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Lea “¡La catástrofe climática está a la vuelta de la esquina!”, la columna de Álvaro Durand
 
Por: Alvaro Durand – @alvarodurand 
 
El cambio climático es real y los responsables somos nosotros. No lo digo yo. Lo dice el 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, o IPCC por sus siglas en inglés.

Si no quieres leer las más de mil páginas escritas por más de doscientos cincuenta científicos de treinta y nueve países (y otros mil expertos que revisaron el informe antes de su publicación en setiembre de 2013), aquí te canto las principales conclusiones.

Los científicos del IPCC consideran que el 95% de la evidencia señala que el principal responsable del calentamiento global generado en los últimos sesenta años es el ser humano. Sí, tú y tus actividades contaminantes.

Los expertos también coinciden en que si no disminuimos drásticamente nuestras emisiones de CO2 (la quema de energías fósiles principalmente), la depredación de los recursos, el consumo desmedido y el mal manejo de los desechos, un aumento de dos grados centígrados en la temperatura sería inevitable hacia finales de siglo, lo que resultaría en trastornos climáticos incontrolables.

El deshielo de los casquetes polares inundaría ciudades enteras y cambiaría los ecosistemas del mundo. Especies enteras desaparecerían. Los desplazados climáticos se contarían por millones. En el nuevo escenario, las catástrofes climáticas de gran magnitud, o lo que antes llamábamos tormentas del siglo, podrían asolarnos cada veinte años. De hecho, ya hemos visto algunas. ¿O creías que el huracán Katrina o el vórtice polar que azotó Nueva York hace poco fueron eventos aislados?

El panorama para América Latina también es sombrío. El Perú, por ejemplo, a pesar de que emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero, es el tercer país más vulnerable frente a los efectos del cambio climático. Los sectores más afectados serán la agricultura, la pesca y el turismo. Las inundaciones y sequías van a afectar negativamente la producción de maíz, papa y arroz, parte de la canasta básica familiar.

Y es que somos uno de los países con mayor diversidad biológica. Poseemos 27 de los 32 climas del mundo, 84 de las 104 zonas de vida en el planeta, el 71% de los glaciares tropicales del mundo y el segundo bosque amazónico más grande después de Brasil, entre otras riquezas ecológicas que entrelazan la economía y nuestras vidas al clima.

Sin embargo, Lima se sigue moviendo con un parque automotor obsoleto que contamina el aire con niveles de azufre que superan el 472% y continúa desaguando sus desperdicios en el mar que baña sus costas. La ciudad de La Oroya se mantiene inscrita en la penosa lista de las diez ciudades más contaminadas del planeta y en la selva la minería ilegal sigue talando bosques vírgenes y derramando mercurio, plomo y arsénico en los ríos.

Muchas empresas formales también contaminan la tierra, a sus habitantes y al agua que consumen, y luego son blindadas desde la CONFIEP y la cartera de Energía y Minas. Así funciona la vaina en el Perú.

Si no, pregúntenle a la minera Yanacocha por el derrame de mercurio en Choropampa hace quince años, o su reciente intento por secar las cabeceras de cuenca en Conga y las muertes que ya va sumando su proyecto. Preguntemos a la OXY y a Pluspetrol por lo sucedido en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en el norte de Loreto. Y preguntemos nuevamente a Pluspetrol por el derrame de crudo en territorio de la etnia Kokama, en el lote 8x, en pleno Parque Nacional Pacaya Samiria.

Pero también preguntemos a la candiense Pacific Rubiales cómo ha logrado detener la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor en la frontera con el Brasil. Y al grupo Palmas, de Dionisio Romero, por las más de veinte mil hectáreas de bosques primarios que pretende arrasar en Loreto para sembrar palma aceitera en nombre del desarrollo y de los cultivos alternativos. ¿Informarán sobre las toneladas de CO2 que se liberan con la deforestación?

Preguntemos, pues, al expresidente Alan García por la demencial concesión del 70% de nuestra selva para la extracción de hidrocarburos y el cultivo de biocombustibles. La sabanización de la Amazonía a la vuelta de la esquina.

Mientras tanto, los imponentes glaciares en la cordillera retroceden y el agua en Lima ya empieza a escasear. En la costa norte la sequía y la desertificación comienzan a enterrar pueblos como San Pedro de Lloc. El verano ahora es más caliente y la piel duele si la expones mucho tiempo al sol. En el Cusco, el patrón de las lluvias ha cambiado para siempre. Durante el invierno, la helada golpea más fuerte y con mayor frecuencia. Ahora caen más huaycos, los ríos se desbordan más a menudo y hay más inundaciones. Todo está conectado.

En ese sentido, debemos implementar medidas de mitigación y de adaptación, atraer fondos financieros y de investigación, así como invertir en sistemas de información. Pero también es fundamental empezar la transición hacia energías limpias y renovables. Más allá de la energía hídrica, en Arequipa y Puno tenemos un enorme potencial para almacenar energía solar. En la costa norte y sur el viento es favorable para promover la energía eólica. Y desde Cajamarca hasta Tacna tenemos identificadas 156 fuentes de energía geotérmica.

Si el Perú tiene una oportunidad para poner estos temas en la agenda mundial, esa oportunidad única se va a dar en diciembre de este año durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20), la cumbre climática que se celebrará en Lima durante dos semanas con la participación de doce mil representantes de 194 países y varias organizaciones indígenas que podrían definir el futuro del planeta.

Desgraciadamente, las señales desde el gobierno no son positivas. El jueves de la semana pasada, el mismo día en que el empeñoso Ministerio del Ambiente lanzaba la campaña “Pon de tu parte – Compromisos por el Medio Ambiente”, Eleodoro Mayorga, el nuevo ministro de Energía y Minas, nos traía de vuelta a la realidad en su primera declaración pública. El flamante ministro anunció un nuevo reglamento de hidrocarburos en el que se eliminan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la sísmica petrolera, a cambio de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el equivalente a una simple declaración jurada. Así las cosas, parece broma que el año 2014 haya sido designado por el gobierno peruano como el Año de la Promoción de la Industria Responsable y el Compromiso Climático.

Esperemos que el presidente resuelva esta crisis teniendo en cuenta la cita histórica a la que nos han comprometido nuestros gobernantes y la catástrofe climática que finalmente ellos han ayudado a generar.


El empresario y actual candidato a la alcaldía de Cajamarca, Rodolfo Ortiz, denunció haber sido víctima de una millonaria extorción por parte de funcionarios de minera Yanacocha

Rodolfo Ortiz, propietario de la empresa Seltec, la cual realiza trabajos para yanacocha, sostiene que a inicios de este año, al asumir la gerencia, descubre una pérdida de más de 900 mil soles

Ortiz investigó las causas de la millonaria pérdida y descubrió que se debía al pago de cupos que su empresa había estado realizando a un grupo de funcionarios de la empresa minera por los trabajos realizados en Yanacocha

Es entonces cuando el empresario, cansado de las extorciones, decide poner en evidencia los cobros indebidos de los trabajadores mineros y decide grabar las conversaciones.

