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Foto: Raquel Neyra / Servindi
- Serán los días 9 y 24 de noviembre. Entre los acuerdos suscritos en asamblea figura también la construcción de una casa para los denominados ´guardianes de las lagunas`.

Servindi, 25 de octubre, 2013.- Los frentes de defensa de la provincia de Celendín reunidos en el distrito de Huasmín anunciaron el reinicio de las acciones en defensa de sus territorios comprendidos en el área del proyecto minero Conga, en Cajamarca.

Bajo estrictas medidas, ante el temor de la presencia de infiltrados, los más de trescientos pobladores procedentes de 37 caseríos y centros poblados acordaron marchar el próximo 9 de noviembre con destino a las lagunas Azul y El Perol.

Cabe destacar que en esa fecha, en Celendín, se conmemoran dos años del inicio de las acciones en contra del proyecto Conga, a cargo de la empresa Yanacocha.

Según indicó Nicanor Alvarado, coordinador de Asuntos Internacionales de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), con esta salida se busca echar por tierra las versiones del Gobierno y de la empresa de que el proyecto cuenta con la aprobación de las comunidades.

Posteriormente, el 24 de noviembre, día que coincide con el inicio de un paro de 2011 en esta misma provincia, nuevamente los pobladores se instalarán en las lagunas y cada comunidad cumplirá con un cronograma de guardia.

Local para ´guardianes de las lagunas`

Tal como lo han venido haciendo las rondas campesinas de Bambamarca, en la provincia de Hualgayoc, los ronderos y pobladores de Celendín anunciaron que reunirán un fondo que servirá para financiar la compra de un terreno para los denominados Guardianes de las lagunas.

Como se sabe, en Bambamarca, zona que será también afectada por el proyecto Conga, organizaciones sociales, federaciones y particulares lograron reunir una cantidad importante de dinero que se usará en la compra de un terreno y la construcción de una “Casa Rondera”.

Este terreno -de dos hectáreas- se ubica cerca de una de las lagunas del proyecto minero. La vivienda servirá de morada para los ronderos que a la fecha vienen pernoctando bajo carpas de plástico, soportando las bajas temperaturas de la zona a 4 mil metros sobre el nivel del mar.

A fin de poder contar con una vivienda para los guardianes de las lagunas de Celendín y en cumplimiento de un acuerdo del 23 de setiembre, se pactó el jueves último trabajar en la adquisición de un espacio cerca a una de las lagunas, o bien laguna Azul o El Perol.

Esto permitira a los guardianes continuar con su labor de vigilancia a fin de evitar el posible ingreso de maquinaria de Yanacocha a las lagunas, las mismas que, dentro de los planes de la empresa, deberá quedar sin rastro de agua para facilitar la actividad extractiva.

La asamblea sirvió también para crear el Frente de Defensa de Santa Rosa, así como para programar un encuentro de los Guardianes de Conga y del Marañón los días 6 y 7 de diciembre.

A la cita llegaron representantes de las localidades de Pallac, La Chita, La Victoria, El Progreso, El Porvenir, Huasmín, Sorochuco, Chugur, El Sauce, Quinopampa, Chanipata, Vista Alegre, Santa Rosa alto y bajo, Jeréz, Jadibamba, Valla Laguna Azul, entre otras.



Una vez más el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) van a celebrar sus clásicas reuniones de primavera en Washington.

La capital estadounidense será sede de los debates y las mesas de discusión en las que participarán cientos de funcionarios de todo el mundo y miembros de la sociedad civil, y en las que se reflexionará sobre la crisis y los retos del “desarrollo” en el mundo.

Atrás parecen haber quedado los años en que el FMI estaba al borde de la quiebra, pues no tenía programas suscritos con casi ningún país, a excepción de Turquía. Era la segunda mitad de la primera década del Siglo XXI cuando este gigante de las finanzas globales estaba a punto de vender sus reservas de oro para pagar su planilla.

Muchos países incluyendo Brasil, Argentina y Rusia le habían pagado sus deudas con las reservas generadas y no querían saber de ninguna asesoría ni programa económico venido del FMI.

Empezaron los debates sobre si el fondo debía desecharse o convertirse solo en una gran base de datos. La reforma parecía inevitable.

De igual modo, el Banco Mundial pasaba por una crisis de legitimidad y sobre su propio rol, mientras que los países del sur empezaban a hablar de regionalización financiera en la que con instrumentos financieros propios y sobretodo sin condicionalidades de política para abrir las economías o destrozar las bancas de fomento por ejemplo, se podía pasar a otro esquema de financiamiento al desarrollo en el mundo. Un país un voto el lema para la construcción de una banca de desarrollo de nuevo tipo.

Es que estas dos organizaciones estaban muy desprestigiadas, especialmente después de la crisis asiática de fines de los noventa y la debacle argentina de principios de siglo tras haber seguido a pie juntillas, todas las recomendaciones del FMI.

Pero luego vino la crisis de las economías desarrolladas, la quiebra de bancos de inversión, los problemas fiscales y de cuentas externas de los países del G7 y otros industrializados, lo que significó un balón de oxígeno para estos paquidermos financieros.

Con nuevas funciones y más recursos pero con el mismo enfoque neoliberal, el FMI y el BM volvieron a ocupar su hegemonía dentro de los organizamos multilaterales. Se volvieron los instrumentos idóneos del G20 para responder a la crisis.

