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Perú se alista para promover exploración de hidrocarburos no convencionales

MEM adaptará contratos para este tipo de recursos

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14:39. Lima, jul. 17. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció hoy que el Gobierno se está preparando para promover la exploración de recursos de gas y petróleo no convencionales en el país, sobre todo en el caso del denominado shale gas.

“Hay que hacer lo necesario para que las tecnologías (de exploración de dichos recursos) entren en aplicación y que también podamos en un mediano plazo conocer el potencial de estos recursos no convencionales que disponemos”, manifestó el titular del MEM, Eleodoro Mayorga.

Cabe anotar que en el país se han realizado descubrimientos de recursos no convencionales (shale gas) en el Lote 31E (perteneciente a Maple), en la selva central, que son yacimientos aún no explotados. El shale gas se encuentra en las rocas sedimentarias que están fuera del reservorio tradicional del gas natural.

Para impulsar esta exploración el ministro sostuvo que tenemos que hacer esfuerzos para repotenciar el trabajo de Perupetro (agencia estatal de promoción del sector hidrocarburos) y adaptar los contratos a los cambios que se necesitan, tanto para la exploración como para la confirmación de recursos convencionales y no convencionales.

Mayorga indicó que las modificaciones contractuales son necesarias debido a que la explotación de estos hidrocarburos requiere de tecnologías de extracción especializadas, así como de un procedimiento particular antes de realizar su comercialización.

“Eso implica que las condiciones contractuales bajo los cuales estos proyectos se desarrollan tienen que tener un tratamiento especial”, expresó Mayorga durante su discurso de inauguración del foro Avances en la Exploración y Explotación de Recursos No Convencionales, organizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Asimismo, resaltó que la explotación de estos recursos implica recabar una buena cantidad de información, comprobar los volúmenes in situ y conocer la variación de las características del reservorio y de distribución espacial de los hidrocarburos.

Comentó que en Estados Unidos se logró desarrollar el gas natural no convencional al observarse en los últimos años un alza sostenida del precio del gas natural común y de la cotización del barril de petróleo (superó los 100 dólares).

“La producción de shale gas en Estados Unidos ya representa el 32 por ciento de la producción (de gas) del país. Además el petróleo no convencional ha reemplazado la producción declinante del petróleo tradicional”, anotó.

En consecuencia, Mayorga enfatizó que el contexto de precios altos es favorable para el desarrollo de recursos no convencionales en el Perú.

Mientras tanto, añadió que el MEM empezará a delimitar este tipo de recursos que disponemos en nuestro país.

(FIN) RRP/JJN

 


Ollanta Humala (Foto: Perú 21)

Mediante una carta dirigida al presidente Ollanta Humala, más de 100 organizaciones internacionales que participan en el proceso de la negociación climática, expresaron su preocupación por las modificaciones ambientales incluidas en el “paquete reactivador” de la economía propuesto por el gobierno peruano.

En la misiva –que suscriben Oxfam, WWF International, Third World Network, Friends of the Earth (Europa, Estados Unidos, Reino Unido) y otros– señalan que la iniciativa gubernamental debilita las capacidades de fiscalización ambiental, los procesos de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica, así como los estándares de calidad ambiental.

“En un contexto de crisis climática global, donde se requieren acciones concretas y urgentes, esta propuesta constituye una muy mala señal, que es aún más grave considerando el rol de la presidencia peruana de la COP20″, manifestaron.

Las organizaciones invocaron al gobierno peruano a ejercer con coherencia nacional e internacional el encargo que el mundo le ha encomendado.

Agregaron que su aprobación constituye un grave retroceso para el Perú en materia ambiental, fortaleciendo una visión errada en la cual la fiscalización y regulación ambiental se perciben como limitantes de las inversiones.

Sobre el tema, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, reconoció que estas entidades están inmersas en la agenda ambiental mundial, pero su intervención no afecta al Perú en su papel de organizador de la COP 20.

RESPUESTA OFICIAL

Con respecto a las críticas de que el paquete económico puede afectar los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos, voceros del gobierno negaron esta posibilidad.

En la víspera, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señaló que un TLC puede ser pasible de sanciones cuando las medidas adoptadas incurren en discriminación o incumplen el principio de reciprocidad comercial, como en el caso con Estados Unidos.

“Cuando los acuerdos de comercio contienen restricciones a la disminución de la exigibilidad de normas ambientales, se señala que las sanciones son aplicadas cuando existe un ánimo discriminatorio para el comercio internacional”, dijo.

En tanto el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, sostuvo que el paquete económico no implica la reducción de los estándares ambientales enmarcados en los TLC que suscribió el país.
“A raíz de estos comentarios acerca de los TLC, debo precisar que tenemos provisiones relacionadas a medio ambiente solo en cuatro tratados: con Estados Unidos, Canadá, Corea y la Unión Europea, de los cuales solo el acuerdo con Estados Unidos tiene provisiones vinculantes”, indicó.

Por su parte, el jefe del Gabinete de Asesores del MEF, Alonso Segura, explicó que con la reducción temporal (3 años) de las multas ambientales a las empresas extractivas se quiere “evitar que el Estado se vaya al lado extremo de interferir indebidamente la conducción de actividades económicas”.’

La República

CARTA ENVIADA AL GOBIERNO PERUANO POR ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE LA COP20

Lima, 8 de Julio del 2014

Señor
Ollanta Humala Tasso
Presidente de la República del Perú
Presente.-
Asunto: Organizaciones de sociedad civil internacional piden coherencia a la Presidencia Peruana de la COP20.

De nuestra consideración,

Por medio de la presente reciba el saludo de las organizaciones abajo firmantes, las que nos dirigimos a usted en su condición de Jefe de Estado del Perú y, asimismo, de Presidente de la Conferencia de las Partes frente al Cambio Climático – COP20, para expresarle nuestra más alta preocupación por las medidas que viene promoviendo el Gobierno Peruano para la promoción de inversiones en el marco del Proyecto de Ley N° 3627/2013-PE, que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País.

Resulta de particular preocupación que dicho Proyecto promueva medidas que afectan la institucionalidad ambiental del Perú como los cambios en: a) las capacidades de fiscalización del Ministerio del Ambiente del Perú – MINAM y su Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA; b) los procesos de Ordenamiento Territorial y de Zonificación Económica y Ecológica en el país; c) los protocolos y tiempos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental – EIA, d) en el proceso de creación de Zonas Reservadas y Áreas Naturales Protegidas –ANP, así como e) la flexibilización de los criterios para establecer Límites Máximos Permisibles – LMP y Estándares de Calidad Ambiental– ECA.

Consideramos que dichas medidas constituyen un grave retroceso para el Perú en el campo ambiental, e instamos al Gobierno Peruano a reconsiderar y retirar esta iniciativa.

En un contexto de crisis climática global, donde se requieren acciones concretas y urgentes, esta propuesta constituye una muy mala señal, que es aún más más grave considerando el rol de la Presidencia Peruana de la COP20. El Proyecto de Ley permite premiar a quienes no cumplen con las normas ambientales vigentes en el país y cede ante la fuerte presión de actores económicos por flexibilizar los estándares y facilitar la expansión de los sectores del gas, petróleo y minería, cuyo impacto en relación al medio ambiente; incluyendo el fenómeno del Cambio Climático; es ampliamente conocido. Estas presiones ocurren también en el marco de la negociación climática global y se espera que la Presidencia Peruana de la COP20 asuma un liderazgo que logre neutralizar esta influencia, la que constituye un serio obstáculo para lograr los avances que el mundo requiere hacia el nuevo Acuerdo Climático Global.

La orientación de las reformas en Perú es de alta preocupación para nosotros, ya que fortalecen una visión errada en la cual la fiscalización y regulación ambiental se perciben como limitantes de las inversiones y dinamización de las economías. Este es un momento histórico en el cual los países reconocen a la institucionalidad ambiental y el respeto a un ambiente sano como condiciones fundamentales para el desarrollo de nuestros países sobre la base de la gobernabilidad y uso sostenible de los recursos naturales. En el contexto de la lucha global contra el cambio climático esta es una visión que debemos promover juntos de cara a lograr avances en la negociación climática.

