesantes habrán sido los de su antecesor durante el gobierno de Alan García, el pudiente Luis Nava. Pero es seguro que ninguno de sus mails habrá quedado guardado en las computadoras.


Siguen saliendo a la luz más correos de la cuenta hackeada al ex primer ministro René Cornejo que muestran con absoluta claridad el permanente enfrentamiento que existe y persiste entre los ministros de Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y el de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.


Perú se alista para promover exploración de hidrocarburos no convencionales

MEM adaptará contratos para este tipo de recursos

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14:39. Lima, jul. 17. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció hoy que el Gobierno se está preparando para promover la exploración de recursos de gas y petróleo no convencionales en el país, sobre todo en el caso del denominado shale gas.

“Hay que hacer lo necesario para que las tecnologías (de exploración de dichos recursos) entren en aplicación y que también podamos en un mediano plazo conocer el potencial de estos recursos no convencionales que disponemos”, manifestó el titular del MEM, Eleodoro Mayorga.

Cabe anotar que en el país se han realizado descubrimientos de recursos no convencionales (shale gas) en el Lote 31E (perteneciente a Maple), en la selva central, que son yacimientos aún no explotados. El shale gas se encuentra en las rocas sedimentarias que están fuera del reservorio tradicional del gas natural.

Para impulsar esta exploración el ministro sostuvo que tenemos que hacer esfuerzos para repotenciar el trabajo de Perupetro (agencia estatal de promoción del sector hidrocarburos) y adaptar los contratos a los cambios que se necesitan, tanto para la exploración como para la confirmación de recursos convencionales y no convencionales.

Mayorga indicó que las modificaciones contractuales son necesarias debido a que la explotación de estos hidrocarburos requiere de tecnologías de extracción especializadas, así como de un procedimiento particular antes de realizar su comercialización.

“Eso implica que las condiciones contractuales bajo los cuales estos proyectos se desarrollan tienen que tener un tratamiento especial”, expresó Mayorga durante su discurso de inauguración del foro Avances en la Exploración y Explotación de Recursos No Convencionales, organizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Asimismo, resaltó que la explotación de estos recursos implica recabar una buena cantidad de información, comprobar los volúmenes in situ y conocer la variación de las características del reservorio y de distribución espacial de los hidrocarburos.

Comentó que en Estados Unidos se logró desarrollar el gas natural no convencional al observarse en los últimos años un alza sostenida del precio del gas natural común y de la cotización del barril de petróleo (superó los 100 dólares).

“La producción de shale gas en Estados Unidos ya representa el 32 por ciento de la producción (de gas) del país. Además el petróleo no convencional ha reemplazado la producción declinante del petróleo tradicional”, anotó.

En consecuencia, Mayorga enfatizó que el contexto de precios altos es favorable para el desarrollo de recursos no convencionales en el Perú.

Mientras tanto, añadió que el MEM empezará a delimitar este tipo de recursos que disponemos en nuestro país.

(FIN) RRP/JJN

 


Ollanta Humala (Foto: Perú 21)

Mediante una carta dirigida al presidente Ollanta Humala, más de 100 organizaciones internacionales que participan en el proceso de la negociación climática, expresaron su preocupación por las modificaciones ambientales incluidas en el “paquete reactivador” de la economía propuesto por el gobierno peruano.

En la misiva –que suscriben Oxfam, WWF International, Third World Network, Friends of the Earth (Europa, Estados Unidos, Reino Unido) y otros– señalan que la iniciativa gubernamental debilita las capacidades de fiscalización ambiental, los procesos de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica, así como los estándares de calidad ambiental.

“En un contexto de crisis climática global, donde se requieren acciones concretas y urgentes, esta propuesta constituye una muy mala señal, que es aún más grave considerando el rol de la presidencia peruana de la COP20″, manifestaron.

Las organizaciones invocaron al gobierno peruano a ejercer con coherencia nacional e internacional el encargo que el mundo le ha encomendado.

Agregaron que su aprobación constituye un grave retroceso para el Perú en materia ambiental, fortaleciendo una visión errada en la cual la fiscalización y regulación ambiental se perciben como limitantes de las inversiones.

Sobre el tema, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, reconoció que estas entidades están inmersas en la agenda ambiental mundial, pero su intervención no afecta al Perú en su papel de organizador de la COP 20.

RESPUESTA OFICIAL

Con respecto a las críticas de que el paquete económico puede afectar los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos, voceros del gobierno negaron esta posibilidad.

En la víspera, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señaló que un TLC puede ser pasible de sanciones cuando las medidas adoptadas incurren en discriminación o incumplen el principio de reciprocidad comercial, como en el caso con Estados Unidos.