Hasta las economías emergentes hicieron aportes para el “salvataje” del FMI. Sin duda, la crisis global y el empobrecimiento de la clase trabajadora del norte, significaron una bendición para ese par. El FMI sigue pidiendo ajustes presupuestales y reformas estructurales al mejor estilo de los noventa con la consiguiente condena a la miseria de millones de pensionistas y trabajadores. Es el caso de Grecia, España, y varios países más.

Y el Banco Mundial sigue financiando proyectos que violan derechos humanos como es el caso de su brazo financiero la IFC (Corporación Financiera Internacional), que según un informe de un órgano (CAO) del propio BM, no toma en cuenta los impactos sociales ni ambientales que genera con sus financiamientos.

Eso se plasma en proyectos como el de minas Conga en (Cajamarca, Perú), que a pesar de haber generado muertos, paros indefinidos y crisis política, se insiste en su viabilidad. El IFC es accionista de este proyecto.

Asimismo, el IFC financia la empresa Dinant en Honduras, responsable de decenas de muertos por el impacto de su actividad. Pero eso no le importa al Banco Mundial.

Total tanto para él, como para el FMI, la economía no tiene que ver con la gente de a pie. Solo se trata de equilibrar las cuentas así cueste sangre y dar todos los beneficios a la inversión privada.

 


Por: Juan Soria

Los guardianes de las lagunas de Cajamarca, esta semana en Lima, ayer se dirigieron a las oficinas delBanco Mundial – IFC (Corporación Financiera Internacional-miembro del BM); allí dejaron un memorial dirigido al Pdt. del BM Jim Yong Kim, en el cual explican la situación que está pasando su región y solicitan declarar la inviabilidad y el retiro de la maquinaria del Proyecto Minero Conga, por ser perjudicial a su frágil equilibrio medio ambiental, y por ende, también a sus vidas.

A diferencia de la visita hecha a las oficinas de la minera estadounidense Newmont (donde Los Guardianes fueron maltratados y solo pudieron ingresar y dejar el memorial gracias a la intervención del Congresista de la República Rimarachín), esta vez sí fueron recibidos y gentilmente atendidos. Sin embargo, algo que no queda claro fue una respuesta de la representante del IFC – BM “somos socios (con Yanacocha) pero no estamos involucrados en el proyecto Conga” ¿? ¿Se estarán lavando las manos? ¿Se puede ser socio o permanecer con un silencio cómplice cuando es sabido que el asociado es corrupto y hasta está involucrado en crímenes? ¿Es posible que el BM no se haya enterado del proceder de Yanacocha o Newmont? Todo esto me hace recordar a la excusa del fujimorismo “la corrupción lo hizo Montesinos, El Chino no sabía nada”. ¿Ahora entienden lo que logra la impunidad? Genera más corrupción y hasta la aceptación del público escucha.La amabilidad mostrada por las representantes del BM es esperanzadora, pero sabemos que ellas no tienen ni voz ni voto en las decisiones de la cabeza del BM, lo cual es muy diferente a que esa entidad no esté involucrada con el Proyecto Minero Conga. Las cosas claras por favor, así como el agua natural de Cajamarca. Acá les dejo la visita de los Guardianes de las Lagunas: 

Fuente: Despernado – http://despernado.blogspot.com/2012/11/el-banco-mundial-se-lava-las-manos.html