Los funcionarios identificados como Roni Flores (Supervisor de mantenimiento), Bruno Antinori (Coordinador de material), Nelson Paico (Técnico de planta), Jorge Pérez (Planner en planta) y Walter Soplapuco, hablaron por teléfono con Ortiz y le informaron el monto que se les adeudaba por concepto de los cupos y acordaron reunirse con el empresario para la cancelación respectiva.

Ortiz también grabó un video que muestra el momento en el que uno de los extorsionadores recibe de manos de Rodolfo Ortiz el monto que le corresponde.


Este artículo, escrito por Luis Manuel Claps [en] fue publicado originalmente [en] en el blog de NACLA (North American Congress on Latin America) Extractives in Latin America [en]. Luis Manuel Claps estudió Comunicaciones en la Universidad de Buenos Aires. Ha continuado su labor en América Latina desde el 2004 como editor del sitio web Minas y Comunidades. Reside en Lima, Perú.

Elmer Campos Álvarez, campesino de 32 años, proviene del caserío Túpac Amaru, de la provincia de Celendin, departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. El 24 de noviembre de 2011, Elmer, junto a unos amigos, se encaminaron hacia las montañas de Cajamarca para protestar contra un proyecto de una gran mina de oro a cielo abierto en los distritos de Sorochuco y Huamin. Elmer y sus amigos se llamaban a sí mismos los defensores de las lagunas. Véase el testimonio de Elmer publicado por La Mula en enero de 2012. A pesar de estar defendiendo los lagos, los manifestantes en contra de las mineras como Elmer, enfrentan una nueva amenaza bajo la forma de una ley que permite a la policía a emplear la fuerza letal sin temor a las consecuencias.

Tres días después, llegaron al cruce de Maque Maque, entre los lagos Azul y El Perol, dos de los cuatro lagos amenazados por el proyecto. Entretanto, se ha declarado una huelga regional general en oposición a la mina. En la madrugada del 29 de noviembre, estalló un conflicto cuando una treintena de policías contratados por la minera Yanacocha para resguardar el sitio de concesión, ordenó marcharse a los manifestantes. La policía disparó gas lacrimógeno, balas de goma y reales.

Cuando la policía comenzó a disparar, Elmer fue a socorrer a uno de sus amigos que había recibido un tiro en la espalda. Éste perdió la conciencia y fue llevado a la ciudad de Chota, siendo más tarde transportado a la ciudad costera de Chiclayo, donde permaneció hospitalizado por una semana. Perdió un riñón y su bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal que lo paralizó de la cintura hacia abajo. Se estima que 24 otros manifestantes [en] fueron heridos durante la jornada de represión de Maque Maque.

(infoconga.wordpress)

(infoconga.wordpress)

En Cajamarca conocen demasiado bien el impacto de la gran minería aurífera. En las últimas dos décadas, Newmont Mining y Buenaventura han manejado la mina Yanacocha, la mina de oro a cielo abierto más grande de Sudamérica. Se dice que una expansión planificada conocida como proyecto Conga asegurará veinte años más de producción. La inversión total alcanza los US$4,8 mil millones, una de las cifras más altas que se ha invertido en la minería peruana. Una planta con la capacidad de procesar 92.000 toneladas de roca diarias produciría 3,1 mil millones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro (se puede acceder al resumen ejectuvo del Estudio de Impacto Ambiental, o EIA, del proyecto, aquí).

La Compañía de Minas Buenaventura es la empresa de metales preciosos más grande del Perú, a la vez que un gran titular de derechos mineros en todo el país. Tiene dos grandes socios estadounidenses: Newmont Mining, asentada en Denver y asociada a la Minera Yanacocha en Cajamarca, y Freeport-McMoRan, con base en Phoenix y asociada a la Sociedad Minera Cerro Verde en Arequipa. Perú es el sexto mayor productor de oro en el mundo.

Los manifestantes han desafiado a la mina de Conga durante los últimos años, y la represión policial es hoy la causa de dos procesos judiciales en Perú. El primero es una investigación criminal en contra de los dos oficiales que estaban al mando el día de los ataques, el coronel Amador Bacalla Guadalupe y el capitán Wagner Ocampo Huamán. El segundo es una demanda civil contra las autoridades de policía y los personeros de gobierno responsables.

Elmer sólo quiere justicia: “Yo no hice nada de malo [...] las autoridades del Estado son muy crueles [...] No sé qué será de mi vida [...] los médicos no pueden hacer nada por mi médula.” Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y defensora de Elmer, agrega: “Buscamos justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos humanos, y poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión policial de las actividades de protesta legítimas.”

La lucha ha vuelto también a los Estados Unidos. El 2 de enero de 2014, EarthRights International (ERI), organización que representa a Elmer Campos, interpuso una acción ante la Corte Federal en la ciudad sede de Newmont, Denver, Colorado, solicitando la información que está en manos de la empresa, incluyendo evidencia fotográfica y en video, informes de seguridad de los empleados de Yanacocha, registros de comunicaciones con la policía y comunicaciones internas de la empresa, que aporten claridad sobre los hechos de aquel día y para beneficio de los procedimientos judiciales peruanos. La acción fue archivada bajo el código 28 U.S.C. § 1782 [en], ley que permite a las partes de procesos legales extranjeros obtener documentos e información de individuos y corporaciones estadounidenses.

“La represión policial a la protesta social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú,” dijo Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía están al servicio de la seguridad privada.”

A fines de enero, Elmer y la acción judicial de ERI atrajeron considerable atención en la prensa y los medios sociales peruanos. Esto coincidió con una ofensiva coordinada para presentar a los dirigentes locales opositores a la Minera Yanacocha de Cajamarca como beneficiarios de una “red de apoyo internacional [que] tiene el objetivo de frenar el modelo de desarrollo económico del país,” como señaló hace poco un investigador vinculado al sector minero en el periódico El Comercio. La campaña para deslegitimar a los dirigentes locales también llegó al departamento de Piura, donde Buenaventura quiere desarrollar el proyecto aurífero El Faique.

Un consenso violento

Partiendo por un fuerte precedente bajo el anterior gobierno de Alan García, la respuesta del gobierno a las protestas en Perú ha tomado la forma de una apabullante militarización. Steven Levitsky lo denomina el “consenso de Lima“: las elites limeñas son simpatizantes de un neoliberalismo ortodoxo tal que el empleo de la fuerza letal parece ser un modo legítimo de lidiar con las protestas sociales en las regiones mineras. Pese a que la administración de Ollanta Humala a veces ha buscado medios más políticos y negociadores, este consenso permanece inamovible.

Un informe publicado en diciembre de 2013 por las ONGs peruanas Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Sociedad por los Pueblos Amenazados (SPA) de Suiza, reveló que las empresas mineras extranjeras han firmado acuerdos con la Policía Nacional para asegurar sus operaciones. Estos acuerdos les permiten solicitar presencia policial permanente o pedir el rápido despliegue de unidades mayores para reprimir las protestas sociales. En algunos casos, demuestra el informe, las empresas otorgan a la policía [en] apoyo financiero y logístico total.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como el Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, han solicitado al presidente Humala impedir el uso arbitrario de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad en las operaciones de control masivo. Pero el gobierno peruano parece ir en la dirección opuesta, ya que el mes pasado se modificó un artículo del código penal de una manera en que críticas apuntan que permite a la policía y a los militares emplear la fuerza letal sin consecuencias. La nueva Ley 30151 [en] dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se hallan “exentos de responsabilidad penal” si causaren lesiones o muerte por el uso de sus armas en el cumplimiento de su deber.