“Cuando los acuerdos de comercio contienen restricciones a la disminución de la exigibilidad de normas ambientales, se señala que las sanciones son aplicadas cuando existe un ánimo discriminatorio para el comercio internacional”, dijo.

En tanto el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, sostuvo que el paquete económico no implica la reducción de los estándares ambientales enmarcados en los TLC que suscribió el país.
“A raíz de estos comentarios acerca de los TLC, debo precisar que tenemos provisiones relacionadas a medio ambiente solo en cuatro tratados: con Estados Unidos, Canadá, Corea y la Unión Europea, de los cuales solo el acuerdo con Estados Unidos tiene provisiones vinculantes”, indicó.

Por su parte, el jefe del Gabinete de Asesores del MEF, Alonso Segura, explicó que con la reducción temporal (3 años) de las multas ambientales a las empresas extractivas se quiere “evitar que el Estado se vaya al lado extremo de interferir indebidamente la conducción de actividades económicas”.’

La República

CARTA ENVIADA AL GOBIERNO PERUANO POR ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE LA COP20

Lima, 8 de Julio del 2014

Señor
Ollanta Humala Tasso
Presidente de la República del Perú
Presente.-
Asunto: Organizaciones de sociedad civil internacional piden coherencia a la Presidencia Peruana de la COP20.

De nuestra consideración,

Por medio de la presente reciba el saludo de las organizaciones abajo firmantes, las que nos dirigimos a usted en su condición de Jefe de Estado del Perú y, asimismo, de Presidente de la Conferencia de las Partes frente al Cambio Climático – COP20, para expresarle nuestra más alta preocupación por las medidas que viene promoviendo el Gobierno Peruano para la promoción de inversiones en el marco del Proyecto de Ley N° 3627/2013-PE, que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País.

Resulta de particular preocupación que dicho Proyecto promueva medidas que afectan la institucionalidad ambiental del Perú como los cambios en: a) las capacidades de fiscalización del Ministerio del Ambiente del Perú – MINAM y su Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA; b) los procesos de Ordenamiento Territorial y de Zonificación Económica y Ecológica en el país; c) los protocolos y tiempos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental – EIA, d) en el proceso de creación de Zonas Reservadas y Áreas Naturales Protegidas –ANP, así como e) la flexibilización de los criterios para establecer Límites Máximos Permisibles – LMP y Estándares de Calidad Ambiental– ECA.

Consideramos que dichas medidas constituyen un grave retroceso para el Perú en el campo ambiental, e instamos al Gobierno Peruano a reconsiderar y retirar esta iniciativa.

En un contexto de crisis climática global, donde se requieren acciones concretas y urgentes, esta propuesta constituye una muy mala señal, que es aún más más grave considerando el rol de la Presidencia Peruana de la COP20. El Proyecto de Ley permite premiar a quienes no cumplen con las normas ambientales vigentes en el país y cede ante la fuerte presión de actores económicos por flexibilizar los estándares y facilitar la expansión de los sectores del gas, petróleo y minería, cuyo impacto en relación al medio ambiente; incluyendo el fenómeno del Cambio Climático; es ampliamente conocido. Estas presiones ocurren también en el marco de la negociación climática global y se espera que la Presidencia Peruana de la COP20 asuma un liderazgo que logre neutralizar esta influencia, la que constituye un serio obstáculo para lograr los avances que el mundo requiere hacia el nuevo Acuerdo Climático Global.

La orientación de las reformas en Perú es de alta preocupación para nosotros, ya que fortalecen una visión errada en la cual la fiscalización y regulación ambiental se perciben como limitantes de las inversiones y dinamización de las economías. Este es un momento histórico en el cual los países reconocen a la institucionalidad ambiental y el respeto a un ambiente sano como condiciones fundamentales para el desarrollo de nuestros países sobre la base de la gobernabilidad y uso sostenible de los recursos naturales. En el contexto de la lucha global contra el cambio climático esta es una visión que debemos promover juntos de cara a lograr avances en la negociación climática.

Este sensible contexto requiere del Perú un liderazgo consistente que debe expresarse en la coherencia interna para el desarrollo de sus políticas ambientales y el hacer frente al cambio climático. Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado al Gobierno Peruano para demostrar un liderazgo global fuerte en materia ambiental tanto interna como externamente y conducir de esta manera a las naciones del mundo hacia una COP20 productiva y memorable.

Agradeciendo de antemano su atención, y reiterando nuestro compromiso por promover un Acuerdo Climático Global ambicioso, justo y equitativo.