Servindi, 23 de julio, 2012.- Este fin de semana, en ciudades de Europa y Estados Unidos colectivos ambientalistas se congregaron de manera pacífica frente a las embajadas peruanas para manifestar su apoyo a la resistencia de Cajamarca contra el proyecto minero Conga.
En un acto coordinado por peruanos en el extranjero y simpatizantes del movimiento ambiental contra Conga, los activistas se presentaron con carteles y arengas en las puertas de las embajadas peruanas de Madrid, París, Nueva York, Hamburgo, Bruselas, Berlín y Estocolmo.
Las manifestaciones, realizadas el viernes 20 y sábado 21, tuvieron réplicas en Perú. Cientos de activistas se congregaron, el viernes,  en la plaza San Martín de Lima, mientras que en Puno se llevó a cabo un paro de 24 horas.
Durante las acciones de protesta en el extranjero, se entregó a las embajadas del Perú el “Pronunciamiento Europeo y Mundial”, elaborado en conjunto por las organizaciones.
En el documento, las agrupaciones firmantes se solidarizan con los fallecidos en Cajamarca durante la protestas contra Conga y exige que se investiguen las muertes ocasionadas al intervenir la policía y el ejército.
Asimismo, rechazan “la agresión policial” de la que habría sido objeto el líder ambientalista Marco Arana en Cajamarca durante el estado de emergencia.
Los suscritos denuncian que el Gobierno de Ollanta Humala  no ha cumplido, hasta el momento, sus promesas electorales y que gobierna en alianza con sectores empresariales.
“A un año de gobierno constatamos que la promesas electorales en cuanto a una nueva relación entre las comunidades y las industrias extractivas no han sido cumplidas, y que por el contrario el gobierno ha optado por una alianza con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Policía y Ejercito Nacional para profundizar el modelo neoliberal, extractivista y primario-exportador”, señala el pronunciamiento.
Pronunciamiento Europeo y Mundial
A un año de gobierno de Ollanta Humala, exigimos no más violencia en Cajamarca
Las organizaciones firmantes, con sede en diversas ciudades europeas (Madrid, Paris, Londrés, Zurich, Berlín, Bruselas) expresamos nuestra profunda tristeza y absoluta solidaridad con los familiares de los fallecidos en los enfrentamientos con la Policía y Ejercito, por defender el Agua y la Vida: Eleuterio García Rojas, César Medina Aguilar, José Faustino Silva Sánchez, Joselito Vásquez Jambo y José Antonio Sánchez Humán. Al respecto, exigimos que se investigue con profundidad y sancione con celeridad a los responsable policiales, militares o civiles.
Rechazamos enérgicamente la brutal agresión de parte de la Policía Nacional de la que ha sido víctima Marco Arana, líder ambientalista reconocido a nivel nacional e internacional por su compromiso con las comunidades campesinas afectadas por las actividades mineras. Así mismo denunciamos la persecución que el Estado peruano viene ejerciendo contra numerosos líderes sociales y exigimos el fin de la criminalización de la protesta social.
Pedimos se levante el estado de emergencia que el gobierno ha decretado en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca. Medidas de esta naturaleza no contribuyen de manera alguna a propiciar el dialogo con la población, todo lo contrario, alimentan la desconfianza en la población y crean las condiciones propicias para generar abusos por parte de la autoridad, tal y como se ha podido constatar recientemente. Es por ello que adicionalmente pedimos la renuncia del Premier Oscar Valdés y del Ministro del interior Wilver Calle del gabinete y el cambio de la política económica, social y minera.
Respaldamos a las comunidades campesinas y pueblo de Cajamarca en general en su lucha contra el megaproyecto Minas Conga de la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation-Minera Yanacocha, lucha que consideramos legítima y fundada. Como ya es de conocimiento público dicho megaproyecto destruiría cuatro lagunas y pondría en riesgo el frágil equilibrio ecológico de la región, equilibrio indispensable para la conservación de la Vida y el desarrollo de las comunidades afectadas y pueblo de Cajamarca.
Denunciamos que dicho megaproyecto no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada ni el derecho de las comunidades y rondas campesinas a decidir de sus propias formas de desarrollo. Estas comunidades han manifestado reiteradamente su voluntad de optar principalmente por actividades agrícolas y ganaderas, en mayor acorde con su principios de organización social y económica.
Por último, a un año de gobierno constatamos que la promesas electorales en cuanto a una nueva relación entre las comunidades y las industrias extractivas no han sido cumplidas, y que por el contrario el gobierno ha optado por una alianza con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Policía y Ejercito Nacional para profundizar el modelo neoliberal, extractivista y primario-exportador en desmedro de las mayorías populares excluidas y contaminadas.
Imágenes de la jornada de protestas
Protesta en Hamburgo
Estocolmo (foto: Oliver López)
Madrid (foto: Juan Carlos Gil)
París (foto: Solidarite Cajamarca)
Bruselas (foto: Luis Barbarán)
Berlín (foto: Minka Perú)
Londres
Nueva York (foto: Grancomboclub.com)
Lima (foto: Indignados Perú)

Recién el miércoles 18 el padre Gastón Garatea y Miguel Cabrejos viajarán a Cajamarca, a la zona de influencia del proyecto minero Conga, para recoger en persona el sentir de la población local. “La visita a las lagunas tiene dos objetivos, uno simbólico, que implica ver personalmente qué es lo que pasa en la zona y, el otro, conversar con la gente de allí y preguntarles qué es lo que piensan sobre el proyecto”, explicó en diálogo con Canal N.
Sacerdote Garatea irá el miércoles 18 a lagunas de Cajamarca 
Garatea detalló que tras una primera etapa como facilitadores, en que se escuchó la postura del gobierno central, de las autoridades de Cajamarca y de los dirigentes sociales, ahora es turno de conocer lo que la gente quiere y desea. Comentó que luego de conocer el sentir de la población cajamarquina cualquier cosa puede pasar, pues pueden tener una postura diferente a lo que dicen sus dirigentes. “Creo que se tiene que andar con pies de plomo, ver lo que está pasando, también hay que ver la participación de la empresa”, declaró.
Fuente: Diario La Primera

El Sábado 23 de Junio el Presidente de la República anunció al país que “Para que el crecimiento se convierta en desarrollo inclusivo y sostenible, lideraremos una nueva relación con las actividades e industrias extractivas”, y que “Para materializar este compromiso, constituiremos una Comisión Multisectorial que en 30 días entregará la propuesta de normas que nos permitan avanzar en el camino de desarrollo sostenible. Esta Comisión será liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y contará con una secretaría técnica que estará a cargo del Ministerio del Ambiente.”

En relación con Cajamarca y Mina Conga, el Presidente Humala recalcó que ya el Gobierno Central ha comprometido inversiones en esa región por 5 mil millones de soles y que “Hemos recibido la comunicación de la empresa minera Yanacocha, expresando la voluntad de implementar las recomendaciones del dictamen pericial internacional y dar cumplimiento a todas las condiciones formuladas por mi gobierno en el mensaje a la nación del 20 de abril.”

Como se recordará, en esa fecha el Presidente anunció cuatro condiciones para la viabilidad del Proyecto Conga: respetar 2 de las 4 lagunas amenazadas; aumentar por 4 la oferta de agua programada en el EIA; constituir un fondo social; y generar 10 mil puestos de trabajo.