En un pronunciamiento en condena a la ley, la Defensoría del Pueblo recordó que desde mediados de 2011, han muerto 34 civiles y han sido heridos más de 949 personas en conflictos sociales, incluyendo a cinco militares y 357 policías. Un conjunto de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre las que se cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) también han condenado la Ley 30151.

A medida que se agota el mineral de Yanacocha, las operaciones mineras necesitan expandirse. El proyecto Conga es uno de dichos planes de expansión, tal vez el más ambicioso. La larga historia de conflictos mineros de Cajamarca sugiere que la lucha de Elmer por la justicia será larga, y con toda seguridad, la primera de muchas.

Fuente: http://es.globalvoicesonline.org/2014/03/04/peru-la-represion-policial-se-legaliza-mientras-aumentan-las-protestas-mineras/

Ver post original [en]




(Foto: Edwin Zapata/Archivo El Comercio)

Ayer se cumplió un año del paro indefinido que iniciaron unos 500 comuneros de Cañaris contra del proyecto minero Cañariaco. Según los comuneros representados por el presidente regional de las rondas campesinas de Lambayeque, Cristóbal Barrios, hasta hoy no hay una respuesta tangible a sus pedidos de proyectos de desarrollo en las zonas rurales. Por esta razón hoy reinician sus protestas contra el proyecto Cañariaco.

Hasta el momento se ha anunciado que al menos 250 comunidades campesinas se reunirán en la comunidad de Marahuayca para acordar cuáles serán las medidas que tomarán en los próximos días.

[8/7/2012] Los pobladores de la comunidad campesina San Juan de Cañaris autorizan que la empresa minera Candente Copper Perú S.A. realice trabajos de exploración del proyecto minero Cañariaco, por tres años.

[8/9/2012] La Dirección Regional de Energía y Minas demanda al Gobierno Central que se apruebe un plan de charlas informativas sobre la actividad minera en 46 localidades del distrito de Cañaris antes de que el rechazo al proyecto Cañariaco se acentúe.

[6/12/2012]
Diez profesionales de Amec, empresa que brinda servicios a la minera Cañariaco Copper, estuvieron retenidos durante más de 24 horas por pobladores de la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris.

[7/12/2012] Los integrantes de la comunidad campesina San Juan de Cañaris intentan ingresar a las oficinas y desalojar a los trabajadores de la empresa y al grupo de policías que permanece en la zona.

[19/12/2012] Los integrantes de la comunidad San Juan de Cañaris anuncian la reanudación de las protestas contra el proyecto minero Cañariaco.

[3/1/2013] La empresa minera Candente Copper da a conocer la reanudación de las perforaciones exploratorias en dos sectores importantes del proyecto minero Cañariaco.

[10/1/2013] Cristóbal Barrios Carrillo, jefe de la comunidad San Juan de Cañaris, señala que solo participarán de una mesa de diálogo cuando la empresa minera paralice sus actividades.

[20/1/2013] Unos 500 campesinos inician paro indefinido por las operaciones mineras en el distrito de Cañaris.

[22/1/2013] Alrededor de mil comuneros de Cañaris, en Lambayeque, llegan hasta la municipalidad del distrito para exigirle al alcalde José Hurtado Julca que apoye el paro indefinido que mantienen contra el proyecto Cañariaco.

[24/1/2013] Las autoridades regionales intentan convencer a los comuneros de Incahuasi y Cañaris para que desistan de la paralización indefinida.

[27/1/2013] Unos 150 comuneros de Incahuasi y Cañaris nuevamente bloquen la carretera que conduce al campamento del Proyecto Minero Cañariaco.

[18/2/2013] La presidenta de la Asociación de Rondas Femeninas de Cañaris, Rosa Huamán Rinza, anuncia que el 2 de marzo no permitirán el ingreso de los integrantes de la mesa de desarrollo.

[26/2/2013] El presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, Cristóbal Barrios, asegura que los ronderos y toda la población de la zona garantizarán la realización de la mesa de desarrollo este 2 de marzo.

[25/3/2013]
La comunidad de San Juan de Cañaris elige a su nuevo presidente Florentino Barrios Huamán, primo del actual presidente Cristóbal Barrios, quien se opone al proyecto Cañariaco.

[17/5/2013] La minera canadiense Candente Copper suspende temporalmente las perforaciones en su proyecto de cobre Cañariaco por la debilidad de la economía mundial y tras enfrentar protestas.

Fuente Archivo El Comercio.
Funete: El Comercio – http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/canaris-cronologia-conflicto-que-sigue-sin-resolverse-noticia-1711496



- Diálogo con Hugo Che Piu, presidente de la asociación Derecho Ambiente y Recursos (DAR) quién explica cómo a pesar que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, seguimos induciendo más y más vulnerabilidad.

Por Nelly Rivera*

23 de febrero, 2014.- Una industria responsable y comprometida frente al cambio climático debe enfocarse seriamente en reducir dicha vulnerabilidad, afirma Hugo Che Piu, quién agrega que necesitamos adaptar nuestro modelo de crecimiento económico o vamos a perder mucho.

- Se ha declarado al 2014 “Año de la Industria Responsable y el Compromiso Climático” y hay algunas iniciativas del Ministerio del Ambiente para mejorar la gestión ambiental, por ejemplo la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) ¿Estas iniciativas no son contradictorias con el modelo de desarrollo vigente basado en maximizar el crecimiento económico y la promoción de la inversión?

El crecimiento económico y la promoción de la inversión no se oponen necesariamente al uso sostenible de los recursos naturales, y a la protección de un ambiente saludable. Más aun porque este crecimiento económico está sustentado en los recursos naturales, ya sean minerales o hidrocarburos en las actividades extractivas, o el suelo y el agua para la agricultura. El problema que vivimos en el Perú es la forma, el modo, en que estamos buscando maximizar el crecimiento económico a través de la flexibilización de las condiciones ambientales de las inversiones.

Lo incompatible es que se piense que solo podemos promover las inversiones reduciendo las exigencias ambientales, es decir, ofreciendo mayor utilidad a los inversionistas mientras que el país acepta más pérdidas ambientales. De esta manera hemos logrado que en la década pasada, de cada 10 soles del PIB más de seis terminen como utilidad de las empresas, mientras que casi la totalidad de los costos ambientales terminan para las poblaciones locales.

En ese sentido, las medidas promovidas por el Ministerio del Ambiente (MINAM) pueden ayudar a que el país se aleje de esta inequitativa forma de distribuir los beneficios económicos y los perjuicios ambientales, en el sentido, que les exige a las empresas interiorizar los costos ambientales, pero son insuficientes para resolver este problema.