Atentamente,

Suscriben:

País

1. Actions Communautaires pour le Development Integral (Congo)
2. Alamanga (Francia)
3. All Nepal Peasants Federation (Nepal)
4. Amigos de la Tierra España (España)
5. Asociación Ambientalista Mayu Sumaj (Argentina)
6. Association Québécoise de Lutte contre la Pollution Atmosphériques -AQLPA (Canadá)
7. Ateneo School of Government (Filipinas)
8. Australian Conservation Foundation (Australia)
9. ACEER Cusco (Perú)
10. ACEMAA (Perú)
11. Bangladesh Krishok Federation (Bangladesh)
12. Bianca Jagger Human Rights Foundation (Estados Unidos)
13. Birdbusta Marketing (Australia)
14. Both ENDS (Netherlands)
15. Brown University (Estados Unidos)
16. Burness Communications (Estados Unidos)
17. CATAPA (Bélgica)
18. Catherine Money Consulting (Australia)
19. CCTNE (Reino Unido)
20. Center for International Environmental Law – CIEL (Estados Unidos)
21. Centre National de Coopération au Développement – CNCD 11.11.11 (Bélgica)
22. Centro Alexander Von Humboldt (Nicaragua)
23. Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES (Uruguay)
24. Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (México)
25. Climate Action Monaro (Australia)
26. Climate Action Network Tanzania (Tanzania)
27. Climate Action Network Uganda (Uganda)
28. Climate Change Network Nigeria (Nigeria)
29. Climate Justice Programme (Australia)
30. Coalition of the Flemish North-South Movement – 11.11.11 (Bélgica)
31. Comision Justicia y Paz (Bélgica)
32. Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras CONPAH (Honduras)
33. Consejo Nacional de la Mujer Indígena – CONAMI (Argentina)
34. Consumers Addociation of Penang (Malaysia)
35. Costa Rica Limpia (Costa Rica)
36. Digital Democracy (Estados Unidos)
37. EADES SAS (Colombia)
38. EC (Bélgica)
39. EcoEquity (Estados Unidos)
40. Ecological Christian Organisation -ECO (Uganda)
41. Eco-worriers (Reino Unido)
42. Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas Región Sur – ECMIARS (América del Sur)
43. Entraide & Fraternité (Bélgica)
44. Environmental Investigation Agency -EIA (Estados Unidos)
45. FECODESA- CIPRES (Nicaragua)
46. Foundation for Environment and Agriculture (Bulgaria)
47. Freedom from Debt Coalition – Women’s Committee (Filipinas)
48. Friends of the Baltic (Rusia)
49. Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland (Reino Unido)
50. Friends of the Earth Europe (Europa)
51. Friends of the Earth Malaysia (Malaysia)
52. Friends of the Earth US (Estados Unidos)
53. Friends of the Siberian Forests (Rusia)
54. FUCEERA (Argentina)
55. Fundación Biosfera (Argentina)
56. Fundación Popol Na (Nicaragua)
57. Global Alliance for Incinerator Alternatives- GAIA (International)
58. Green Impact International (Nigeria)
59. Iceland Nature Conservation Association (Iceland)
60. Informationsstelle Peru E.V. (Alemania)
61. Iniciativa Construyendo Puentes – Redes Latinoamericana frente al Cambio Climático (América Latina)
62. Iniciativa Radial (Argentina)
63. Instituto de Derecho Ambiental de Honduras-IDAMHO (Honduras)
64. International Tribal Association (Estados Unidos)
65. ITDP México (México)
66. Jubilee South – Asia/Pacific Movement on Debt and Development (Filipinas)
67. Jugendbündnis Zukunftsenergie (Alemania)
68. Justicia Climática República Dominicana (República Dominicana)
69. Keyhaven Pty Ltd. (Australia)
70. Labor, Health and Human Rights Development Centre (Nigeria)
71. Legambiente (Italia)
72. MHN – Cusco (Perú)
73. Misioneros de Maria Inmaculada (Italia)
74. MNGR (Nicaragua)
75. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC (Perú)
76. Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
77. Museo de Historia Natural del Cusco, Universidad Nacional San Antonio Abad (Perú)
78. New York Climate Action Group (Estados Unidos)
79. New Zealand Youth Delegation (Nueva Zelanda)
80. NGO Coalition for Environment -NGOCE (Nigeria)
81. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL (América Latina)
82. Omilacombe (Canadá)
83. OXFAM (International)
84. Pacific Calling Partnership (Australia)
85. Peru Support Group (Reino Unido)
86. PUIC-UNAM sede Oaxaca (México)
87. Rainforest Relief (Estados Unidos)
88. Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE (Perú)
89. RENACAMIH (Honduras)
90. Save (Francia)
91. Sierra Club (Estados Unidos)
92. St-John River Watershed Organization (Canadá)
93. Sustainable Population Australia (Australia)
94. SustainUS (Estados Unidos)
95. Taiwan Environmental Protection Union (Taiwán)
96. Tcktcktck (Estados Unidos)
97. Tebtebba -Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education (Filipinas)
98. Third World Network – TWN (International)