Este sensible contexto requiere del Perú un liderazgo consistente que debe expresarse en la coherencia interna para el desarrollo de sus políticas ambientales y el hacer frente al cambio climático. Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado al Gobierno Peruano para demostrar un liderazgo global fuerte en materia ambiental tanto interna como externamente y conducir de esta manera a las naciones del mundo hacia una COP20 productiva y memorable.

Agradeciendo de antemano su atención, y reiterando nuestro compromiso por promover un Acuerdo Climático Global ambicioso, justo y equitativo.

Atentamente,

Suscriben:

País

1. Actions Communautaires pour le Development Integral (Congo)
2. Alamanga (Francia)
3. All Nepal Peasants Federation (Nepal)
4. Amigos de la Tierra España (España)
5. Asociación Ambientalista Mayu Sumaj (Argentina)
6. Association Québécoise de Lutte contre la Pollution Atmosphériques -AQLPA (Canadá)
7. Ateneo School of Government (Filipinas)
8. Australian Conservation Foundation (Australia)
9. ACEER Cusco (Perú)
10. ACEMAA (Perú)
11. Bangladesh Krishok Federation (Bangladesh)
12. Bianca Jagger Human Rights Foundation (Estados Unidos)
13. Birdbusta Marketing (Australia)
14. Both ENDS (Netherlands)
15. Brown University (Estados Unidos)
16. Burness Communications (Estados Unidos)
17. CATAPA (Bélgica)
18. Catherine Money Consulting (Australia)
19. CCTNE (Reino Unido)
20. Center for International Environmental Law – CIEL (Estados Unidos)
21. Centre National de Coopération au Développement – CNCD 11.11.11 (Bélgica)
22. Centro Alexander Von Humboldt (Nicaragua)
23. Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES (Uruguay)
24. Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (México)
25. Climate Action Monaro (Australia)
26. Climate Action Network Tanzania (Tanzania)
27. Climate Action Network Uganda (Uganda)
28. Climate Change Network Nigeria (Nigeria)
29. Climate Justice Programme (Australia)
30. Coalition of the Flemish North-South Movement – 11.11.11 (Bélgica)
31. Comision Justicia y Paz (Bélgica)
32. Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras CONPAH (Honduras)
33. Consejo Nacional de la Mujer Indígena – CONAMI (Argentina)
34. Consumers Addociation of Penang (Malaysia)
35. Costa Rica Limpia (Costa Rica)
36. Digital Democracy (Estados Unidos)
37. EADES SAS (Colombia)
38. EC (Bélgica)
39. EcoEquity (Estados Unidos)
40. Ecological Christian Organisation -ECO (Uganda)
41. Eco-worriers (Reino Unido)
42. Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas Región Sur – ECMIARS (América del Sur)
43. Entraide & Fraternité (Bélgica)
44. Environmental Investigation Agency -EIA (Estados Unidos)
45. FECODESA- CIPRES (Nicaragua)
46. Foundation for Environment and Agriculture (Bulgaria)
47. Freedom from Debt Coalition – Women’s Committee (Filipinas)
48. Friends of the Baltic (Rusia)
49. Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland (Reino Unido)
50. Friends of the Earth Europe (Europa)
51. Friends of the Earth Malaysia (Malaysia)
52. Friends of the Earth US (Estados Unidos)
53. Friends of the Siberian Forests (Rusia)
54. FUCEERA (Argentina)
55. Fundación Biosfera (Argentina)
56. Fundación Popol Na (Nicaragua)
57. Global Alliance for Incinerator Alternatives- GAIA (International)
58. Green Impact International (Nigeria)
59. Iceland Nature Conservation Association (Iceland)
60. Informationsstelle Peru E.V. (Alemania)
61. Iniciativa Construyendo Puentes – Redes Latinoamericana frente al Cambio Climático (América Latina)
62. Iniciativa Radial (Argentina)
63. Instituto de Derecho Ambiental de Honduras-IDAMHO (Honduras)
64. International Tribal Association (Estados Unidos)
65. ITDP México (México)
66. Jubilee South – Asia/Pacific Movement on Debt and Development (Filipinas)
67. Jugendbündnis Zukunftsenergie (Alemania)
68. Justicia Climática República Dominicana (República Dominicana)
69. Keyhaven Pty Ltd. (Australia)
70. Labor, Health and Human Rights Development Centre (Nigeria)
71. Legambiente (Italia)
72. MHN – Cusco (Perú)
73. Misioneros de Maria Inmaculada (Italia)
74. MNGR (Nicaragua)
75. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC (Perú)
76. Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
77. Museo de Historia Natural del Cusco, Universidad Nacional San Antonio Abad (Perú)
78. New York Climate Action Group (Estados Unidos)
79. New Zealand Youth Delegation (Nueva Zelanda)
80. NGO Coalition for Environment -NGOCE (Nigeria)
81. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL (América Latina)
82. Omilacombe (Canadá)
83. OXFAM (International)
84. Pacific Calling Partnership (Australia)
85. Peru Support Group (Reino Unido)
86. PUIC-UNAM sede Oaxaca (México)
87. Rainforest Relief (Estados Unidos)
88. Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE (Perú)
89. RENACAMIH (Honduras)
90. Save (Francia)
91. Sierra Club (Estados Unidos)
92. St-John River Watershed Organization (Canadá)
93. Sustainable Population Australia (Australia)
94. SustainUS (Estados Unidos)
95. Taiwan Environmental Protection Union (Taiwán)
96. Tcktcktck (Estados Unidos)
97. Tebtebba -Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education (Filipinas)
98. Third World Network – TWN (International)


Perú: Juez en carcela a Gobernador opositor a la mina de Newmont en medio de escandalo

Por: John Quigley Jun 25, 2014 9:09 PM GMT-0500

Texto adaptado por Blog MI MINA CORRUPTA
El gobernador que apoyó las protestas contra el proyecto de oro Minas Conga de Newmont Mining Corp. (NEM) en Perú, fue sentenciado a 14 meses de prision, en medio de un escandalo alegados a  funcionarios de su gobierno aceptaron sobornos, informó la agencia estatal de noticias, Andina.
El juez Mercedes Caballero autorizó la detención del gobernador de Cajamarca Gregorio Santos, mientras los fiscales preparan su caso, Andina informó hoy (25.07.2014). La oficina principal del gobierno del estado y jefe de asesores de Santos, Cesar Abanto, no respondio a las llamadas telefónicas realizadas después de las horas de oficina, en busca de comentarios sobre la detención y la respuesta a las alegaciones.
Newmont y su socio local de la CIA. de Minas Buenaventura SAA han pospuesto las obras del proyecto, valorizado en 5 mil millones dólares respecto al proyecto proyecto Minas Conga en Cajamarca desde el 2012, luego de que los agricultores, organizaron protestaran por su impacto en los suministros de agua. Santos, quien dijo en 2011 y 2012, el proyecto no era viable ambientalmente, ahora no será capaz de correr a la reelección, posiblemente permitiendo a las empresas mineras para reactivar proyectos en la region, dijo César Pérez-Novoa, jefe de investigación de BTG Pactual en Santiago.
“Potencialmente se podría desbloquear las inversiones en la región, y por supuesto, Minas Conga”, dijo Pérez-Novoa por teléfono. “Si la percepción de los cambios de riesgo como resultado, se activará el despliegue de capital, los cuellos de botella de algunos proyectos mineros y aumentar el incentivo para la exploración.”
El gobernador no ha sido declarado culpable de un delito y se encuentra en una celda de detención temporal, informó Andina en su edición digital.
Un ex maestro de escuela que está en el último año de su mandato de cuatro años, Santos negó las acusaciones en una entrevista el 16 de mayo en el periódico La República. Su partido, el Movimiento por la Afirmación Social, lo registró esta semana como su candidato para postularse a la reelección el 05 de octubre.
Newmont y Buenaventura están considerando planes para desarrollar Conga como una mina más pequeña de lo previsto inicialmente, el director general de Buenaventura , Roque Benavides, dijo a la prensa el 22 de mayo. La construcción de la mina depende de la obtención de apoyo político y de la comunidad, dijo.
Newmont subió un 0,8 por ciento a 24,88 dólares hoy en Nueva York y Buenaventura aumentó un 0,1 por ciento a 10,68 dólares.
Para contactar con el reportero en esta historia: John Quigley en Lima ajquigley8@bloomberg.net
Para ponerse en contacto con los editores responsables de esta historia: Andre SOLIANI enasoliani@bloomberg.net Randall Woods, Fred Strasser

Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos del proyecto minero La Colosa, aseguró que la compañía no tiene ninguna posición u opinión relacionada con una posible solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.