- Entonces si es insuficiente ¿Cómo compatibilizar estas dos líneas de las políticas del Estado?

Esta tensión es inevitable, mientras no salgamos de los márgenes del modelo de producción y consumo imperante en el planeta. En ese sentido, esperar compatibilizar estas dos líneas de políticas públicas es un error. El conflicto va continuar, ojalá en condiciones menos desiguales.

- ¿La política de concesionar biocombustibles en la Amazonía no es incongruente con la meta de Deforestación Cero” del Gobierno, por ejemplo?

Creo que primero es necesario precisar que el objetivo de alcanzar al 2021 una tasa cero de deforestación neta de bosques primarios o naturales, no es igual a “deforestación cero”. Dicho objetivo significa que la deforestación del 2021 será igual al crecimiento de los bosques naturales. Y el crecimiento de los bosques es más o menos la mitad de lo que deforestamos, entonces, dicho objetivo significa que al 2021 debemos reducir la deforestación a la mitad, no es necesariamente llegar a cero.

Incluso ahora se habla de “cero emisiones netas en el sector uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura”, en las que se puede incluir también las plantaciones forestales, que de expandirse en los próximos años como es deseable, generaría un “saldo a favor” para no tener que reducir la deforestación ni siquiera a la mitad.

Con este contexto no sería extraño que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) presente la deforestación provocada por la palma aceitera como “deforestación planificada” que es “aceptable” dentro del objetivo al 2021. Lo absurdo, es que existiendo áreas deforestadas se autorice la deforestación de bosques (cambio de uso y de bosques) para establecer extensas superficies de un monocultivo en medio de los bosques más megadiversos del planeta.

“Lo absurdo, es que existiendo áreas deforestadas se autorice la deforestación de bosques (cambio de uso y de bosques) para establecer extensas superficies de un monocultivo en medio de los bosques más megadiversos del planeta.”



- ¿La promoción de la agricultura de exportación en la costa está aumentado las emisiones de gases efecto invernadero, (fuerte aumento de la cantidad de hectáreas agrícolas en la costa, mayor uso agua y pesticidas) ¿No es esto contradictorio con la declaración del 2014 como “Año de la Industria responsable y el compromiso climático?

Si bien las emisiones de la agricultura ha crecido, en términos absolutos ha tenido un incremento de 4 millones de toneladas métricas de CO2; equivalente entre el 2000 y el 2009, pero la industria ha tenido un crecimiento de 13.5 millones de toneladas métricas de CO2; equivalente durante el mismo periodo. Creo que el nombramiento de un año tiene que ver más con lo que se aspira promover ese año, que con lo que se ha avanzado en los anteriores.

Sin embargo, la experiencia nos dice que como mecanismo para incrementar la efectividad de las políticas públicas el nombre de un año tiene poca o nula utilidad. Con ese contexto, si este año 2014 logramos cumplir con los temas climáticos pendientes (estrategia, comisión, presupuesto, etc.) y avanzamos en la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, ya sería un avance importante.

- ¿El modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico, son profundamente perjudiciales para el medio ambiente? ¿Es necesario evaluar la congruencia entre las declaraciones oficiales -como la designación del año 2014 como “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” y el tipo de inversiones que se promueven en la práctica?

Hace unos años el Banco Mundial encontró que los costos económicos de los problemas ambientales en el Perú sumaron más de 8 mil millones de nuevos soles, casi el 4 por ciento del Producto Bruto Interno, y eso sin contar las pérdidas ocasionadas por los conflictos sociales, es decir, difícilmente vamos a poder alcanzar nuestro potencial de crecimiento con semejante lastre. Adicionalmente, el tipo de crecimiento que venimos promoviendo también es altamente vulnerable al cambio climático, que tiene la capacidad de reducir nuestro potencial en casi un tercio. Es decir, a pesar que ya hemos escuchado muchas veces que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, seguimos induciendo más y más vulnerabilidad. Obviamente una industria responsable y comprometida frente al cambio climático debe enfocarse seriamente en reducir dicha vulnerabilidad, necesitamos adaptar nuestro modelo de crecimiento económico o vamos a perder mucho.

Hace unos años el Banco Mundial encontró que los costos económicos de los problemas ambientales en el Perú sumaron más de 8 mil millones de nuevos soles, casi el 4 por ciento del Producto Bruto Interno, y eso sin contar las pérdidas ocasionadas por los conflictos sociales, es decir, difícilmente vamos a poder alcanzar nuestro potencial de crecimiento con semejante lastre. Adicionalmente, el tipo de crecimiento que venimos promoviendo también es altamente vulnerable al cambio climático, que tiene la capacidad de reducir nuestro potencial en casi un tercio. Es decir, a pesar que ya hemos escuchado muchas veces que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, seguimos induciendo más y más vulnerabilidad. Obviamente una industria responsable y comprometida frente al cambio climático debe enfocarse seriamente en reducir dicha vulnerabilidad, necesitamos adaptar nuestro modelo de crecimiento económico o vamos a perder mucho.

“Hace unos años el Banco Mundial encontró que los costos económicos de los problemas ambientales en el Perú sumaron más de 8 mil millones de nuevos soles, casi el 4 por ciento del Producto Bruto Interno, y eso sin contar las pérdidas ocasionadas por los conflictos sociales (…)

a pesar que ya hemos escuchado muchas veces que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, seguimos induciendo más y más vulnerabilidad.”



- El especialista en temas ambientales Ricardo Giesecke, señaló que el Ministerio del Ambiente no debe trabajar de forma multisectorial. “Hay que reforzar e independizar al ministerio, en términos políticos tiene que ser la única voz a nivel nacional en temas de ambiente, los sectores no pueden ser juez y parte”, dijo. ¿Usted qué opina?

Estoy de acuerdo con el fortalecimiento del sector ambiental, y creo que la conformación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), va por ese camino, pero otra vez “será insuficiente y se avanza muy despacio”. Pero la amenaza que tenemos no es ambiental, uno de sus impactos es el ambiental, pero también hay impactos sociales muy importantes. Nuestro principal problema es el modelo de desarrollo y cambiarlo no es tarea, solo del Ministerio del Ambiente, ni de uno más fortalecido. Es el Presidente quien tiene que leer todos los días y repetirse muchas veces que debe transformar el actual crecimiento económico en un crecimiento responsable y comprometido frente al cambio climático.


Fuente: http://www.observatoriocambioclimatico.org/node/5118



Raúl Zibechi
El reciente informe de Oxfam Gobernar para las élites muestra con datos fehacientes lo que venimos sintiendo: que la democracia fue secuestrada por el uno por ciento para ensanchar y sostener la desigualdad. Confirma que la tendencia más importante que vive el mundo en este periodo de creciente caos es hacia la concentración de poder y, por tanto, de riqueza.

El informe señala que casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de uno por ciento de la población, que se ha beneficiado de casi la totalidad del crecimiento económico posterior a la crisis. Acierta Oxfam al vincular el crecimiento de la desigualdad a la apropiación de los procesos democráticos por parte de las élites económicas. Acierta también al advertir que la concentración de la riqueza erosiona la gobernabilidad, destruye la cohesión social y aumenta el riesgo de ruptura social.