Sin embargo, en entrevista publicada al día siguiente en La República, RM Palacios entrevista al Ing. Roque Benavides de Mina Buenaventura, socia de Newmont en la Empresa Yanacocha, dueña de Conga. Le pregunta: “¿Ustedes ya mandaron una carta y aceptaron los términos del gobierno luego del peritaje?” La respuesta se puede resumir así: a) sí se incrementará por 4 la oferta de agua contenida en el EIA, b) no se garantizan los 10 mil puestos de trabajo, c) no se garantiza que se respetaran las 2 lagunas, d) ni una palabra sobre el fondo social. Yanacocha estaría pues dispuesta a cumplir plenamente con solamente 1 de las 4 condiciones planteadas por el Presidente a fines de Abril y ratificadas el sábado pasado.

¿Existe realmente un compromiso de Yanacocha (Newmont & Buenaventura) de implementar las 4 recomendaciones planteadas por el Presidente de la República a fines de abril? ¿Anunció el Presidente Humala un acuerdo que realmente no existe? ¿Está Benavides expresando un desacuerdo de Minas Buenaventura con un acuerdo al que Newmont habría llegado con el Gobierno?

La única manera de aclarar este enredo es hacer pública la carta de la Empresa Yanacocha (Newmont y Buenaventura) suscribiendo formalmente las cuatro condiciones establecidas. Si esto no se hace, la población de Cajamarca tendrá una razón más para creer que no es el Presidente sino los empresarios los que definen qué se hace y qué no hace en Cajamarca y el país.

*Por Carlos Monge


Stephanie Boyd

He promised to make The Great Transformation. This “radical change” would be a “democratic alternative” to neoliberalism, which he blamed for “social inequality, deprivation of natural resources”, and a failure to generate development.

He vowed to listen to farming and indigenous communities.

He said that water was more important than gold.

One year ago, Ollanta Humala, a former army captain, was swept to electoral victory by Peru’s majority poor: the peasant farmers, urban street vendors and Amazonian indigenous peoples.

But once in power, Humala cast off his jeans and blue work shirt, donned a suit and adopted the same neoliberal policies he criticised during his campaign.

His voters were not amused.

Since Humala took office, ten people have died in social conflicts in Peru, more than 120 civilians have been wounded, and states of emergency have been declared in two regions. More than 120 farming leaders and human rights defenders are reportedly under criminal investigation for their alleged involvement in protests against foreign mining companies, including one provincial and one state governor, a priest, and two Catholic Church workers.

The president’s honeymoon with voters ended abruptly in November, when the state of Cajamarca in Peru’s northern Andes declared a strike against a proposed mine. The shutdown paralysed several provinces, with schools and businesses closed and transport routes blocked.

At stake is the $4.8bn Minas Conga project, owned by Newmont Mining of Colorado. It would be the biggest mining investment in Peru’s history, paying $2bn in taxes over the mine’s lifetime. But the project would destroy four sacred lakes, the source of water for an entire farming region.

Humala has taken a hard-line on Conga, insisting it is a project of “national interest” and must go forward. The government says it needs mining revenues to fund development programmes, and has secured a $1.1bn increase in taxes from the industry.

Peruvian groups such as Red Muqui and CONACAMI, a nation-wide coalition of mining communities, say they are not against mining. They want a national zoning plan to designate areas for mining and other industry, agriculture and protected reserves. They’re also demanding a moratorium on mining in watersheds and the use of cyanide in gold mining operations.

Conga, located in a fragile watershed, has become the first major test of Humala’s government, pitting environmentalists against the mining industry, regional politicians against the president, and farmers and indigenous communities against the urban, upper-middle class (who don’t understand why the Technology Gods can’t build artificial lakes to replace real ones, as though natural ecosystems were as easy to create as images on their iPads).

During the strike in November, Humala’s prime minister, Salomon Lerner, a left-leaning businessman, was sent to negotiate. He wasn’t given much time. One day after Lerner initiated talks, the president trumped him by declaring a state of emergency. This meant that civil liberties were suspended and martial law was in effect. At least 28 people were injured during brutal police repression, including a young farmer who was reportedly paralysed by a rubber bullet fired by police.

Lerner resigned, allowing Humala to re-stock his cabinet with a decided shift to the right. The new prime minister, Oscar Valdés, was Humala’s army instructor and reportedly owns a mining concession. Peru’s National Intelligence Service is headed by Victor Gómez, another of the president’s old army buddies and former head of security [Sp] at the Antamina copper mine.

The president’s national security advisor is Adrian Villafuerte, an ex-colonel with alleged ties to Vladimiro Montesinos, the notorious security adviser to former president Alberto Fujimori. Both Fujimori and Montesinos are currently in jail for human rights abuses and corruption.

Humala himself was an army captain during Fujimori’s rule, and had been accused of crimes such as torture and forced disappearances when he was in charge of the Madre Mia military base. The case against Humala was shelved, but human rights groups in Peru are not satisfied and want to see the former captain on trial.

The Conga uprising isn’t the government’s only worry. Humala has faced demonstrations against a proposed hydro-electric plant in the south, uprisings against illegal miners in the jungle region of Madre de Dios and Andahuaylas, and protests against a prison expansion in Arequipa.

In late May, Humala declared his second state of emergency, this time in the southern Andean province of Espinar. On May 21, farming leaders declared a strike to pressure the Tintaya copper mine to negotiate a new social contract. Leaders want improved environmental standards, independent monitoring and increased funds for development projects.