Luego de que se conociera la pretensión de la Administración seccional, la Personería de Ibagué y otras organizaciones de llevar hasta instancias internacionales la discusión sobre la conveniencia del proyecto minero La Colosa, existe un precedente que podría ser clave para ese propósito.

Se trata del megaproyecto minero Conga, que se desarrolla en zona de influencia de Cajamarca, Perú, población que de manera coincidente, lleva el mismo nombre de la ‘Despensa agrícola de Colombia’.

Representantes del movimiento Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, en esa población Inca, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la protección de 46 líderes que se oponen al desarrollo de actividades mineras en su territorio.

La solicitud efectuada en 2011 generó sus frutos en mayo de este año, cuando la Cidh otorgó la medida cautelar a 46 líderes de la comunidad.

Ello obligó al estado peruano a ordenar medidas de protección para los opositores de la iniciativa, entre los que se encuentran población campesina e indígena.

Aunque el proyecto minero Conga se desarrolla a miles de kilómetros de la Cajamarca colombiana, la medida cautelar otorgada por la Comisión podría servir como asidero jurídico de los opositores al proyecto minero La Colosa, que se ubica a solo 14 kilómetros del casco urbano del municipio tolimense.

Panorama internacional

En una reunión efectuada entre el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón; y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, se determinaron los posibles efectos que, según ellos, generaría el proyecto que está en etapa de exploración.

Los dos funcionarios advirtieron que el proyecto de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) podría afectar las fuentes hídricas y el medio ambiente, y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.

Las dos advertencias no representan una novedad, de hecho podrían parecer conclusiones trilladas si se revisan los antecedentes y la oposición que ha causado entre varios sectores de la ciudadanía tolimense el proyecto minero de AGA.

Sin embargo, las dos podrían servir como argumentos para la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, como opina Juan Diego Gómez Vásquez, secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una organización de carácter sindical.

Según él, quien estuvo en la reunión del Gobernador y el Personero, con la explotación en La Colosa se violarían derechos colectivos fundamentales, que incluye recursos tan preciados como el agua.

A eso, se suma el caso de la consulta popular de Piedras, que según Gómez Vásquez, “hace parte del derecho de la actividad pública para convocar consultas populares, en el que los ciudadanos deciden si es adecuado o no aceptar el proyecto”, lo cual podría ser materia de protección por la Comisión.

En términos generales, lo que se pretende es que esas posibles violaciones a los derechos de la población sean protegidos por la CIDH, mediante una medida cautelar, situación que según el líder, puede gestarse con base en el caso del proyecto Conga de Perú.

Pero para ello, el Secretario del PSI reconoce que el caso del proyecto en Cajamarca, Tolima debe ser analizado desde ámbitos más amplios, por lo que para octubre de este año se prevé organizar y llevar a cabo un Foro internacional.

En él, participarían representantes de comunidades que han tenido que convivir cerca de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto como está planteado en el proyecto minero de La Colosa.

“Lo que queremos es propiciar un intercambio de experiencias entre la resistencia y la lucha que han tenido que dar las comunidades organizadas de Cajamarca, Perú, y toda la región (Tolima)”, afirmó.

Medidas cautelares

De acuerdo con la definición de la Cidh, “lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”. En cuanto a quienes pueden solicitar el mecanismo, la Cidh precisa que: “estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables”.

Estudiando el caso
Juan Diego Gómez Vásquez asegura que se está pendiente de analizar junto a algunos especialistas que han puesto casos ante la Cidh, el proceso para llevar ante la Comisión la situación de La Colosa.

Con respecto al caso específico del megaproyecto de AGA en el Cajamarca, el líder sindical afirmó que “hay varios derechos que están en juego”, y que darían lugar a presentar la solicitud ante la Cidh.

“El derecho fundamental al agua como derecho humano, el derecho a la seguridad alimentaria que se va a ver de alguna manera lesionada con el proyecto que tienen en La Colosa.

“Y el tercero, es el derecho de los pueblos de decidir por sí mismos, y que se tengan en cuenta ya decisiones tomadas por algunas comunidades, como en Piedras que le ha dicho ‘no’, mediante una consulta popular, al megaproyecto en la región”, explica Gómez Vásquez.

Y agregó que, “(…) la Comisión fácilmente puede estudiar esto, estos derechos fundamentales que están siendo violentados (…)”, aunque reconoció que no se tiene aún certeza de cómo y quién podría efectuar la solicitud de medidas cautelares, pero están explorando alternativas. Es de recordar, que de acuerdo con el reglamento de la CIDH (Ver medidas cautelares), cualquier ciudadano, comunidad, autoridad pública o ente puede solicitar ante el organismo la activación de ese mecanismo.

Un antecedente incómodo

Las comparaciones son odiosas, sin embargo, para Juan Diego Gómez Vásquez el caso del megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Perú, no dista mucho del de La Colosa que se pretende ejecutar en el Tolima.

Aparte de afectar poblaciones que tienen el mismo nombre, Cajamarca, ambas iniciativas son de minería a gran escala y en ambos existe oposición de varios sectores de la comunidad.

De ahí parte la posibilidad planteada por Gómez Vásquez, quien opina que el caso de AGA en el Tolima no es exclusivo del Departamento, sino general, por lo cual, afirma, debe ser llevado a una discusión en escenarios mundiales.

En el caso del proyecto Conga, el líder resalta la unión y la organización de la comunidad con las autoridades públicas y las organizaciones sociales, para hacerle frente, según él, a los efectos nocivos que les ha generado el proyecto.

Y es que la petición formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en diciembre de 2011, se registró por varios motivos, que hicieron posible el otorgamiento de la medida cautelar.

Entre ellos, se enumeran una serie de agresiones contra los ‘antimineros’, como son denominados en Perú los opositores al proyecto minero Conga.

La CIDH, en su Resolución 9/2014, del 5 de mayo de 2014, que determina la medida cautelar, señala que la comunidad (campesinos e indígenas) que se ha opuesto al proyecto, se encuentra en “situación de riesgo”.

De acuerdo con el organismo con sede en Washington, en el caso del megaproyecto minero Conga, se cumplen tres requisitos fundamentales para otorgar la medida cautelar: gravedad, urgencia e irreparabilidad.

En el documento se habla de “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo”.

Asimismo, la Cidh en la Resolución considera que el requisito de urgencia se cumple “en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo”.

En referencia al tercer requisito, el de irreparabilidad, la Comisión estima que también se cumple, debido a “la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.

¿Puede parar ‘la locomotora’?

No obstante, y aunque para los grupos opositores del proyecto Conga fue un éxito el fallo de la Comisión, habría que mirar si un fallo de la Cidh puede ‘parar’ o evitar que un proyecto como el de La Colosa no se ejecute.

En el caso del megaproyecto minero Conga, no solo se solicitó la protección de las comunidades que se oponen a la extracción de oro, plata y cobre, en Cajamarca.

También se pidió la protección del territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y esa solicitud efectuada ante la CIDH en 2012, sigue su trámite por otra vía.

Así las cosas, la Comisión no ha tomado una decisión acerca de esa petición, con la que se exigiría al estado peruano que no otorgue los permisos para la continuación del proyecto Conga, que podría ser cancelado.