Lo que no dice Oxfam es que la concentración de riqueza va de la mano con la militarización de las sociedades. Para defender la gigantesca concentración de riqueza, los de arriba se están blindando, militarizando cada rincón del planeta. Una de las recomendaciones dirigida a los miembros del Foro Económico de Davos suena demasiado ingenua: No utilizar su riqueza económica para obtener favores políticos que supongan un menoscabo de la voluntad de sus conciudadanos.

Vivimos en sociedades cada vez más controladas y militarizadas, ya sea en el norte o en el sur, bajo gobiernos conservadores o progresistas. Estamos ante una tendencia global que no puede ser revertida, en el mediano plazo, en los escenarios locales. Oxfam asegura que la desigualdad ha disminuido en América Latina en la última década. Ciertamente. Pero se trata de la región más desigual del mundo y se compara con la década de 1990, cuando la desigualdad llegó a un pico tan elevado que provocó estallidos sociales y levantamientos populares.

Entre los países donde la desigualdad ha disminuido destacan Brasil, México, Argentina y Colombia. En todos los casos la reducción se debe a razones similares (fiscalidad progresiva, servicios públicos y políticas sociales). Quiero destacar que existen tendencias de fondo, más allá de qué corrientes políticas ocupen el gobierno. Algo similar puede decirse de Europa: la crisis la pagan los trabajadores, tanto bajo gobiernos de derecha como deizquierda.

Me interesa destacar la tendencia a la militarización. El secuestro de los derechos. La criminalización de la protesta. Los de abajo vivimos en unestado de excepción permanente, siguiendo la máxima de Walter Benjamin. La militarización no es ni transitoria ni accidental, no depende de la calidad de los gobiernos ni de su discurso ni de su signo ideológico. Se trata de algo intrínseco al sistema, que ya no puede funcionar sin criminalizar la resistencia popular.

El Ministerio de Defensa de Brasil acaba de difundir (parcialmente por cierto) el Manual de garantía de la ley y el orden (GLO), en el que se define la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna (http://www.defesa.gov.br/arquivos/File/doutrinamilitar/listadepublicacoesEMD/md33_m_10_glo_1_ed2013.pdf). El GLO tuvo dos versiones: la primera, de diciembre de 2013, fue pulida en la publicada a finales de enero y se quitaron (o se enviaron a las páginas en blanco) los aspectos más chocantes. Por ejemplo, que las fuerzas armadas van a intervenir para restaurar el orden contrafuerzas oponentes.

Cuando el manual define cuáles son esas fuerzas, puede leerse: movimientos u organizacionespersonas, grupos de personas u organizaciones actuando de forma autónoma o infiltrados en movimientos. Cuando detalla lasprincipales amenazas, se dice: bloqueo de vías públicasdisturbios urbanos;invasión de propiedades e instalaciones rurales o urbanas, públicas o privadas;paralización de actividades productivassabotaje en los locales de grandes eventos. En suma, buena parte del repertorio de acción de los movimientos sociales.

Es un buen ejemplo de militarización y de criminalización de la protesta. En rigor, el GLO es la actualización de un conjunto de normativas que figuran en la Constitución y se han ido reglamentando desde la década de 1990. Lo sintomático es que se actualiza luego de las masivas manifestaciones de junio cuando se celebraba la Copa FIFA Confederaciones, y cuando una parte del movimiento popular anuncia nuevas acciones durante la próxima Copa Mundial de Futbol. Por eso se considera como sabotaje cualquier movilización durante grandes eventos. Esa es la disposición de ánimo de un gobierno como el de Dilma Rousseff, que pasa por ser más democrático que los de México y Colombia, por ejemplo.

El problema no es que el gobierno de Brasil haya cambiado, sino que el Estado siente la necesidad de responder al desafío de la calle y lo hace como cualquier Estado que se aprecie: garantizado el orden a costa de los derechos. De lo que se trata en este caso es de asegurar que una de la más corruptas multinacionales, la FIFA, pueda celebrar su actividad más lucrativa sin ser molestada por acciones colectivas de protesta. Insisto: es apenas un ejemplo, no quiero focalizar en Brasil.

Ante la escalada de militarización que atraviesa el mundo, los de abajo organizados en movimientos estamos lejos de tener algún tipo de respuesta. Más aún: nuestras estrategias, nacidas en periodos de normalidad, están mostrando límites en momentos de crisis y caos sistémicos. En primer lugar, necesitamos ser conscientes de esos límites. En segundo, debemos aprender a defendernos.

Como señala el historiador chileno Gabriel Salazar: El poder popular es la única forma de tener una verdadera democracia. Un pueblo que tiene derechos pero no tiene poder no es nada. El derecho no vale sin poder. Los sistemas comunitarios de defensa nos enseñan algo sobre la construcción de poder entre los de abajo. El movimiento obrero tuvo una vasta experiencia, hasta el ascenso del nazismo, sobre formas de autodefensa. Puede ser el momento de refrescarlas.

 

El Ejemplo de Yanacocha en Cajamarca, para imponer su proyecto minero Conga


A raíz de los últimos acontecimientos frente a la imposición del proyecto minero Conga de Yanacocha en Perú, el Comité de Solidaridad con Cajamarca, la asociación Francia América Latina y el colectivo de peruanos FAL en Francia organizó una manifestación en contra de la Embajada del Perú en París, para el Jueves, 13 de febrero 2014 a las 17:00. La Embajada se encuentra en 50, avenue Kleber 75016 París – Metro Kleber o Boissiere, línea 6.

Contra la campaña mediática calumniosa!
Contra la imposición del proyecto Conga y el inicio del trabajo a pesar de la suspensión oficial!
Para la defensa del agua, los derechos humanos y la vida!
Comité Paris
Primeros firmantes de las comunica unitarios 

Francia: 

France-Libertés – Fondation Danielle Mitterrand 
Francia América Latina (FAL) 
Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP) 
Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD-Terre Solidaire) 
Comité de Solidaridad Cajamarca 
Grupo de peruanos en Francia 
Partido comunista francés (PCF) 
Europa Ecología Los Verdes (VTE) 
Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) 
Partido de Izquierda (PG) 
Izquierda Ciudadana 
Izquierda Anticapitalista (GA) 
La Alternativa 
Coordinación Water Island – Francia 
Amigos de la Tierra 
Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo 
Unión Sindical SOLIDARIDAD 
Emancipación – Tendencia Inter 
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) 
Alternativas a (ALDEAH) Desarrollo extractiva y antropocéntrica 
Comité de Solidaridad con las luchas del pueblo argentino (CALPA) 
Comité de América Latina de Caen 
Tierra y Libertad Sindical 
CNT – Trabajadores Solidaridad 
Colectivo Ensemble 
Fundación Copérnico 

Europa: 

Comité Celendín Hamburgo (Alemania) 
Asociación de Peruanos en Suecia (Suecia) 
Foro Peruanos en el Exterior (Italia ( 
Movimiento MPS por el Socialismo (Suiza) 
Confederación Nacional del Trabajo (CGT España) 
Intersindical Valenciana (España) 
Confederación Intersindical (España) 
Asociación Andino El (Bélgica) 