Many Peruvians oppose the Minas Conga project, the biggest mining investment in the country’s history
[Photo courtesy of Grufides]

Thousands of unarmed civilians blocked access routes to the mine, owned by Xstrata of Switzerland. In response, the government sent in hundreds of special police commandos trained in counter-insurgency and anti-terrorism. These heavily armed officers were charged with “subduing” peasant farmers, teachers, lawyers and other urban professionals.

Two civilians were killed (one of them, a school teacher, leaves behind a pregnant widow), two remain hospitalised in a coma, and more than 100 people were wounded. Police allegedly detained 22 people without arrest warrants inside the mine’s compound, including two employees of the human rights office operated by the local Catholic bishop.

After several days in captivity, the detained persons were freed, but many say they suffered torture. Rather than investigating these allegations, judiciary authorities have charged the detainees with crimes related to terrorism.

In an attempt to end the conflict, Oscar Mollohuanca, Espinar’s provincial governor, asked the national government to mediate talks with the mining company. The following day, while Mollohuanca met with local leaders to plan the negotiations, about 50 police commandos reportedly burst into his office in a scene reminiscent of the reality show Cops.

The governor was arrested and imprisoned in Ica, a coastal town 800 kilometres from Espinar. He was sentenced to five months in jail while judicial authorities investigated charges against him related to the strike. Lawyers from Peruvian human rights groups appealed his imprisonment on the grounds that he had not been given a trial and was a prisoner of conscience.

Amnesty International launched a campaign demanding Mollohuanca’s release, and citizens groups across Peru held vigils and protests. On June 13, two weeks after his arrest, Mollohuanca was freed on conditional release. The criminal investigation against the governor continues, however.

The national and international outcry against the human rights abuses in Espinar has brought some positive results in recent days. Peru’s Congress has now formed a commission to investigate possible environmental contamination from the mine, and Xstrata has agreed to negotiate with provincial leaders.

In a public statement, Xstrata “profoundly lamented the acts of violence” in Espinar, and insisted they have always been open to dialogue. The company claims to adhere to all the environmental requirements “established by legislation”, and pledged to “take part in all the environmental studies that may be required”.

But just as the Espinar conflict was beginning to cool, a new strike began in the state of Cajamarca on May 31 to protest against the Conga mining project.

After the 2011 strike, the Peruvian government commissioned an independent review of the company’s environmental study by European auditors. The review recommended several changes to the company’s plan, such as leaving two of the four lakes intact and increasing the amount of water planned for artificial resevoirs.

Newmont defended its original study, saying it had been approved by Peru’s previous government and would provide farming communities with year-round water supplies. Company officials said they were “evaluating” the recommendations, but that if the changes proved too costly, they would “reallocate” their capital to projects in other countries.

Cajamarca’s leaders accuse the company of using scare tactics to force Humala to cave in and allow them to proceed without following the recommendations. In any case, the state governor and a coalition of civil society groups say that preserving two out of four lakes is not enough: they remain firmly opposed to the mine.

Once again, thousands of citizens took to the streets throughout the state in protest.

President Humala vowed to “restore order”. Police repression in Cajamarca over the past two weeks has resulted in more than 60 wounded civilians. Since the conflict began last year, at least 100 protesters have been charged with crimes under tough new legislation. Once-minor offences such as blocking a road have been turned into criminal acts punishable with 20-year prison sentences.

In Cajamarca, about 60 protesters have been wounded by police [GRUFIDES]

Human rights groups say Humala is criminalising social protest, but the president rejects these charges, saying he is merely “defending the rule of law”. The president has also accused protest leaders of being part of a political conspiracy to overthrow his government.

Father Marco Arana, one of the protest leaders, says the government finds it easier to look for scapegoats than “to admit it has a widespread social problem”. According to Peru’s government ombudsman’s office, there are 171 “active social conflicts” across the nation, most centred on mining, petroleum and hydroelectric projects.

Humala also faces opposition from within his own ranks. Last week, four Congress members resigned from the president’s party, accusing him of abandoning election promises.

The president tried to put on a happy face and insisted that the resignations would “strengthen” his congressional block.

Denial aside, it’s clear that Ollanta Humala faces a crisis on several fronts. But with less than a year in office, political analysts say he still has the chance to make amends.

Gustavo Gorriti, a renowned Peruvian journalist, wrote an impassioned letter to the president last week.

“You were elected to be the champion of democracy, and not plutocracy, Mr President,” wrote Gorriti. “There’s still time to adjust your path. I hope you do so. Your success would be a triumph for all of us.”

Stephanie Boyd is a journalist and documentary film maker who has been living and working in Peru for the past 15 years. Her latest film, ‘The Devil Operation’ can be previewed at: www.guarango.org/diablo

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/06/2012614113713713304.html


Califican de “inaceptables” presiones de presidente de Newmont, accionista mayoritaria de proyecto minero. Viceministros iniciaron diálogo en Cajamarca pero enfrentan desconfianza. Señalan que empresas que han hecho daños lamentables deben aceptar condiciones del país. O’Brien, titular de Newmont quiere meter miedo.

La declaración del presidente ejecutivo de Newmont, Richard O’Brien, quien manifestó que si las exigencias ambientales y sociales del gobierno al proyecto Conga hacen insuficiente su rentabilidad, irán a invertir a otros países, fueron calificadas como “chantaje” por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Alianza Parlamentaria.