Eso, en últimas, constituye el tema de fondo en el conflicto minero de Cajamarca (Perú), porque es el objetivo que persiguen los denomina dos antimineros peruanos. En cuanto al caso del proyecto La Colosa, por ahora se están pensando en solicitar medidas ca utelares para la protección de los derechos colectivos de las comunidades que se oponen a la iniciativa de AGA.

Pero así como en Cajamarca, Perú, habría que esperar si una solicitud que contenga la protección de recursos como el agua, y el resguardo de la seguridad alimentaria y el medio ambiente, podría por ende ‘parar’ la ejecución de un proyecto minero a gran escala.

La Colosa está catalogada como uno de los 10 proyectos mineros más grandes del mundo, con el que se prevé la explotación de una reserva de oro que supera los 35 millones de onzas.

Según Gómez Vásquez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto.

Y, de manera adicional, opina que propiciaría que las comunidades formularan una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y el derecho a decidir si desean o no la ejecución de proyectos como el planteado para La Colosa.

“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales”, añade el Secretario.

Por ahora, lo único cierto es que una solicitud ante la Cidh es cada vez más factible en el caso de La Colosa, debido a antecedentes como los del Perú. Sin embargo, habría que esperar si un fallo de ese organismo puede detener el embate de un proyecto que es impulsado por la denominada ‘locomotora minera’, que es una de las banderas mejor cuidadas dentro de la actual política económica del Gobierno nacional.

Fuente: El Nuevo Dia – http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/223450-el-antecedente-en-la-cidh-que-incomoda-al-proyecto-minero-la-colosa


 
Editorial Noticias SER
PUBLICADO: 2014-06-19

Los recientes anuncios hechos por el ministro de Economía sobre un paquete de medidas que buscan frenar la desaceleración económica parecen ser una victoria más de los gremios empresariales que han realizado una intensa campaña mediática en contra de un conjunto de normas y políticas que forman parte de las competencias del Ministerio del Ambiente y que han sido englobadas, junto con otras normas, bajo el término de la “permisología”.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado por el gobierno de Alan García en el año 2008, sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, como parte de un paquete de decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que se dieron para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como TLC. Es decir, nació como consecuencia de dicha negociación y no necesariamente como producto de la voluntad política de dicho gobierno.

Es bueno señalar que desde su creación hasta la fecha, los tres ministros que han estado a cargo del sector, Antonio Brack, Ricardo Gisecke y Manuel Pulgar Vidal, buscaron –con diferente ritmo y no siempre con la firmeza que se requería- el desarrollo de un conjunto de normas y políticas que permitieran cumplir con el objetivo central del MINAM que es “la conservación del ambiente y el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales”. Y es por esta razón, desde el momento mismo de su creación, que el sector ha sido visto como una amenaza a los intereses de algunas empresas que se resisten a que en nuestro país existan estándares ambientales de calidad; empresas que además han sido sancionadas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por diversas razones.

El problema es que no solo los gremios empresariales han estado en contra de las políticas del sector, al que ya habían logrado mediatizar frenando la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE), sino que incluso algunos ministros del actual gabinete, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se han convertido en los principales enemigos del MINAM llegando a afirmar que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha declarado al diario El Comercio que “Hay trámites que demoran mucho tiempo por aspectos burocráticos, que entorpecen proyectos convenientes para el país”, refiriéndose a los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.

Es por ello que se anuncia dentro del paquete de normas medidas tales como la reducción de las competencias del MINAM en relación a las labores de fiscalización de la OEFA, a la creación de zonas reservadas o al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental que ahora requerirían del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual neutralizaría totalmente al Ministerio del Ambiente, convirtiendo al sector en un mero tramitador. Todo ello cuando los ojos del mundo se posan sobre nuestro país que se prepara a recibir a la cumbre mundial sobre el cambio climático – COP 20.

Por esta razón, Noticias SER quiere expresar su rechazo al conjunto de medidas que viene anunciando el gobierno del presidente Ollanta Humala porque, más que resolver los problemas que afectan a nuestra economía lo único que harán será resolver los problemas de algunas empresas, y sobre todo porque su aprobación significará la partida de defunción del Ministerio del Ambiente y la desprotección total de nuestros recursos naturales.

 



Por Carlos León Moya

El sábado por la mañana, mientras desayunaba, vi “Rumbo Minero”.

No fue adrede: decidí prender el televisor para ver cualquier cosa, y al hacerlo apareció en Canal N. Dado que conducía Jimmy Chinchay, que parece el pata de tu barrio con el que jugabas metegol-tapa los domingos, no cambié de canal.

Pero a los minutos todo cambió. El fondo se volvió azul, los conductores se volvieron blancos. Estos eran duros, pesados, sin gracia. Miradas de gamonal, espíritu de patrón. Si Jimmy Chinchay era el que ponía los ladrillos para armar el arco, estos señores son los que enrejan la calle, no te devuelven la pelota y llaman a Serenazgo para que te boten de su calle.

Eran los mineros.

Aunque es un programa predecible (vamos, ¿qué se puede esperar de un grupo de señorones que contratan el espacio a un canal por cable, sino hacer propaganda de sí mismos y sus actividades?), algunas cosas me sorprendieron ayer.

Primero, su forma robótica. ¿Acaso la única forma de parecer serio en el Perú es parecer tecnócrata, y la única forma de alcanzarlo es parecer un robot? Pienso en varios casos y da la impresión que sí. Acaso Ken, también conocido como Juan José Garrido Koechlin, llevó el paradigma del robot a nuevos espacios, pero no es el único. La fórmula es simple: un terno, el pelo con gomina, la mirada seria, rigidez corporal y un tema económico. El resultado de la ecuación: parece serio. Ya no importa tu mucho sesgo ideológico y tu poca evidencia empírica: ahora puedes ponerte a hablar huevadas a discreción.

Segundo, lo monopensantes e idiotas que pueden ser. Apenas iniciado el programa, los conductores lanzaron una divertida pregunta al aire para que su fiel público colapse las líneas telefónicas con sus respuestas.

La pregunta era algo así: el último Marco Macroeconómico Multianual proyecta que el 2015 creceremos, digamos, en 5%. Pero a fines de este año tenemos elecciones regionales, provinciales y distritales, donde podríamos elegir a autoridades cacasenas, serranos bloqueapistas, cajamarquinos anti-modernidad y dirigentes de Movadef que en su tiempo libre hacen pintas de Patria Roja. ¿Usted cree que, si en lugar de los anteriores escogemos autoridades regionales dispuestas a apoyar la inversión privada, podríamos crecer más que lo proyectado por el Marco Macroeconómico Multianual?

No me ofende, para nada, el sesgo detrás de la pregunta. A fin de cuentas, la Sociedad Nacional de Minería ha pagado por el espacio y puede malgastarlo como mejor le parezca.

Lo que me preocupa es su intrínseca idiotez. A cinco problemas similares, la misma respuesta: destrabar las inversiones. La misma idiotez que tiene la CONFIEP(*) cuando, en todas sus declaraciones públicas, desde la promulgación de la Ley Universitaria hasta la canonización de la salchicha huachana, apela a la misma perorata: a) se frenarían las inversiones, y b) se pone en riesgo la institucionalidad del país. Aunque hace poco utilizaron c) su entrevista pone en riesgo a la primera dama que es nuestra llave en Palacio, por lo general solo usan a) y b).

Como decía, es legítimo que los amigos de Rumbo Minero y la CONFIEP defiendan sus intereses. También es legítimo que no les interese la institucionalidad del país y que se hagan de la vista gorda con cada autoridad regional corrupta que conocen en tanto les permita seguir obteniendo utilidades. Es legítimo también que Alfonso García Miró se haya vuelto amigo de la primera dama, y que los conductores de Rumbo Minero vean a las regiones como islas guaneras.

Lo que me subleva es que sostengan su defensa como si fuésemos perros de Pavlov. ¿No pueden elaborar un poco más, inventar una segunda premisa para atar con la primera? ¿En serio creen que voy a salivar cada que las inversiones no están en riesgo? Por ejemplo, el presidente de la CONFIEP sostuvo que la Ley Universitaria “pone en riesgo las inversiones”. Entonces, si hubiese una educación pública de calidad y una educación privada que no sea una estafa, ¿tendríamos empresarios menos rústicos? ¿Tanta plata para tan poca idea?