Personalidades europeas: 

Laurence Cohen, el senador francés 
Pierre Laurent, el senador francés, secretario nacional del PCF 
Jacqueline Fraysse diputado francés 

Escritores, intelectuales y artistas hispanos 

Alfredo Pita (escritor peruano, Francia) 
Luis Dapelo (Universidad Peruana, Francia) 
Diego Trelles (escritor peruano, Francia) 
Elqui Burgos (escritor peruano, Francia) 
Alejandro Sánchez-Aizcorbe (escritor peruano, Estados Unidos) 
Walter Lingan (escritor peruano, Alemania) 
Joel Hernández Santiago (periodista escritor, México) 
Nora Curonisy Lostaunau (fotógrafo peruano, Francia) 
Santiago Gamboa (escritor colombiano, Italia) 
Ricardo Bada (periodista español, Alemania) 
José Piérola (escritor peruano, Estados Unidos) 
Manuel Guerra (escritor, Perú) 
José Ovejero (escritor, España) 
Luis Sepúlveda (escritor chileno, España) 
Isaac Goldemberg (escritor peruano, Estados Unidos) 
Lenin Solano Ambía (escritor peruano, Francia) 
Melacio Castro Mendoza (escritor peruano, Alemania) 
Publicado por Blogger en Cajamarca Solidaridad en 02/09/2014 06:51:00 AM

Escuchar audio aquí:


Alrededor de las 11:20 horas del día de hoy se comunicó Máxima Acuña de Chaupe con nuestro medio para denunciar nuevamente el hostigamiento que viene siendo víctima su familia por parte de la empresa minera Yanacocha a través de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES) a quién esta empresa minera ha contratado para brindarle seguridad.IMG_1287

Informó que la DINOES en un número de 18 efectivos fuertemente armados que llegaron en 3 camionetas de la empresa minera han entrado a su propiedad a impedir que desarrollen sus actividades agrícolas. La empresa alude que el terreno en donde vive la familia Chaupe Acuña es de su propiedad, los efectivos de la policía han ido a llevar este mensaje de prohibición de trabajar en sus chacras. Por otro lado también se conoce que la familia viene afrontando un litigio con la todo poderosa minera Yanacocha que quiere apropiarse de sus terrenos que poseen desde 1994 y que se encuentran ubicado estratégicamente en el corazón del cuestionado proyecto minero Conga, frente a la Laguna Azul que se convertiría en su botadero de desechos tóxico de ejecutarse dicho proyecto.

Así mismo Máxima informó que los efectivos de la policía han ido a notificarles que no trabajen pero no mostraron ninguna orden del juez o de alguna autoridad pertinente, por lo que este hecho se constituye en un acto arbitrario y abuso de autoridad de la Policía Nacional del Perú, a ordenes de minera Yanacocha.

Máxima y su familia vienen siendo amenazados constantemente incluso denunciaron ser víctimas de amenazas de muerte, invocó también al la Fiscalía de Celendín para impedir este tipo de abusos que vienen sufriendo.

La Red Ulam ha hecho un llamado de acción urgente para impedir que se siga vulnerando los derechos de esta familia: Ver el Enlace y apoya.

Máxima Acuña Chaupe está en peligro


- Las tendenciosas y calumniosas informaciones en contra de activistas ambientales de Piura y Cajamarca enrarece el clima de los derechos humanos en un país que se jacta de respetarlos.

Servindi, 2 de febrero, 2014.- No es un caso aislado. Se trata de una campaña orquestada para denigrar la imagen de dirigentes y activistas sociales que la gran prensa pretende estigmatizar en un nuevo delito imaginario: “defender la vida, el ambiente y los derechos de las comunidades”.

No solo son los líderes que defienden el ambiente y los recursos de los campesinos de Cajamarca frente al megaproyecto minero Conga. La campaña ahora se extiende a Piura donde se calumnia a Lupo Canterac.

Ante la incapacidad del Estado peruano para implementar procesos de consulta previa en el ámbito minero y respetar los derechos colectivos de las comunidades originarias los sectores empresariales se han lanzado a desacreditar a quienes han elegido defender el ambiente y los recursos naturales.

Miguel Santillana, un servidor de la empresa Yanacocha es la persona encargada del trabajo sucio de enlodar honras ajenas y presentar casi como delincuentes a líderes y promotores sociales que actuan en el marco de la ley.

La Red Muqui -un colectivo de 27 instituciones que hace más de 10 años promueve el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por actividades mineras- denunció las calumnias periodísticas contra Lupo Canterac, responsable de la Red Muqui Norte.

Lupo Canterac es una persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo. Coordina la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), una articulación que promueve la salida pacífica frente a los conflictos socioambientales que involucran a comunidades locales.

Medios de prensa han divulgado la presencia de Lupo Canterac como “parte de un relazamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras”.

Como si trata de un peligroso prontuariado un diario reportó que “observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.

La Red Muqui denunció que las acusaciones que tienen como fuente instigadora a Miguel Santillana, servidor de Yanacocha, “son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales”.

Solidaridad internacional

La campaña mediática que pretende desacreditar a los activistas sociales recibió una amplia condena de parte de una amplia red de asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad.

Mediante un pronunciamiento público con fecha 31 de enero afirman que la campaña de desprestigio lanzada en la prensa peruana arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos y ambientales.

La campaña también tiene como meta específica desacreditar a quienes se oponen al proyecto minero “Conga” a quienes acusa de recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo en el Perú.

Piden al gobierno peruano desaprobar la “campaña de difamación contra las organizaciones y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos democráticos en Francia, Europa, Perú y en el mundo entero” que tiene al grupo mediático El Comercio, como su principal vector.

El comunicado internacional coincide con la Red Muqui en que la campaña es “iniciada por un asesor habitualmente al servicio de las empresas mineras” en alusión indirecta a Miguel Santillana, servidor de la empresa minera Yanacocha.

El pronunciamiento internacional menciona el contexto represivo que se vive en el Perú con la promulgación de la Ley 30151 que garantiza la impunidad de la policía y del ejército en casos de abuso y violencia así como en la instalación de puestos policiales en las ciudades en conflicto.

Finalmente, llama a las organizaciones democráticas que defienden los derechos humanos y ambientales en Francia y Europa a que renueven su solidaridad con el pueblo de Cajamarca y se unan a la coordinadora que actualmente están conformado.

A continuación reproducimos el comunicado de la Red Muqui y luego el pronunciamiento internacional:

Denunciamos campaña pública para deslegitimar actividades de defensores e instituciones de derechos humanos, ambientales y de desarrollo local sostenible a nivel nacional

La RED MUQUI, colectivo conformado por 27 instituciones de la sociedad civil de todo el Perú, que desde hace más de 10 años promueve el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras en el país, así como sus posibilidades de desarrollo humano, integral y sostenible, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. El día 27 de enero del presente, la edición norte del diario La República, publicó la nota denominada “Miguel Santillana advierte sobre presencia de Lupo Canterac en Tambogrande”. En ella se cita declaraciones del citado consultor de empresas Miguel Santillana, aludiendo que la presencia de Lupo Canterac, actual responsable de la Red Muqui Norte, y Coordinador de la Red Agua, Democracia y Desarrollo – REDAD de Piura (miembro de Red Muqui), en Tambogrande, “forma parte del relanzamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras (…)”. El diario también señala que “observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (en el distrito de Tambogrande), (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.