Perú: Juez en carcela a Gobernador opositor a la mina de Newmont en medio de escandalo

Por: John Quigley Jun 25, 2014 9:09 PM GMT-0500

Texto adaptado por Blog MI MINA CORRUPTA
El gobernador que apoyó las protestas contra el proyecto de oro Minas Conga de Newmont Mining Corp. (NEM) en Perú, fue sentenciado a 14 meses de prision, en medio de un escandalo alegados a  funcionarios de su gobierno aceptaron sobornos, informó la agencia estatal de noticias, Andina.
El juez Mercedes Caballero autorizó la detención del gobernador de Cajamarca Gregorio Santos, mientras los fiscales preparan su caso, Andina informó hoy (25.07.2014). La oficina principal del gobierno del estado y jefe de asesores de Santos, Cesar Abanto, no respondio a las llamadas telefónicas realizadas después de las horas de oficina, en busca de comentarios sobre la detención y la respuesta a las alegaciones.
Newmont y su socio local de la CIA. de Minas Buenaventura SAA han pospuesto las obras del proyecto, valorizado en 5 mil millones dólares respecto al proyecto proyecto Minas Conga en Cajamarca desde el 2012, luego de que los agricultores, organizaron protestaran por su impacto en los suministros de agua. Santos, quien dijo en 2011 y 2012, el proyecto no era viable ambientalmente, ahora no será capaz de correr a la reelección, posiblemente permitiendo a las empresas mineras para reactivar proyectos en la region, dijo César Pérez-Novoa, jefe de investigación de BTG Pactual en Santiago.
“Potencialmente se podría desbloquear las inversiones en la región, y por supuesto, Minas Conga”, dijo Pérez-Novoa por teléfono. “Si la percepción de los cambios de riesgo como resultado, se activará el despliegue de capital, los cuellos de botella de algunos proyectos mineros y aumentar el incentivo para la exploración.”
El gobernador no ha sido declarado culpable de un delito y se encuentra en una celda de detención temporal, informó Andina en su edición digital.
Un ex maestro de escuela que está en el último año de su mandato de cuatro años, Santos negó las acusaciones en una entrevista el 16 de mayo en el periódico La República. Su partido, el Movimiento por la Afirmación Social, lo registró esta semana como su candidato para postularse a la reelección el 05 de octubre.
Newmont y Buenaventura están considerando planes para desarrollar Conga como una mina más pequeña de lo previsto inicialmente, el director general de Buenaventura , Roque Benavides, dijo a la prensa el 22 de mayo. La construcción de la mina depende de la obtención de apoyo político y de la comunidad, dijo.
Newmont subió un 0,8 por ciento a 24,88 dólares hoy en Nueva York y Buenaventura aumentó un 0,1 por ciento a 10,68 dólares.
Para contactar con el reportero en esta historia: John Quigley en Lima ajquigley8@bloomberg.net
Para ponerse en contacto con los editores responsables de esta historia: Andre SOLIANI enasoliani@bloomberg.net Randall Woods, Fred Strasser

Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos del proyecto minero La Colosa, aseguró que la compañía no tiene ninguna posición u opinión relacionada con una posible solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.

Luego de que se conociera la pretensión de la Administración seccional, la Personería de Ibagué y otras organizaciones de llevar hasta instancias internacionales la discusión sobre la conveniencia del proyecto minero La Colosa, existe un precedente que podría ser clave para ese propósito.

Se trata del megaproyecto minero Conga, que se desarrolla en zona de influencia de Cajamarca, Perú, población que de manera coincidente, lleva el mismo nombre de la ‘Despensa agrícola de Colombia’.

Representantes del movimiento Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, en esa población Inca, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la protección de 46 líderes que se oponen al desarrollo de actividades mineras en su territorio.

La solicitud efectuada en 2011 generó sus frutos en mayo de este año, cuando la Cidh otorgó la medida cautelar a 46 líderes de la comunidad.

Ello obligó al estado peruano a ordenar medidas de protección para los opositores de la iniciativa, entre los que se encuentran población campesina e indígena.

Aunque el proyecto minero Conga se desarrolla a miles de kilómetros de la Cajamarca colombiana, la medida cautelar otorgada por la Comisión podría servir como asidero jurídico de los opositores al proyecto minero La Colosa, que se ubica a solo 14 kilómetros del casco urbano del municipio tolimense.

Panorama internacional

En una reunión efectuada entre el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón; y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, se determinaron los posibles efectos que, según ellos, generaría el proyecto que está en etapa de exploración.