Al final, terminé mi desayuno y terminó Rumbo Minero. Naturalmente, nadie llamó a contestar la pregunta sobre el Marco Macroeconómico Multianual. Y en la pista de mi cuadra no apareció Jimmy Chinchay.


(*) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP):http://www.confiep.org.pe/home

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Fuente: Publicado el 5 de mayo en la revista semanal Dedo Medio: http://www.dedomedio.com/politica/rumbo-minero/?fb_action_ids=856276181055731&fb_action_types=og.likes#


Paula Correa | Domingo 27 de abril 2014

Fuente: http://radio.uchile.cl

La transnacional canadiense Barrick, a cargo del proyecto minero Pascua Lama, y la estadounidense Newmont Mining Corp. intentaron fusionarse, lo que de haber prosperado hubiese significado la unión de los dos productores de oro más grandes del mundo. Una significativa caída del precio del metal, así como los diversos conflictos locales que deben enfrentar sus proyectos advierten un complejo escenario.

El lunes pasado se informó que los intentos de fusión entre las empresas Barrick Gold y Newmont Mining Corp. fracasaron. De haber fructificado el acuerdo, los dos gigantes, que cuentan con presencia en los cinco continentes, además de un alto porcentaje de la producción del oro a nivel internacional, habrían comenzado un proceso de reducción de costos y optimización de recursos, marcando una nueva etapa en el mercado del oro.

Pero, ¿cuál era la intensión de estos dos conglomerados? Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), sostuvo que esto es una respuesta a situaciones de especulación que se han dado en los últimos 10 a 15 años, y que hoy tienen al metal en una importante resaca a la baja.

“En este momento las principales compañías están en una situación de crisis producto de la baja del precio del oro. Pero especialmente porque este sector económico, de extracción del oro, está muy vinculado y es muy vulnerable por los procesos de especulación que se dan a nivel financiero y económico”, explicó.

Barrick y Newmont se caracterizan también por ser empresas muy agresivas en la explotación de sus proyectos en los países que se instalan. Newmont está en Perú, donde ha debido enfrentar importantes conflictos con su proyecto Yanacocha, en la localidad de Cajamarca.

 

Sin embargo, hoy la mayor conflictividad reconocida, incluso a nivel internacional, corresponde al proyecto Conga, en Celendín y también Cajamarca.

En Chile y Argentina, Barrick Gold enfrenta la oposición al proyecto binacional minero Pascua Lama, lo que ha profundizado su crisis económica.

El año pasado, con el cierre del proyecto decretado por los tribunales, sus acciones bajaron entre un 30 y 40 por ciento en las bolsas de Nueva York y Toronto. En cuanto a la pérdida patrimonial, se estima en ocho mil 500 millones de dólares, de los cuales cinco mil 500 estarían relacionados directamente con el caso Pascua Lama.

En ese sentido, Lucio Cuenca afirmó que, posiblemente, la crisis financiera es más grande que la posibilidad de enfrentarla a través de la fusión, lo que explicaría su fracaso.

Por su parte, el economista peruano José De Echave, subdirector de Cooperacción, coincidió en que, de todos los metales, el más ligado a las especulaciones es precisamente el oro.

Por ello, aseguró que la medida fue tomada ante la postura más conservadora de los inversionistas, aunque indicó que el capítulo de la fusión no se cierra con este primer fracaso de las conversaciones.

“No tengo la menor duda de que esto va a seguir. Lo primero es que en los últimos diez años un común denominar del sector minero a nivel global han sido los procesos de fusiones y también las absorciones de empresas menores. Esta ha sido una característica”, detalló.

Asimismo, aclaró que “cuando estamos hablando de dos operadores importantes, como es en este caso, evidentemente esto no se concreta en los primeros intentos. Existen muchos intereses y posiciones de accionistas, hay mucho en juego. Más bien lo normal es que los procesos duren, y duren muchos años”.

Como ex viceministro del Medioambiente del gobierno de Ollanta Humala, afirmó que mayoritariamente estos procesos se concretan, lo que en este caso aseguraría un control muy efectivo del mercado, dejando en una gran vulnerabilidad a las otras mineras. Pero advirtió que muchas veces aquello genera perjuicios a algunos proyectos, porque suele darse que un conglomerado exige su venta al otro.

Todo esto en medio de importantes movilizaciones en Perú, a propósito de los proyectos Yanacocha y Conga, paralelamente al complejo escenario judicial que enfrenta Pascua Lama en Chile, con una causa en plena revisión de los Tribunales Ambientales.


Lea “¡La catástrofe climática está a la vuelta de la esquina!”, la columna de Álvaro Durand
 
Por: Alvaro Durand – @alvarodurand 
 
El cambio climático es real y los responsables somos nosotros. No lo digo yo. Lo dice el 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, o IPCC por sus siglas en inglés.

Si no quieres leer las más de mil páginas escritas por más de doscientos cincuenta científicos de treinta y nueve países (y otros mil expertos que revisaron el informe antes de su publicación en setiembre de 2013), aquí te canto las principales conclusiones.

Los científicos del IPCC consideran que el 95% de la evidencia señala que el principal responsable del calentamiento global generado en los últimos sesenta años es el ser humano. Sí, tú y tus actividades contaminantes.

Los expertos también coinciden en que si no disminuimos drásticamente nuestras emisiones de CO2 (la quema de energías fósiles principalmente), la depredación de los recursos, el consumo desmedido y el mal manejo de los desechos, un aumento de dos grados centígrados en la temperatura sería inevitable hacia finales de siglo, lo que resultaría en trastornos climáticos incontrolables.

El deshielo de los casquetes polares inundaría ciudades enteras y cambiaría los ecosistemas del mundo. Especies enteras desaparecerían. Los desplazados climáticos se contarían por millones. En el nuevo escenario, las catástrofes climáticas de gran magnitud, o lo que antes llamábamos tormentas del siglo, podrían asolarnos cada veinte años. De hecho, ya hemos visto algunas. ¿O creías que el huracán Katrina o el vórtice polar que azotó Nueva York hace poco fueron eventos aislados?

El panorama para América Latina también es sombrío. El Perú, por ejemplo, a pesar de que emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero, es el tercer país más vulnerable frente a los efectos del cambio climático. Los sectores más afectados serán la agricultura, la pesca y el turismo. Las inundaciones y sequías van a afectar negativamente la producción de maíz, papa y arroz, parte de la canasta básica familiar.

Y es que somos uno de los países con mayor diversidad biológica. Poseemos 27 de los 32 climas del mundo, 84 de las 104 zonas de vida en el planeta, el 71% de los glaciares tropicales del mundo y el segundo bosque amazónico más grande después de Brasil, entre otras riquezas ecológicas que entrelazan la economía y nuestras vidas al clima.

Sin embargo, Lima se sigue moviendo con un parque automotor obsoleto que contamina el aire con niveles de azufre que superan el 472% y continúa desaguando sus desperdicios en el mar que baña sus costas. La ciudad de La Oroya se mantiene inscrita en la penosa lista de las diez ciudades más contaminadas del planeta y en la selva la minería ilegal sigue talando bosques vírgenes y derramando mercurio, plomo y arsénico en los ríos.

Muchas empresas formales también contaminan la tierra, a sus habitantes y al agua que consumen, y luego son blindadas desde la CONFIEP y la cartera de Energía y Minas. Así funciona la vaina en el Perú.

Si no, pregúntenle a la minera Yanacocha por el derrame de mercurio en Choropampa hace quince años, o su reciente intento por secar las cabeceras de cuenca en Conga y las muertes que ya va sumando su proyecto. Preguntemos a la OXY y a Pluspetrol por lo sucedido en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en el norte de Loreto. Y preguntemos nuevamente a Pluspetrol por el derrame de crudo en territorio de la etnia Kokama, en el lote 8x, en pleno Parque Nacional Pacaya Samiria.