2. La Red Muqui rechaza las afirmaciones calumniosas en contra de Lupo Canterac, persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo, en tanto ni él ni nuestros colectivos hemos promovido, ni antes ni ahora, ningún tipo de acción violenta o agitación, pues estamos en contra de ello, y es más impulsamos salidas pacíficas a los conflictos sociales generados, a pedido de las comunidades o poblaciones que se sienten afectadas en sus derechos por las actividades mineras.

3. El ataque contra Lupo Canterac se produce cuando la empresa minera peruana Buenaventura, que es titular del Proyecto Minero “El Faique” en tierras de la Comunidad Campesina de Locuto en el distrito de Tambogrande en la región Piura, busca obtener la autorización de la citada comunidad para sus operaciones. La Comunidad está de acuerdo con realizar una consulta al respecto, pero no condicionada por la empresa minera, como han tratado de hacerlo en dos oportunidades. Lo cierto es que hay un rechazo de la comunidad a su realización, el que se hace patente en el pronunciamiento de la Comunidad publicado en el diario La Hora de Piura del sábado 25 de enero.

4. El proyecto minero “El Faique” está ubicado en la margen izquierda del Rio Piura, y era la segunda etapa del proyecto que fue sometido a una consulta vecinal realizada en junio del 2002, donde el 98% de la población local rechazó su realización.

5. Consideramos que las afirmaciones calumniosas sufridas por Lupo Canterac en Piura, así como por otros líderes, promotores sociales e instituciones de derechos humanos en Cajamarca y Espinar, Cusco, son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales, y las que promueven el desarrollo local sostenible, cuya tarea sólo suple la falta de un Estado que tutele los derechos de la comunidades y poblaciones afectadas.

Consideramos que todos estos ataques no hacen sino restar importancia a los verdaderos problemas que están detrás de los conflictos sociales, como la no realización de procesos de consulta previa en minería hasta la fecha, la falta de mecanismos de participación efectiva, la ausencia de una fiscalización ambiental efectiva, la necesidad de una Ley de Ordenamiento Territorial que permita culminar dichos procesos, entre otras muchas, que de no afrontarse mantendrán la posibilidad de nuevos conflictos sociales, y frente a ello la respuesta represiva desde el gobierno.

Lima, 30 de Enero del 2014

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS–Otuzco, La Libertad Andes-Pasco/APRODEH/Arariwa- Cusco/ CADEP-Cusco/ CEDAP-Ayacucho/Centro Labor- Pasco/ Centro Pastoral de la Diócesis de Chulucanas-/CooperAcción/ Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco/ Fedepaz/ Grufides – Cajamarca/Grupo Propuesta Ciudadana/ Huñuq Mayu-Apurímac/ Instituto Natura- Áncash/ Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno/Pastoral de la Dignidad Humana- Huancayo/ Programa Democracia y Transformación Global/ Red Regional Agua, Democracia y Desarrollo de Piura/ Red Uniendo Manos/ Vicaría de Solidaridad de Jaén/ Siguen firmas…

Solidaridad internacional con Cajamarca

Comunicado unitario

Una campaña mediática ha sido lanzada hace poco en el Perú contra el movimiento de solidaridad internacional con el pueblo de Cajamarca (norte de los Andes de Perú), en lucha pacífica desde hace tres años, en defensa del agua y del medio ambiente, contra el megaproyecto minero “Conga”, de la empresa Yanacocha (transnacional Newmont, Buenaventura y el Banco Mundial).

Este proyecto de minería a tajo abierto destruirá cinco lagos de montaña, 700 manantiales y 260 hs de bofedales. Se trata de una amenaza directa a la salud, a la vida de las personas y al medio ambiente de esta importante región agrícola del Perú y contaminará todo el sistema hidrológico aguas abajo, en sus vertientes amazónica y del Pacífico, con un impacto para miles de personas.

Desde hace tres años, las poblaciones afectadas resisten pacíficamente. La respuesta de las autoridades ha sido la represión: en julio de 2012, cinco personas fueron muertas por la policía, que también hirió de bala a una cincuentena. La indignación provocada por esta ola de violencia puso de pie a toda la población de esa región andina y provocó un movimiento de solidaridad nacional e internacional.

El megaproyecto “Conga” fue suspendido oficialmente en agosto de 2012.

Hoy, todas las asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad con Cajamarca, y cuyos objetivos humanitarios no pueden ponerse en duda, son objeto de una campaña de desprestigio lanzada en la prensa peruana.

Iniciada por un asesor habitualmente al servicio de las empresas mineras, esta campaña arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso con la defensa de la democracia, de los derechos humanos y ambientales, con la defensa del derecho al agua, reconocido en el plano internacional como parte integrante de los derechos humanos por la resolución de la Asamblea General de la ONU del 28 de julio del 2010, y en la defensa del derecho a la consulta previa, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

Esta campaña también tiene como meta desacreditar a todos aquellos quienes, en el Perú, se oponen al proyecto minero “Conga” y siguen defendiendo los derechos de la población. Esta campaña pone en peligro a estas personas, acusadas de recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo del Perú.

Tenemos buenas razones para expresar nuestra preocupación pues se acaba de adoptar la Ley 30151, que garantiza la impunidad de la policía y del ejército en casos de abuso y violencia y que viola abiertamente las convenciones internacionales, y se está instalando importantes contingentes policiales en las tres ciudades de la región de Cajamarca (Celendín, Cajamarca y Bambamarca).

También observamos con preocupación la declaración de impunidad y el abandono de la investigación para establecer las responsabilidades por los cinco asesinatos cometidos durante las manifestaciones de julio del 2012.

Por lo tanto, denunciamos esta campaña mediática y exigimos del grupo mediático El Comercio, su principal vector, nuestro derecho elemental de respuesta.

Pedimos al gobierno peruano que desapruebe esta campaña de difamación contra las organizaciones y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos democráticos en Francia, Europa, Perú y en el mundo entero.

Alertamos sobre estos hechos a todas las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional y las llamamos a la mayor vigilancia, al tiempo que reafirmamos solemnemente nuestra solidaridad con el pueblo de Cajamarca, con los miembros de las rondas campesinas y con los líderes sociales y políticos peruanos a quienes la citada campaña amenaza en forma directa.

Así mismo, llamamos a todas las organizaciones democráticas que defienden los derechos humanos y ambientales en Francia y Europa a que renueven su solidaridad con el pueblo de Cajamarca firmando este comunicado solidario y uniéndose a la coordinadora que actualmente estamos conformando.

París, 31 de enero de 2014.