Los dos funcionarios advirtieron que el proyecto de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) podría afectar las fuentes hídricas y el medio ambiente, y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.

Las dos advertencias no representan una novedad, de hecho podrían parecer conclusiones trilladas si se revisan los antecedentes y la oposición que ha causado entre varios sectores de la ciudadanía tolimense el proyecto minero de AGA.

Sin embargo, las dos podrían servir como argumentos para la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, como opina Juan Diego Gómez Vásquez, secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una organización de carácter sindical.

Según él, quien estuvo en la reunión del Gobernador y el Personero, con la explotación en La Colosa se violarían derechos colectivos fundamentales, que incluye recursos tan preciados como el agua.

A eso, se suma el caso de la consulta popular de Piedras, que según Gómez Vásquez, “hace parte del derecho de la actividad pública para convocar consultas populares, en el que los ciudadanos deciden si es adecuado o no aceptar el proyecto”, lo cual podría ser materia de protección por la Comisión.

En términos generales, lo que se pretende es que esas posibles violaciones a los derechos de la población sean protegidos por la CIDH, mediante una medida cautelar, situación que según el líder, puede gestarse con base en el caso del proyecto Conga de Perú.

Pero para ello, el Secretario del PSI reconoce que el caso del proyecto en Cajamarca, Tolima debe ser analizado desde ámbitos más amplios, por lo que para octubre de este año se prevé organizar y llevar a cabo un Foro internacional.

En él, participarían representantes de comunidades que han tenido que convivir cerca de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto como está planteado en el proyecto minero de La Colosa.

“Lo que queremos es propiciar un intercambio de experiencias entre la resistencia y la lucha que han tenido que dar las comunidades organizadas de Cajamarca, Perú, y toda la región (Tolima)”, afirmó.

Medidas cautelares

De acuerdo con la definición de la Cidh, “lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”. En cuanto a quienes pueden solicitar el mecanismo, la Cidh precisa que: “estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables”.

Estudiando el caso
Juan Diego Gómez Vásquez asegura que se está pendiente de analizar junto a algunos especialistas que han puesto casos ante la Cidh, el proceso para llevar ante la Comisión la situación de La Colosa.

Con respecto al caso específico del megaproyecto de AGA en el Cajamarca, el líder sindical afirmó que “hay varios derechos que están en juego”, y que darían lugar a presentar la solicitud ante la Cidh.

“El derecho fundamental al agua como derecho humano, el derecho a la seguridad alimentaria que se va a ver de alguna manera lesionada con el proyecto que tienen en La Colosa.

“Y el tercero, es el derecho de los pueblos de decidir por sí mismos, y que se tengan en cuenta ya decisiones tomadas por algunas comunidades, como en Piedras que le ha dicho ‘no’, mediante una consulta popular, al megaproyecto en la región”, explica Gómez Vásquez.

Y agregó que, “(…) la Comisión fácilmente puede estudiar esto, estos derechos fundamentales que están siendo violentados (…)”, aunque reconoció que no se tiene aún certeza de cómo y quién podría efectuar la solicitud de medidas cautelares, pero están explorando alternativas. Es de recordar, que de acuerdo con el reglamento de la CIDH (Ver medidas cautelares), cualquier ciudadano, comunidad, autoridad pública o ente puede solicitar ante el organismo la activación de ese mecanismo.

Un antecedente incómodo

Las comparaciones son odiosas, sin embargo, para Juan Diego Gómez Vásquez el caso del megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Perú, no dista mucho del de La Colosa que se pretende ejecutar en el Tolima.

Aparte de afectar poblaciones que tienen el mismo nombre, Cajamarca, ambas iniciativas son de minería a gran escala y en ambos existe oposición de varios sectores de la comunidad.

De ahí parte la posibilidad planteada por Gómez Vásquez, quien opina que el caso de AGA en el Tolima no es exclusivo del Departamento, sino general, por lo cual, afirma, debe ser llevado a una discusión en escenarios mundiales.

En el caso del proyecto Conga, el líder resalta la unión y la organización de la comunidad con las autoridades públicas y las organizaciones sociales, para hacerle frente, según él, a los efectos nocivos que les ha generado el proyecto.

Y es que la petición formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en diciembre de 2011, se registró por varios motivos, que hicieron posible el otorgamiento de la medida cautelar.

Entre ellos, se enumeran una serie de agresiones contra los ‘antimineros’, como son denominados en Perú los opositores al proyecto minero Conga.

La CIDH, en su Resolución 9/2014, del 5 de mayo de 2014, que determina la medida cautelar, señala que la comunidad (campesinos e indígenas) que se ha opuesto al proyecto, se encuentra en “situación de riesgo”.