Pero también preguntemos a la candiense Pacific Rubiales cómo ha logrado detener la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor en la frontera con el Brasil. Y al grupo Palmas, de Dionisio Romero, por las más de veinte mil hectáreas de bosques primarios que pretende arrasar en Loreto para sembrar palma aceitera en nombre del desarrollo y de los cultivos alternativos. ¿Informarán sobre las toneladas de CO2 que se liberan con la deforestación?

Preguntemos, pues, al expresidente Alan García por la demencial concesión del 70% de nuestra selva para la extracción de hidrocarburos y el cultivo de biocombustibles. La sabanización de la Amazonía a la vuelta de la esquina.

Mientras tanto, los imponentes glaciares en la cordillera retroceden y el agua en Lima ya empieza a escasear. En la costa norte la sequía y la desertificación comienzan a enterrar pueblos como San Pedro de Lloc. El verano ahora es más caliente y la piel duele si la expones mucho tiempo al sol. En el Cusco, el patrón de las lluvias ha cambiado para siempre. Durante el invierno, la helada golpea más fuerte y con mayor frecuencia. Ahora caen más huaycos, los ríos se desbordan más a menudo y hay más inundaciones. Todo está conectado.

En ese sentido, debemos implementar medidas de mitigación y de adaptación, atraer fondos financieros y de investigación, así como invertir en sistemas de información. Pero también es fundamental empezar la transición hacia energías limpias y renovables. Más allá de la energía hídrica, en Arequipa y Puno tenemos un enorme potencial para almacenar energía solar. En la costa norte y sur el viento es favorable para promover la energía eólica. Y desde Cajamarca hasta Tacna tenemos identificadas 156 fuentes de energía geotérmica.

Si el Perú tiene una oportunidad para poner estos temas en la agenda mundial, esa oportunidad única se va a dar en diciembre de este año durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20), la cumbre climática que se celebrará en Lima durante dos semanas con la participación de doce mil representantes de 194 países y varias organizaciones indígenas que podrían definir el futuro del planeta.

Desgraciadamente, las señales desde el gobierno no son positivas. El jueves de la semana pasada, el mismo día en que el empeñoso Ministerio del Ambiente lanzaba la campaña “Pon de tu parte – Compromisos por el Medio Ambiente”, Eleodoro Mayorga, el nuevo ministro de Energía y Minas, nos traía de vuelta a la realidad en su primera declaración pública. El flamante ministro anunció un nuevo reglamento de hidrocarburos en el que se eliminan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la sísmica petrolera, a cambio de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el equivalente a una simple declaración jurada. Así las cosas, parece broma que el año 2014 haya sido designado por el gobierno peruano como el Año de la Promoción de la Industria Responsable y el Compromiso Climático.

Esperemos que el presidente resuelva esta crisis teniendo en cuenta la cita histórica a la que nos han comprometido nuestros gobernantes y la catástrofe climática que finalmente ellos han ayudado a generar.


El empresario y actual candidato a la alcaldía de Cajamarca, Rodolfo Ortiz, denunció haber sido víctima de una millonaria extorción por parte de funcionarios de minera Yanacocha

Rodolfo Ortiz, propietario de la empresa Seltec, la cual realiza trabajos para yanacocha, sostiene que a inicios de este año, al asumir la gerencia, descubre una pérdida de más de 900 mil soles

Ortiz investigó las causas de la millonaria pérdida y descubrió que se debía al pago de cupos que su empresa había estado realizando a un grupo de funcionarios de la empresa minera por los trabajos realizados en Yanacocha

Es entonces cuando el empresario, cansado de las extorciones, decide poner en evidencia los cobros indebidos de los trabajadores mineros y decide grabar las conversaciones.

Los funcionarios identificados como Roni Flores (Supervisor de mantenimiento), Bruno Antinori (Coordinador de material), Nelson Paico (Técnico de planta), Jorge Pérez (Planner en planta) y Walter Soplapuco, hablaron por teléfono con Ortiz y le informaron el monto que se les adeudaba por concepto de los cupos y acordaron reunirse con el empresario para la cancelación respectiva.

Ortiz también grabó un video que muestra el momento en el que uno de los extorsionadores recibe de manos de Rodolfo Ortiz el monto que le corresponde.


Este artículo, escrito por Luis Manuel Claps [en] fue publicado originalmente [en] en el blog de NACLA (North American Congress on Latin America) Extractives in Latin America [en]. Luis Manuel Claps estudió Comunicaciones en la Universidad de Buenos Aires. Ha continuado su labor en América Latina desde el 2004 como editor del sitio web Minas y Comunidades. Reside en Lima, Perú.

Elmer Campos Álvarez, campesino de 32 años, proviene del caserío Túpac Amaru, de la provincia de Celendin, departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. El 24 de noviembre de 2011, Elmer, junto a unos amigos, se encaminaron hacia las montañas de Cajamarca para protestar contra un proyecto de una gran mina de oro a cielo abierto en los distritos de Sorochuco y Huamin. Elmer y sus amigos se llamaban a sí mismos los defensores de las lagunas. Véase el testimonio de Elmer publicado por La Mula en enero de 2012. A pesar de estar defendiendo los lagos, los manifestantes en contra de las mineras como Elmer, enfrentan una nueva amenaza bajo la forma de una ley que permite a la policía a emplear la fuerza letal sin temor a las consecuencias.

Tres días después, llegaron al cruce de Maque Maque, entre los lagos Azul y El Perol, dos de los cuatro lagos amenazados por el proyecto. Entretanto, se ha declarado una huelga regional general en oposición a la mina. En la madrugada del 29 de noviembre, estalló un conflicto cuando una treintena de policías contratados por la minera Yanacocha para resguardar el sitio de concesión, ordenó marcharse a los manifestantes. La policía disparó gas lacrimógeno, balas de goma y reales.

Cuando la policía comenzó a disparar, Elmer fue a socorrer a uno de sus amigos que había recibido un tiro en la espalda. Éste perdió la conciencia y fue llevado a la ciudad de Chota, siendo más tarde transportado a la ciudad costera de Chiclayo, donde permaneció hospitalizado por una semana. Perdió un riñón y su bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal que lo paralizó de la cintura hacia abajo. Se estima que 24 otros manifestantes [en] fueron heridos durante la jornada de represión de Maque Maque.

(infoconga.wordpress)

(infoconga.wordpress)

En Cajamarca conocen demasiado bien el impacto de la gran minería aurífera. En las últimas dos décadas, Newmont Mining y Buenaventura han manejado la mina Yanacocha, la mina de oro a cielo abierto más grande de Sudamérica. Se dice que una expansión planificada conocida como proyecto Conga asegurará veinte años más de producción. La inversión total alcanza los US$4,8 mil millones, una de las cifras más altas que se ha invertido en la minería peruana. Una planta con la capacidad de procesar 92.000 toneladas de roca diarias produciría 3,1 mil millones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro (se puede acceder al resumen ejectuvo del Estudio de Impacto Ambiental, o EIA, del proyecto, aquí).

La Compañía de Minas Buenaventura es la empresa de metales preciosos más grande del Perú, a la vez que un gran titular de derechos mineros en todo el país. Tiene dos grandes socios estadounidenses: Newmont Mining, asentada en Denver y asociada a la Minera Yanacocha en Cajamarca, y Freeport-McMoRan, con base en Phoenix y asociada a la Sociedad Minera Cerro Verde en Arequipa. Perú es el sexto mayor productor de oro en el mundo.

Los manifestantes han desafiado a la mina de Conga durante los últimos años, y la represión policial es hoy la causa de dos procesos judiciales en Perú. El primero es una investigación criminal en contra de los dos oficiales que estaban al mando el día de los ataques, el coronel Amador Bacalla Guadalupe y el capitán Wagner Ocampo Huamán. El segundo es una demanda civil contra las autoridades de policía y los personeros de gobierno responsables.

Elmer sólo quiere justicia: “Yo no hice nada de malo [...] las autoridades del Estado son muy crueles [...] No sé qué será de mi vida [...] los médicos no pueden hacer nada por mi médula.” Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y defensora de Elmer, agrega: “Buscamos justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos humanos, y poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión policial de las actividades de protesta legítimas.”