El titular de Newmont manifestó que “si Conga no puede ser desarrollada de una manera segura, social y ambientalmente responsable, entonces vamos a reasignar ese capital a otros proyectos de desarrollo de nuestro portafolio, incluyendo oportunidades en Nevada, Australia, Ghana e Indonesia”.

O’Brien añadió que “tenemos otras opciones si esto no es favorable”, en referencia al proyecto Conga, impulsado por Yanacocha, cuyo principal accionista es Newmont.

García Belaunde dijo a LA PRIMERA que las declaraciones de O’Brien “fueron muy desafortunadas” y que “no pueden ser aceptadas por los peruanos”. “Ellos no pueden quejarse de un negocio que les va a dejar muchas utilidades, y encima han ganado bastante dinero todos estos años”, agregó.

El parlamentario sostuvo que la reacción del ejecutivo de Newmont “es una actitud de egoísmo y mezquindad”, pues las mejoras sustanciales establecidas por el presidente Ollanta Humala solo exigirán aumentar en 5% la inversión del proyecto Conga, que dará enormes ganancias a la empresa.

También recordó que Newmont contó con el respaldo del exasesor presidencial durante la dictadura Fujimorista, Vladimiro Montesinos, porque “ganó juicios con su apoyo”. “Esta conducta es inaceptable e inadmisible”, añadió.

Busca renegociar

Por su parte, el legislador Javier Diez Canseco, de Gana Perú, indicó que la empresa minera presiona al gobierno para “abrir un mecanismo de renegociación”.

“Esta declaración da cuenta que la empresa busca abrir una negociación sobre lo establecido por el Presidente de la República en relación a los 10 mil empleos que debe generar la minera, el fondo social, y la responsabilidad de trasladar los botaderos a otros puntos”, expresó Diez Canseco. “Esto evidencia que su criterio fundamental es reducir al máximo sus costos y maximizar sus ganancias”, añadió.

A su turno, el experto en temas ambientales José de Echave expresó que las afirmaciones de O’Brien “son mecanismos de presión y advertencia” y que lo que buscan es desarrollar una estrategia “en función de lograr alguna negociación”.

“Es natural que la empresa esté evaluando alternativas; al margen del proyecto Conga, tiene la mirada en diferentes partes del mundo”, dijo el exviceministro de Gestión Ambiental; pero advirtió que “no es tan fácil decir: me voy a otros países”, pues el Perú tiene yacimientos atractivos gracias a su riqueza geológica.

Imperfecciones

Diez Canseco y de Echave coincidieron en señalar que cuando la empresa manifiesta que las modificaciones propuestas al proyecto Conga, luego del peritaje internacional, pueden afectar la rentabilidad del proyecto, es porque reconoce que este tuvo serias imperfecciones al momento de ser aprobado en octubre del 2010, en pleno régimen aprista.

El parlamentario indicó que Newmont “está reconociendo que el proyecto tenía imperfecciones”, y recordó que estas fueron señaladas en su momento por el exministro del Ambiente Ricardo Giesecke, en especial en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Diez Canseco manifestó que el proyecto Conga no ha sido cuestionado de manera arbitraria “sino con razones y fundamentos”, y sostuvo que por esto la empresa “ha tenido que evaluar” su implementación.

Por ello, indicó que “lo más sabio” era la revisión del EIA “con peritos que tuvieran consenso en las partes, y con lineamientos más allá de los que fueron establecidos”. “Todo esto hubiera conducido a una situación más clara”, argumentó, porque lo actuado “aumentó la desconfianza de la población”.

En tanto, Echave indicó que la reacción de Newmont ante las nuevas condiciones “puede ser el preámbulo del reconocimiento de que el proyecto no tiene licencia social y las condiciones ambientales para ser llevado adelante”.

“Ahora nadie defiende el proyecto tal como fue aprobado en octubre del 2010, todos se preguntan cómo es que fue aprobado”, añadió.

Desconfianza

De otro lado, la Comisión Técnica formada por el gobierno central para facilitar el diálogo con las autoridades locales y dirigentes sociales de la región Cajamarca, informaron que el acercamiento tuvo un balance “positivo y prometedor”.

Los viceministros de Agricultura, Juan Rheineck Piccardo; de Minas, Guillermo Shinno, y Gestión Ambiental, Mariano Castro, integrantes de este grupo de trabajo, explicaron que en las reuniones sostenidas lograron establecer informar sobre los hallazgos y recomendaciones del peritaje al EIA del proyecto aurífero.

Tras informar sobre lo que significan las nuevas condiciones derivadas del peritaje y establecidas por el presidente Humala, los viceministros expresaron su confianza en que las actividades económicas y sociales en Cajamarca puedan realizarse sobre un nuevo pacto, que permita resolver los problemas de pobreza de esa región.

Rheineck opinó que la desconfianza de la población de Cajamarca es comprensible, puesto que en el pasado una serie de proyectos mineros no respetaron los acuerdos sobre el cuidado del agua y el medio ambiente, hechos que generaron daños en la salud de los ciudadanos y perjudicaron las actividades agrícolas.

“Es un compromiso del gobierno hacer bien las cosas, no volver a repetir los errores del pasado y no cometer pasivos ambientales espantosos que se han heredado desde muchos años atrás”, manifestó el viceministro de Agricultura.

Atropellos de Newmont en el mundo

O’Brien sabe que el proyecto es rentable en términos económicos. Pero también que no es viable en términos sociales y ambientales.