De acuerdo con el organismo con sede en Washington, en el caso del megaproyecto minero Conga, se cumplen tres requisitos fundamentales para otorgar la medida cautelar: gravedad, urgencia e irreparabilidad.

En el documento se habla de “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo”.

Asimismo, la Cidh en la Resolución considera que el requisito de urgencia se cumple “en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo”.

En referencia al tercer requisito, el de irreparabilidad, la Comisión estima que también se cumple, debido a “la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.

¿Puede parar ‘la locomotora’?

No obstante, y aunque para los grupos opositores del proyecto Conga fue un éxito el fallo de la Comisión, habría que mirar si un fallo de la Cidh puede ‘parar’ o evitar que un proyecto como el de La Colosa no se ejecute.

En el caso del megaproyecto minero Conga, no solo se solicitó la protección de las comunidades que se oponen a la extracción de oro, plata y cobre, en Cajamarca.

También se pidió la protección del territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y esa solicitud efectuada ante la CIDH en 2012, sigue su trámite por otra vía.

Así las cosas, la Comisión no ha tomado una decisión acerca de esa petición, con la que se exigiría al estado peruano que no otorgue los permisos para la continuación del proyecto Conga, que podría ser cancelado.

Eso, en últimas, constituye el tema de fondo en el conflicto minero de Cajamarca (Perú), porque es el objetivo que persiguen los denomina dos antimineros peruanos. En cuanto al caso del proyecto La Colosa, por ahora se están pensando en solicitar medidas ca utelares para la protección de los derechos colectivos de las comunidades que se oponen a la iniciativa de AGA.

Pero así como en Cajamarca, Perú, habría que esperar si una solicitud que contenga la protección de recursos como el agua, y el resguardo de la seguridad alimentaria y el medio ambiente, podría por ende ‘parar’ la ejecución de un proyecto minero a gran escala.

La Colosa está catalogada como uno de los 10 proyectos mineros más grandes del mundo, con el que se prevé la explotación de una reserva de oro que supera los 35 millones de onzas.

Según Gómez Vásquez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto.

Y, de manera adicional, opina que propiciaría que las comunidades formularan una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y el derecho a decidir si desean o no la ejecución de proyectos como el planteado para La Colosa.

“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales”, añade el Secretario.

Por ahora, lo único cierto es que una solicitud ante la Cidh es cada vez más factible en el caso de La Colosa, debido a antecedentes como los del Perú. Sin embargo, habría que esperar si un fallo de ese organismo puede detener el embate de un proyecto que es impulsado por la denominada ‘locomotora minera’, que es una de las banderas mejor cuidadas dentro de la actual política económica del Gobierno nacional.

Fuente: El Nuevo Dia – http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/223450-el-antecedente-en-la-cidh-que-incomoda-al-proyecto-minero-la-colosa


 
Editorial Noticias SER
PUBLICADO: 2014-06-19

Los recientes anuncios hechos por el ministro de Economía sobre un paquete de medidas que buscan frenar la desaceleración económica parecen ser una victoria más de los gremios empresariales que han realizado una intensa campaña mediática en contra de un conjunto de normas y políticas que forman parte de las competencias del Ministerio del Ambiente y que han sido englobadas, junto con otras normas, bajo el término de la “permisología”.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado por el gobierno de Alan García en el año 2008, sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, como parte de un paquete de decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que se dieron para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como TLC. Es decir, nació como consecuencia de dicha negociación y no necesariamente como producto de la voluntad política de dicho gobierno.

Es bueno señalar que desde su creación hasta la fecha, los tres ministros que han estado a cargo del sector, Antonio Brack, Ricardo Gisecke y Manuel Pulgar Vidal, buscaron –con diferente ritmo y no siempre con la firmeza que se requería- el desarrollo de un conjunto de normas y políticas que permitieran cumplir con el objetivo central del MINAM que es “la conservación del ambiente y el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales”. Y es por esta razón, desde el momento mismo de su creación, que el sector ha sido visto como una amenaza a los intereses de algunas empresas que se resisten a que en nuestro país existan estándares ambientales de calidad; empresas que además han sido sancionadas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por diversas razones.

El problema es que no solo los gremios empresariales han estado en contra de las políticas del sector, al que ya habían logrado mediatizar frenando la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE), sino que incluso algunos ministros del actual gabinete, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se han convertido en los principales enemigos del MINAM llegando a afirmar que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha declarado al diario El Comercio que “Hay trámites que demoran mucho tiempo por aspectos burocráticos, que entorpecen proyectos convenientes para el país”, refiriéndose a los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.