La lucha ha vuelto también a los Estados Unidos. El 2 de enero de 2014, EarthRights International (ERI), organización que representa a Elmer Campos, interpuso una acción ante la Corte Federal en la ciudad sede de Newmont, Denver, Colorado, solicitando la información que está en manos de la empresa, incluyendo evidencia fotográfica y en video, informes de seguridad de los empleados de Yanacocha, registros de comunicaciones con la policía y comunicaciones internas de la empresa, que aporten claridad sobre los hechos de aquel día y para beneficio de los procedimientos judiciales peruanos. La acción fue archivada bajo el código 28 U.S.C. § 1782 [en], ley que permite a las partes de procesos legales extranjeros obtener documentos e información de individuos y corporaciones estadounidenses.

“La represión policial a la protesta social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú,” dijo Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía están al servicio de la seguridad privada.”

A fines de enero, Elmer y la acción judicial de ERI atrajeron considerable atención en la prensa y los medios sociales peruanos. Esto coincidió con una ofensiva coordinada para presentar a los dirigentes locales opositores a la Minera Yanacocha de Cajamarca como beneficiarios de una “red de apoyo internacional [que] tiene el objetivo de frenar el modelo de desarrollo económico del país,” como señaló hace poco un investigador vinculado al sector minero en el periódico El Comercio. La campaña para deslegitimar a los dirigentes locales también llegó al departamento de Piura, donde Buenaventura quiere desarrollar el proyecto aurífero El Faique.

Un consenso violento

Partiendo por un fuerte precedente bajo el anterior gobierno de Alan García, la respuesta del gobierno a las protestas en Perú ha tomado la forma de una apabullante militarización. Steven Levitsky lo denomina el “consenso de Lima“: las elites limeñas son simpatizantes de un neoliberalismo ortodoxo tal que el empleo de la fuerza letal parece ser un modo legítimo de lidiar con las protestas sociales en las regiones mineras. Pese a que la administración de Ollanta Humala a veces ha buscado medios más políticos y negociadores, este consenso permanece inamovible.

Un informe publicado en diciembre de 2013 por las ONGs peruanas Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Sociedad por los Pueblos Amenazados (SPA) de Suiza, reveló que las empresas mineras extranjeras han firmado acuerdos con la Policía Nacional para asegurar sus operaciones. Estos acuerdos les permiten solicitar presencia policial permanente o pedir el rápido despliegue de unidades mayores para reprimir las protestas sociales. En algunos casos, demuestra el informe, las empresas otorgan a la policía [en] apoyo financiero y logístico total.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como el Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, han solicitado al presidente Humala impedir el uso arbitrario de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad en las operaciones de control masivo. Pero el gobierno peruano parece ir en la dirección opuesta, ya que el mes pasado se modificó un artículo del código penal de una manera en que críticas apuntan que permite a la policía y a los militares emplear la fuerza letal sin consecuencias. La nueva Ley 30151 [en] dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se hallan “exentos de responsabilidad penal” si causaren lesiones o muerte por el uso de sus armas en el cumplimiento de su deber.

En un pronunciamiento en condena a la ley, la Defensoría del Pueblo recordó que desde mediados de 2011, han muerto 34 civiles y han sido heridos más de 949 personas en conflictos sociales, incluyendo a cinco militares y 357 policías. Un conjunto de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre las que se cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) también han condenado la Ley 30151.

A medida que se agota el mineral de Yanacocha, las operaciones mineras necesitan expandirse. El proyecto Conga es uno de dichos planes de expansión, tal vez el más ambicioso. La larga historia de conflictos mineros de Cajamarca sugiere que la lucha de Elmer por la justicia será larga, y con toda seguridad, la primera de muchas.

Fuente: http://es.globalvoicesonline.org/2014/03/04/peru-la-represion-policial-se-legaliza-mientras-aumentan-las-protestas-mineras/

Ver post original [en]




(Foto: Edwin Zapata/Archivo El Comercio)

Ayer se cumplió un año del paro indefinido que iniciaron unos 500 comuneros de Cañaris contra del proyecto minero Cañariaco. Según los comuneros representados por el presidente regional de las rondas campesinas de Lambayeque, Cristóbal Barrios, hasta hoy no hay una respuesta tangible a sus pedidos de proyectos de desarrollo en las zonas rurales. Por esta razón hoy reinician sus protestas contra el proyecto Cañariaco.

Hasta el momento se ha anunciado que al menos 250 comunidades campesinas se reunirán en la comunidad de Marahuayca para acordar cuáles serán las medidas que tomarán en los próximos días.

[8/7/2012] Los pobladores de la comunidad campesina San Juan de Cañaris autorizan que la empresa minera Candente Copper Perú S.A. realice trabajos de exploración del proyecto minero Cañariaco, por tres años.

[8/9/2012] La Dirección Regional de Energía y Minas demanda al Gobierno Central que se apruebe un plan de charlas informativas sobre la actividad minera en 46 localidades del distrito de Cañaris antes de que el rechazo al proyecto Cañariaco se acentúe.

[6/12/2012]
Diez profesionales de Amec, empresa que brinda servicios a la minera Cañariaco Copper, estuvieron retenidos durante más de 24 horas por pobladores de la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris.

[7/12/2012] Los integrantes de la comunidad campesina San Juan de Cañaris intentan ingresar a las oficinas y desalojar a los trabajadores de la empresa y al grupo de policías que permanece en la zona.

[19/12/2012] Los integrantes de la comunidad San Juan de Cañaris anuncian la reanudación de las protestas contra el proyecto minero Cañariaco.

[3/1/2013] La empresa minera Candente Copper da a conocer la reanudación de las perforaciones exploratorias en dos sectores importantes del proyecto minero Cañariaco.

[10/1/2013] Cristóbal Barrios Carrillo, jefe de la comunidad San Juan de Cañaris, señala que solo participarán de una mesa de diálogo cuando la empresa minera paralice sus actividades.

[20/1/2013] Unos 500 campesinos inician paro indefinido por las operaciones mineras en el distrito de Cañaris.

[22/1/2013] Alrededor de mil comuneros de Cañaris, en Lambayeque, llegan hasta la municipalidad del distrito para exigirle al alcalde José Hurtado Julca que apoye el paro indefinido que mantienen contra el proyecto Cañariaco.

[24/1/2013] Las autoridades regionales intentan convencer a los comuneros de Incahuasi y Cañaris para que desistan de la paralización indefinida.

[27/1/2013] Unos 150 comuneros de Incahuasi y Cañaris nuevamente bloquen la carretera que conduce al campamento del Proyecto Minero Cañariaco.

[18/2/2013] La presidenta de la Asociación de Rondas Femeninas de Cañaris, Rosa Huamán Rinza, anuncia que el 2 de marzo no permitirán el ingreso de los integrantes de la mesa de desarrollo.

[26/2/2013] El presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, Cristóbal Barrios, asegura que los ronderos y toda la población de la zona garantizarán la realización de la mesa de desarrollo este 2 de marzo.

[25/3/2013]
La comunidad de San Juan de Cañaris elige a su nuevo presidente Florentino Barrios Huamán, primo del actual presidente Cristóbal Barrios, quien se opone al proyecto Cañariaco.

[17/5/2013] La minera canadiense Candente Copper suspende temporalmente las perforaciones en su proyecto de cobre Cañariaco por la debilidad de la economía mundial y tras enfrentar protestas.

Fuente Archivo El Comercio.
Funete: El Comercio – http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/canaris-cronologia-conflicto-que-sigue-sin-resolverse-noticia-1711496



- Diálogo con Hugo Che Piu, presidente de la asociación Derecho Ambiente y Recursos (DAR) quién explica cómo a pesar que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, seguimos induciendo más y más vulnerabilidad.

Por Nelly Rivera*

23 de febrero, 2014.- Una industria responsable y comprometida frente al cambio climático debe enfocarse seriamente en reducir dicha vulnerabilidad, afirma Hugo Che Piu, quién agrega que necesitamos adaptar nuestro modelo de crecimiento económico o vamos a perder mucho.