  • France-Libertés-Fondation Danielle Mitterand
  • Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)
  • France Amérique Latine (FAL)
  • Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire)
  • Coordination Eau Ile – France
  • Comité de Solidarité avec Cajamarca – Francia
  • Collectif de Péruviens en France
  • Amis de la Terre
  • Association des Populations des Montagnes du Monde
  • Association Terre et Liberté
  • Union Syndicale SOLIDAIRES
  • Emancipation – Tendance intersyndicale
  • CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde)
  • Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)
  • Parti Communiste Français (PCF)
  • Europe Écologie Les Verts (EELV)
  • Nouveau Parti anticapitaliste (NPA)
  • Gauche Citoyenne
  • Les Alternatifs
  • Comité de solidarité avec les luttes du peuple argentin (CALPA)
  • Comité Amérique Latine de Caen – Francia
  • Comité Celendín Hamburgo – Alemania
  • Asociación de Peruanos en Suecia – Suecia
  • Forum de Peruanos en el Exterior – Italia

La CNDDHH Perú ha presentado un recurso de impugnación ante el Fiscal de Chiclayo que ha archivado los casos de los muertos de Celendín durante los hechos del 3 de julio de 2012. El fiscal tiene la obligación de elevar el recurso a su superior inmediato para que tome cartas en el asunto.

Esta medida se tomó luego que el fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dispuso que es improcedente formalizar y seguir la investigación preparatoria respecto a la muerte de los comuneros César Medina Aguilar, Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y Antonio Sánchez Huamán, el 3 de julio del 2012, en Celendín, en una protesta contra el proyecto Conga; pese a se afirma que sí hay elementos que indican que hubo homicidio doloso de parte de algunos de los miembros de las FFAAs , también señala que incluso algunos de los disparos pudo provenir de helicópteros que sobrevoló en la ciudad durante las manifestaciones contra el proyecto minero Conga.

Recurso de impugnación

 

 

 


Acción ante Corte Federal de Estados Unidos solicita información a Newmont sobre represión de protestas sociales en el proyecto minero Conga

Contact:

Rick Herz (U.S.): (860) 233-4938, rick@earthrights.org
Benjamin Hoffman (Peru): +51-959-284295, benjamin@earthrights.org

Denver, 24 de enero de 2014 – EarthRights International (ERI) presentó hoy una demanda ante la Corte Federal en representación de Elmer Eduardo Campos Álvarez (32), manifestante herido por la violencia policial en la zona del proyecto minero Conga. Con esta acción, ERI busca obtener información y documentos de la empresa Newmont que asistan a los procesos judiciales abiertos en el Perú relativos a la represión de la protesta social contra el proyecto.

El demandante, residente del departamento de Cajamarca, donde está ubicado el proyecto, recibió dos impactos de bala en la espalda el 29 de noviembre de 2011, mientras protestaba pacíficamente en el lugar donde se propone la mina. Por las lesiones sufridas, Campos perdió un riñón y quedó parapléjico. Fue uno de los 24 manifestantes heridos por la policía durante aquella jornada.

La empresa minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont, firmó un contrato con la Policía Nacional del Perú para la prestación de servicios de seguridad. Los agentes de policía implicados en la represión del 29 de noviembre afirmaron ante los fiscales locales que estaban proporcionando seguridad a la empresa. El proyecto Conga generó una fuerte oposición en las comunidades cercanas, ya que supone la destrucción de lagunas altoandinas vitales para el sistema hídrico, y consideradas como fuente fundamental de vida por la población local.

“La represión policial a la protesta social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú”, dijo Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía están al servicio de la seguridad privada. Esperamos que esta acción contribuya a esclarecer la situación y facilite la obtención de justicia en el Perú”.

El demandante busca información de la empresa Newmont – como evidencias fotográficas y de video, informes de seguridad de empleados de Minera Yanacocha, registros de comunicaciones con la policía y comunicaciones internas – que aporten claridad sobre lo ocurrido.

Si se proporciona, la información solicitada ayudará a las autoridades judiciales peruanas que investigan los hechos, tanto en la investigación penal pendiente contra los dos agentes al mando de la policía aquel día, como en una demanda civil presentada por el señor Campos contra la Policía Nacional de Perú y otros oficiales públicos.

“Justicia significa, en primer lugar, que haya una verdadera investigación para determinar quiénes fueron los responsables y que paguen por sus crímenes. En segundo lugar, significa que el gobierno cumpla con su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y el medioambiente, en lugar de imponer un proyecto minero destructivo mediante conductas policiales abusivas”, señaló Elmer Campos.

La actividad minera es conflictiva en el Perú: en septiembre de 2012 la Defensoría del Pueblo reportó 223 conflictos sociales activos, dos tercios de ellos vinculados a la extracción de minerales. La Defensoría registra además 196 muertos y 2369 heridos en conflictos por los recursos naturales entre 2006 y 2011.

“Esperamos que la acción en los Estados Unidos apoye los esfuerzos legales en curso en el Perú para buscar justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos humanos, y ayude a poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión policial de las actividades de protesta legítimas”, señaló Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, institución que representa al señor Campos como parte civil agraviada en la investigación penal.

La acción legal ante la Corte Federal fue presentada bajo el Estatuto 28 USC § 1782, ley que permite a las partes de procedimientos judiciales en el exterior obtener documentos e información de personas o empresas en los Estados Unidos.

Además de EarthRights International, el señor Campos es representado en la acción ante la Corte Federal estadounidense por Gail Johnson, de Johnson, Brenner & Klein, PLLC, con sede en Boulder, Colorado.


EarthRights International (ERI) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que combina el poder de la ley y los pueblos en defensa de los derechos humanos y el medioambiente, definidos de manera conjunta como “derechos de la tierra”. Nos especializamos en investigación y acciones legales contra quienes violan estos derechos, capacitamos a líderes comunitarios y promovemos campañas de incidencia pública y tenemos oficinas en el Sur Este de Asia, Estados Unidos y Peru.

Documents:

Tras los últimos eventos ocurridos en el proyecto Conga, Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de Dialogo y Sostenibilidad del Ejecutivo, refirió que el trabajo que actualmente vienen realizando en Cajamarca, es el de recuperar la confianza y crear espacios para dar paso al dialogo para de esa manera atender los reclamos de la población.

En ese sentido, dijo que ha mejorado la relación con los municipios y que próximamente recibirá la visita de 8 alcaldes con quienes trabajan en una solución al conflicto. Pero, sin embargo reconoció que hay un sector sumamente intransigente y radical, que ha mantenido una posición anti conga, que los ha llevado a ejercer presión con violencia sobre quienes no comparten su forma de pensar

Sobre ese punto, el alto comisionado manifestó que es necesario respetar las opiniones del resto

“Debemos entender que no todos pueden estar de acuerdo, sin embargo tienen una influencia muy violenta en los que si quieren dialogar, a través de sanciones que si cuestionamos nosotros, porque debemos dejar que todos expresen su punto de vista” refirió

En cuanto al reinicio de las operaciones en Conga, Huaroc fue cauteloso y no hablo de fechas, pero se mostró a favor de que sea este año, dependiendo de la apertura que muestre la empresa, a recuperar la confianza de la población

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