Es por ello que se anuncia dentro del paquete de normas medidas tales como la reducción de las competencias del MINAM en relación a las labores de fiscalización de la OEFA, a la creación de zonas reservadas o al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental que ahora requerirían del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual neutralizaría totalmente al Ministerio del Ambiente, convirtiendo al sector en un mero tramitador. Todo ello cuando los ojos del mundo se posan sobre nuestro país que se prepara a recibir a la cumbre mundial sobre el cambio climático – COP 20.

Por esta razón, Noticias SER quiere expresar su rechazo al conjunto de medidas que viene anunciando el gobierno del presidente Ollanta Humala porque, más que resolver los problemas que afectan a nuestra economía lo único que harán será resolver los problemas de algunas empresas, y sobre todo porque su aprobación significará la partida de defunción del Ministerio del Ambiente y la desprotección total de nuestros recursos naturales.

 



Por Carlos León Moya

El sábado por la mañana, mientras desayunaba, vi “Rumbo Minero”.

No fue adrede: decidí prender el televisor para ver cualquier cosa, y al hacerlo apareció en Canal N. Dado que conducía Jimmy Chinchay, que parece el pata de tu barrio con el que jugabas metegol-tapa los domingos, no cambié de canal.

Pero a los minutos todo cambió. El fondo se volvió azul, los conductores se volvieron blancos. Estos eran duros, pesados, sin gracia. Miradas de gamonal, espíritu de patrón. Si Jimmy Chinchay era el que ponía los ladrillos para armar el arco, estos señores son los que enrejan la calle, no te devuelven la pelota y llaman a Serenazgo para que te boten de su calle.

Eran los mineros.

Aunque es un programa predecible (vamos, ¿qué se puede esperar de un grupo de señorones que contratan el espacio a un canal por cable, sino hacer propaganda de sí mismos y sus actividades?), algunas cosas me sorprendieron ayer.

Primero, su forma robótica. ¿Acaso la única forma de parecer serio en el Perú es parecer tecnócrata, y la única forma de alcanzarlo es parecer un robot? Pienso en varios casos y da la impresión que sí. Acaso Ken, también conocido como Juan José Garrido Koechlin, llevó el paradigma del robot a nuevos espacios, pero no es el único. La fórmula es simple: un terno, el pelo con gomina, la mirada seria, rigidez corporal y un tema económico. El resultado de la ecuación: parece serio. Ya no importa tu mucho sesgo ideológico y tu poca evidencia empírica: ahora puedes ponerte a hablar huevadas a discreción.

Segundo, lo monopensantes e idiotas que pueden ser. Apenas iniciado el programa, los conductores lanzaron una divertida pregunta al aire para que su fiel público colapse las líneas telefónicas con sus respuestas.

La pregunta era algo así: el último Marco Macroeconómico Multianual proyecta que el 2015 creceremos, digamos, en 5%. Pero a fines de este año tenemos elecciones regionales, provinciales y distritales, donde podríamos elegir a autoridades cacasenas, serranos bloqueapistas, cajamarquinos anti-modernidad y dirigentes de Movadef que en su tiempo libre hacen pintas de Patria Roja. ¿Usted cree que, si en lugar de los anteriores escogemos autoridades regionales dispuestas a apoyar la inversión privada, podríamos crecer más que lo proyectado por el Marco Macroeconómico Multianual?

No me ofende, para nada, el sesgo detrás de la pregunta. A fin de cuentas, la Sociedad Nacional de Minería ha pagado por el espacio y puede malgastarlo como mejor le parezca.

Lo que me preocupa es su intrínseca idiotez. A cinco problemas similares, la misma respuesta: destrabar las inversiones. La misma idiotez que tiene la CONFIEP(*) cuando, en todas sus declaraciones públicas, desde la promulgación de la Ley Universitaria hasta la canonización de la salchicha huachana, apela a la misma perorata: a) se frenarían las inversiones, y b) se pone en riesgo la institucionalidad del país. Aunque hace poco utilizaron c) su entrevista pone en riesgo a la primera dama que es nuestra llave en Palacio, por lo general solo usan a) y b).

Como decía, es legítimo que los amigos de Rumbo Minero y la CONFIEP defiendan sus intereses. También es legítimo que no les interese la institucionalidad del país y que se hagan de la vista gorda con cada autoridad regional corrupta que conocen en tanto les permita seguir obteniendo utilidades. Es legítimo también que Alfonso García Miró se haya vuelto amigo de la primera dama, y que los conductores de Rumbo Minero vean a las regiones como islas guaneras.

Lo que me subleva es que sostengan su defensa como si fuésemos perros de Pavlov. ¿No pueden elaborar un poco más, inventar una segunda premisa para atar con la primera? ¿En serio creen que voy a salivar cada que las inversiones no están en riesgo? Por ejemplo, el presidente de la CONFIEP sostuvo que la Ley Universitaria “pone en riesgo las inversiones”. Entonces, si hubiese una educación pública de calidad y una educación privada que no sea una estafa, ¿tendríamos empresarios menos rústicos? ¿Tanta plata para tan poca idea?