- Se ha declarado al 2014 “Año de la Industria Responsable y el Compromiso Climático” y hay algunas iniciativas del Ministerio del Ambiente para mejorar la gestión ambiental, por ejemplo la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) ¿Estas iniciativas no son contradictorias con el modelo de desarrollo vigente basado en maximizar el crecimiento económico y la promoción de la inversión?

El crecimiento económico y la promoción de la inversión no se oponen necesariamente al uso sostenible de los recursos naturales, y a la protección de un ambiente saludable. Más aun porque este crecimiento económico está sustentado en los recursos naturales, ya sean minerales o hidrocarburos en las actividades extractivas, o el suelo y el agua para la agricultura. El problema que vivimos en el Perú es la forma, el modo, en que estamos buscando maximizar el crecimiento económico a través de la flexibilización de las condiciones ambientales de las inversiones.

Lo incompatible es que se piense que solo podemos promover las inversiones reduciendo las exigencias ambientales, es decir, ofreciendo mayor utilidad a los inversionistas mientras que el país acepta más pérdidas ambientales. De esta manera hemos logrado que en la década pasada, de cada 10 soles del PIB más de seis terminen como utilidad de las empresas, mientras que casi la totalidad de los costos ambientales terminan para las poblaciones locales.

En ese sentido, las medidas promovidas por el Ministerio del Ambiente (MINAM) pueden ayudar a que el país se aleje de esta inequitativa forma de distribuir los beneficios económicos y los perjuicios ambientales, en el sentido, que les exige a las empresas interiorizar los costos ambientales, pero son insuficientes para resolver este problema.

- Entonces si es insuficiente ¿Cómo compatibilizar estas dos líneas de las políticas del Estado?

Esta tensión es inevitable, mientras no salgamos de los márgenes del modelo de producción y consumo imperante en el planeta. En ese sentido, esperar compatibilizar estas dos líneas de políticas públicas es un error. El conflicto va continuar, ojalá en condiciones menos desiguales.

- ¿La política de concesionar biocombustibles en la Amazonía no es incongruente con la meta de Deforestación Cero” del Gobierno, por ejemplo?

Creo que primero es necesario precisar que el objetivo de alcanzar al 2021 una tasa cero de deforestación neta de bosques primarios o naturales, no es igual a “deforestación cero”. Dicho objetivo significa que la deforestación del 2021 será igual al crecimiento de los bosques naturales. Y el crecimiento de los bosques es más o menos la mitad de lo que deforestamos, entonces, dicho objetivo significa que al 2021 debemos reducir la deforestación a la mitad, no es necesariamente llegar a cero.

Incluso ahora se habla de “cero emisiones netas en el sector uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura”, en las que se puede incluir también las plantaciones forestales, que de expandirse en los próximos años como es deseable, generaría un “saldo a favor” para no tener que reducir la deforestación ni siquiera a la mitad.

Con este contexto no sería extraño que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) presente la deforestación provocada por la palma aceitera como “deforestación planificada” que es “aceptable” dentro del objetivo al 2021. Lo absurdo, es que existiendo áreas deforestadas se autorice la deforestación de bosques (cambio de uso y de bosques) para establecer extensas superficies de un monocultivo en medio de los bosques más megadiversos del planeta.

“Lo absurdo, es que existiendo áreas deforestadas se autorice la deforestación de bosques (cambio de uso y de bosques) para establecer extensas superficies de un monocultivo en medio de los bosques más megadiversos del planeta.”



- ¿La promoción de la agricultura de exportación en la costa está aumentado las emisiones de gases efecto invernadero, (fuerte aumento de la cantidad de hectáreas agrícolas en la costa, mayor uso agua y pesticidas) ¿No es esto contradictorio con la declaración del 2014 como “Año de la Industria responsable y el compromiso climático?

Si bien las emisiones de la agricultura ha crecido, en términos absolutos ha tenido un incremento de 4 millones de toneladas métricas de CO2; equivalente entre el 2000 y el 2009, pero la industria ha tenido un crecimiento de 13.5 millones de toneladas métricas de CO2; equivalente durante el mismo periodo. Creo que el nombramiento de un año tiene que ver más con lo que se aspira promover ese año, que con lo que se ha avanzado en los anteriores.

Sin embargo, la experiencia nos dice que como mecanismo para incrementar la efectividad de las políticas públicas el nombre de un año tiene poca o nula utilidad. Con ese contexto, si este año 2014 logramos cumplir con los temas climáticos pendientes (estrategia, comisión, presupuesto, etc.) y avanzamos en la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, ya sería un avance importante.

- ¿El modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico, son profundamente perjudiciales para el medio ambiente? ¿Es necesario evaluar la congruencia entre las declaraciones oficiales -como la designación del año 2014 como “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” y el tipo de inversiones que se promueven en la práctica?

Hace unos años el Banco Mundial encontró que los costos económicos de los problemas ambientales en el Perú sumaron más de 8 mil millones de nuevos soles, casi el 4 por ciento del Producto Bruto Interno, y eso sin contar las pérdidas ocasionadas por los conflictos sociales, es decir, difícilmente vamos a poder alcanzar nuestro potencial de crecimiento con semejante lastre. Adicionalmente, el tipo de crecimiento que venimos promoviendo también es altamente vulnerable al cambio climático, que tiene la capacidad de reducir nuestro potencial en casi un tercio. Es decir, a pesar que ya hemos escuchado muchas veces que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, seguimos induciendo más y más vulnerabilidad. Obviamente una industria responsable y comprometida frente al cambio climático debe enfocarse seriamente en reducir dicha vulnerabilidad, necesitamos adaptar nuestro modelo de crecimiento económico o vamos a perder mucho.

Hace unos años el Banco Mundial encontró que los costos económicos de los problemas ambientales en el Perú sumaron más de 8 mil millones de nuevos soles, casi el 4 por ciento del Producto Bruto Interno, y eso sin contar las pérdidas ocasionadas por los conflictos sociales, es decir, difícilmente vamos a poder alcanzar nuestro potencial de crecimiento con semejante lastre. Adicionalmente, el tipo de crecimiento que venimos promoviendo también es altamente vulnerable al cambio climático, que tiene la capacidad de reducir nuestro potencial en casi un tercio. Es decir, a pesar que ya hemos escuchado muchas veces que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, seguimos induciendo más y más vulnerabilidad. Obviamente una industria responsable y comprometida frente al cambio climático debe enfocarse seriamente en reducir dicha vulnerabilidad, necesitamos adaptar nuestro modelo de crecimiento económico o vamos a perder mucho.

“Hace unos años el Banco Mundial encontró que los costos económicos de los problemas ambientales en el Perú sumaron más de 8 mil millones de nuevos soles, casi el 4 por ciento del Producto Bruto Interno, y eso sin contar las pérdidas ocasionadas por los conflictos sociales (…)

a pesar que ya hemos escuchado muchas veces que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, seguimos induciendo más y más vulnerabilidad.”



- El especialista en temas ambientales Ricardo Giesecke, señaló que el Ministerio del Ambiente no debe trabajar de forma multisectorial. “Hay que reforzar e independizar al ministerio, en términos políticos tiene que ser la única voz a nivel nacional en temas de ambiente, los sectores no pueden ser juez y parte”, dijo. ¿Usted qué opina?

Estoy de acuerdo con el fortalecimiento del sector ambiental, y creo que la conformación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), va por ese camino, pero otra vez “será insuficiente y se avanza muy despacio”. Pero la amenaza que tenemos no es ambiental, uno de sus impactos es el ambiental, pero también hay impactos sociales muy importantes. Nuestro principal problema es el modelo de desarrollo y cambiarlo no es tarea, solo del Ministerio del Ambiente, ni de uno más fortalecido. Es el Presidente quien tiene que leer todos los días y repetirse muchas veces que debe transformar el actual crecimiento económico en un crecimiento responsable y comprometido frente al cambio climático.


Fuente: http://www.observatoriocambioclimatico.org/node/5118