Conoce de sobra que no es fácil operar en otros países. En los Estados Unidos están prohibidas las minas de tajo abierto en cabeceras de cuenca y las normas ambientales son más estrictas. En Indonesia, la mina Batu Hijau de la Newmont Nusa Tenggara enfrenta huelgas con los trabajadores que exigen participación en las ganancias. Y la Newmont Ghana Gold Limited ha sido denunciada por daños a los bosques y las personas.

El coronel e ingeniero William Óbice Thompson fundó en 1916 Newmont, que en castellano significa Nueva Montana, aludiendo con este nombre al estado norteamericano de las grandes montañas y llanuras en que nació. En contacto con Woodrow Wilson hizo mucho dinero con sus primeras minas y se movió internacionalmente apoyando a los mencheviques de Kerensky en la revolución rusa. La compañía creció protegida por Roosevelt en los años cuarenta del siglo pasado y se expandió siguiendo a la industria del automóvil aprovisionándola de cobre, y a la construcción vendiéndole cemento. Durante noventa años ha explotado oro, cobre, plata, zinc, litio, uranio, carbón, níquel, petróleo y gas.

Con Yanacocha extrajo sólo en 2010 un millón y medio de onzas de oro que pueden significar mil millones de dólares. Está dejando grandes agujeros en Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Ghana y Perú.

Entre el 2011 y el 2012 los dividendos de sus accionistas se incrementaron en setenta y cinco por ciento y presume que el precio de la onza de oro pasará de mil seiscientos a dos mil dólares.

En octubre de 2009, un escape de cianuro ocurrió en la planta de Ahafo, la mina de Newmont en Ghana. Con la estación de lluvias, la contaminación se propagó causando muerte masiva de peces. La población no fue informada a tiempo de los daños que se producirían. Los líderes de las comunidades Wassa denunciaron a la empresa pero fueron amenazados o arrestados. Los que traspasan los territorios de la empresa pueden caer víctimas de los disparos de las fuerzas de seguridad.

A la Newmont se le ha ocurrido abrir otro gran agujero dentro de la Reserva del Bosque Ajenjua Bepo, en el Distrito Birim North de Ghana. Ocupará una superficie de dos kilómetros y medio de largo por un kilómetro de ancho y creará montañas de desechos de sesenta a cien metros de altura destruyendo setenta y cuatro hectáreas del bosque de la reserva. Quedará afectado el flujo de agua hacía otros ecosistemas y centros urbanos. Sus vertederos de ácido tóxico pueden durar cientos o miles de año. Las partículas de metales pesados dispersadas por el viento se posarán en el suelo o en los lechos de los cursos de agua, integrándose a los tejidos de los peces y otros organismos vivos. Nuevas enfermedades y el recrudecimiento de malaria resultarán de los pozos abiertos y de los charcos de agua estancada en las zanjas que abrirán en la zona.

Si los proyectos del señor O’Brien se llevan a cabo, diez mil pequeños agricultores de las poblaciones de Ntotroso y Kenyasa perderán sus tierras. Miles de personas ya están siendo trasladadas por la fuerza o con promesas de ayuda técnica para una reinstalación. La región produce el treinta por ciento de los alimentos de Ghana.

¿Y ustedes creen que todo el dinero a invertirse es de la empresa? No, es en parte del Banco Mundial, que canta la canción ambientalista mientras prestó el 2006 a la Newmont ciento veinticinco millones de dólares a muy bajos intereses para su proyecto de Ahafo. Eso se llama desarrollo para el Banco Mundial.

¿Queremos ser una republica minera como las bananeras de la United Fruit en la Centroamérica del siglo pasado? ¿Pretendemos vivir las sobras del oro sucio del Señor O’Brien y otros capitalistas? ¿Qué pasará cuando la locura del oro termine? Una economía consistente, respetuosa del ambiente, es lo que necesitamos en vez de parasitar esta burbuja mundial. El Perú no se atreve a discutirlo. www.ecoportal.net

Fuentes: La Primera, Celendín Libre

No a la mina
www.noalamina.org


 Ante un escenario polarizado en casos vinculados a sectores extractivos y frente a un creciente riesgo de que se agudicen los conflictos socioambientales en algunos puntos del país, Oxfam estima conveniente expresar lo siguiente:

1. Oxfam invoca al Gobierno peruano a buscar una solución de fondo y estructural a los crecientes conflictos socioambientales del país. Es importante que en estos momentos el Gobierno cumpla cabalmente con su deber de representar los intereses de peruanas y peruanos y actúe guiándose por el bien común, a través de instituciones sólidas y planes estratégicos de desarrollo. En ese contexto, es clave consolidar una institucionalidad ambiental y social, que genere confianza en las regiones en cuanto a las decisiones que se tomen en materia de inversiones extractivas.

2. Oxfam apoya una actividad minera formal que posea altos estándares de calidad ambiental, respete los derechos humanos reconocidos internacionalmente y cuente con la confianza y licencia social de las comunidades donde vaya a operar. Además, considera que hay mucho camino por recorrer y estándares ambientales y sociales por elevar, como lo demuestra la situación de daño a la salud y al medio ambiente que ha sufrido la población de La Oroya por muchos años, debido al desamparo ambiental y a los incumplimientos de la empresa Doe Run Perú.