Al final, terminé mi desayuno y terminó Rumbo Minero. Naturalmente, nadie llamó a contestar la pregunta sobre el Marco Macroeconómico Multianual. Y en la pista de mi cuadra no apareció Jimmy Chinchay.


(*) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP):http://www.confiep.org.pe/home

—-
Fuente: Publicado el 5 de mayo en la revista semanal Dedo Medio: http://www.dedomedio.com/politica/rumbo-minero/?fb_action_ids=856276181055731&fb_action_types=og.likes#


Paula Correa | Domingo 27 de abril 2014

Fuente: http://radio.uchile.cl

La transnacional canadiense Barrick, a cargo del proyecto minero Pascua Lama, y la estadounidense Newmont Mining Corp. intentaron fusionarse, lo que de haber prosperado hubiese significado la unión de los dos productores de oro más grandes del mundo. Una significativa caída del precio del metal, así como los diversos conflictos locales que deben enfrentar sus proyectos advierten un complejo escenario.

El lunes pasado se informó que los intentos de fusión entre las empresas Barrick Gold y Newmont Mining Corp. fracasaron. De haber fructificado el acuerdo, los dos gigantes, que cuentan con presencia en los cinco continentes, además de un alto porcentaje de la producción del oro a nivel internacional, habrían comenzado un proceso de reducción de costos y optimización de recursos, marcando una nueva etapa en el mercado del oro.

Pero, ¿cuál era la intensión de estos dos conglomerados? Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), sostuvo que esto es una respuesta a situaciones de especulación que se han dado en los últimos 10 a 15 años, y que hoy tienen al metal en una importante resaca a la baja.

“En este momento las principales compañías están en una situación de crisis producto de la baja del precio del oro. Pero especialmente porque este sector económico, de extracción del oro, está muy vinculado y es muy vulnerable por los procesos de especulación que se dan a nivel financiero y económico”, explicó.

Barrick y Newmont se caracterizan también por ser empresas muy agresivas en la explotación de sus proyectos en los países que se instalan. Newmont está en Perú, donde ha debido enfrentar importantes conflictos con su proyecto Yanacocha, en la localidad de Cajamarca.

 

Sin embargo, hoy la mayor conflictividad reconocida, incluso a nivel internacional, corresponde al proyecto Conga, en Celendín y también Cajamarca.

En Chile y Argentina, Barrick Gold enfrenta la oposición al proyecto binacional minero Pascua Lama, lo que ha profundizado su crisis económica.

El año pasado, con el cierre del proyecto decretado por los tribunales, sus acciones bajaron entre un 30 y 40 por ciento en las bolsas de Nueva York y Toronto. En cuanto a la pérdida patrimonial, se estima en ocho mil 500 millones de dólares, de los cuales cinco mil 500 estarían relacionados directamente con el caso Pascua Lama.

En ese sentido, Lucio Cuenca afirmó que, posiblemente, la crisis financiera es más grande que la posibilidad de enfrentarla a través de la fusión, lo que explicaría su fracaso.

Por su parte, el economista peruano José De Echave, subdirector de Cooperacción, coincidió en que, de todos los metales, el más ligado a las especulaciones es precisamente el oro.

Por ello, aseguró que la medida fue tomada ante la postura más conservadora de los inversionistas, aunque indicó que el capítulo de la fusión no se cierra con este primer fracaso de las conversaciones.

“No tengo la menor duda de que esto va a seguir. Lo primero es que en los últimos diez años un común denominar del sector minero a nivel global han sido los procesos de fusiones y también las absorciones de empresas menores. Esta ha sido una característica”, detalló.

Asimismo, aclaró que “cuando estamos hablando de dos operadores importantes, como es en este caso, evidentemente esto no se concreta en los primeros intentos. Existen muchos intereses y posiciones de accionistas, hay mucho en juego. Más bien lo normal es que los procesos duren, y duren muchos años”.

Como ex viceministro del Medioambiente del gobierno de Ollanta Humala, afirmó que mayoritariamente estos procesos se concretan, lo que en este caso aseguraría un control muy efectivo del mercado, dejando en una gran vulnerabilidad a las otras mineras. Pero advirtió que muchas veces aquello genera perjuicios a algunos proyectos, porque suele darse que un conglomerado exige su venta al otro.

Todo esto en medio de importantes movilizaciones en Perú, a propósito de los proyectos Yanacocha y Conga, paralelamente al complejo escenario judicial que enfrenta Pascua Lama en Chile, con una causa en plena revisión de los Tribunales Ambientales.