3. Oxfam rechaza toda actividad extractiva (sea formal o informal) que no respete el medio ambiente, los derechos humanos y los principios del desarrollo sostenible. En ese sentido deplora el intolerable desastre ambiental generado por la minería ilegal en Madre de Dios, Puno y otros puntos del territorio nacional, e insta al Gobierno a redoblar esfuerzos para generar políticas sólidas de fiscalización que eviten que estas situaciones se extiendan a otras zonas del país.

4. Oxfam se opone a cualquier tipo de violencia y cree firmemente que las diferencias deben solucionarse por el camino del diálogo. Concretamente en el caso del proyecto minero Conga y el conflicto social surgido en torno suyo, Oxfam exhorta al Gobierno peruano a promover un verdadero proceso de diálogo, donde la prioridad sea restablecer la confianza entre las partes involucradas, sin imponer fechas o agendas particulares, como punto de partida para lograr un auténtico entendimiento de largo plazo.

5. Asimismo, Oxfam invoca a las autoridades regionales y locales de Cajamarca a retomar el diálogo, escuchando, resolviendo las dudas de la población y, buscando el bienestar de quienes los eligieron. Esto no representa limitar sus derechos a decidir sobre sus circunscripciones y recursos.

6. Oxfam invoca al Gobierno peruano a formular políticas de largo plazo que permitan que la inversión pública y privada se realice en una forma armoniosa con la biodiversidad y las dinámicas sociales y culturas de las poblaciones indígenas y campesinas. En esa línea, impulsar políticas económicas alternativas, que reduzcan la fuerte dependencia del país con el modelo extractivista vigente, constituye una prioridad.

7. Finalmente, Oxfam espera que la promulgación de la Ley de Consulta y su respectivo reglamento se conviertan en una herramienta para transformar los conflictos, generando inclusión y participación, en especial de las comunidades campesinas e indígenas del país, tantas veces postergadas y olvidadas  en los procesos que van a  definir directamente su desarrollo.


  Tajo Chaquicocha de Yanacocha Foto: Milton Sanchez
Minera Yanacocha no advierte costo por mantener reservorios en lugar de lagunas.
 
Nuevas observaciones se presentan al cuestionado proyecto minero Conga. Esta vez, Guido Peralta, especialista internacional en canales, caminos y puertos, dio a conocer los resultados de su trabajo realizado en marzo sobre las lagunas de dicha obra, y aseguró que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de  Yanacocha presenta serios errores.

Según el experto, no se contempló el exceso costo que significa mantener los reservorios, los cuales pretenden construirse para reemplazar a las lagunas cuyas aguas serían trasvasadas.

En conferencia de prensa, indicó que ese procedimiento tendría un costo de entre US$ 200  a 300 millones mensuales, cifra que no se advierte en el EIA de la empresa minera presentada al Estado.

En tanto, se espera que en la siguiente semana, se muestre los resultados del peritaje internacional al proyecto Conga, tal como lo anunció esta mañana el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.

Fuente: La Republica
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El líder de Tierra y Libertad criticó las declaraciones dadas por el mandatario sobre el proyecto Conga

(Fotos: Jorge J. Chavez Ortiz – @ChavezWar)
 

SEBASTIAN ORTIZ MARTINEZ @Shebas07
Redacción Online El Comercio

El líder del Movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, criticó las declaraciones que dio el presidente Ollanta Humala en “Panorama”. El jefe de Estado sostuvo que el agua en Cajamarca no solo está contaminada por minerales, sino de ideologías, en referencia al extremismo de los dirigentes de los frentes de defensa y autoridades, quienes se oponen al proyecto Conga.
 

En diálogo con elcomercio.pe, Arana calificó la opinión de Humala Tasso de “desafortunada” y sostuvo que sus palabras no contribuyen para solucionar el conflicto social originado por Conga sino que, por el contrario, obstaculizan que se retomen las conversaciones.

“Yo creo que es una opinión desafortunada. En realidad, lo que Cajamarca está señalando es que se respete su proceso de zonificación ecológica y se defiendan las fuentes naturales de agua, eso no responde solamente a una visión ideológica sino de desarrollo. Creo que descalificar a las autoridades cajamarquinas e incluso a los gremios regionales que critican Conga, no ayuda a resolver el conflicto”, manifestó.

Arana, uno de los impulsores de la Marcha del agua, dijo que el presidente reniega de sus raíces políticas al decir que el agua de Cajamarca está contaminada de ideologías.

“Él estaría contaminado por la Sociedad Minera y los dueños de las empresas mineras. Yo insisto en que sus declaraciones son desafortunadas y polarizan el conflicto”, agregó.

ADVIERTE DESBORDE DE PROTESTA

El líder del Movimiento Tierra y Libertad consideró también que el presidente cometió un “grave error” al decir que los que incurrieron a la fuerza en su rechazo a Conga, no tienen autoridad moral para pedirle diálogo al gobierno. Dijo que los actos de violencia ocurridos durante los meses de manifestaciones fueron “aislados”.
 

“Descalificar a la mayoría de ciudadanos y autoridades bajo el tema de que todos son violentistas es un grave error por parte de Humala. Él tiene que tener una óptica de estadista, no de un comandante en campo de operaciones en guerra”, subrayó.

En otro momento, advirtió que si las declaraciones dadas anoche por Humala marcan la posición definitiva del gobierno sobre el proyecto minero Conga, que, según Arana, es “de imposición”, “es muy probable que las protestas, cuando se retomen” se desborden.

“Si el gobierno apunta a imponer (el proyecto Conga), como indica el presidente con sus palabras, efectivamente podría haber una escalada de violencia que nadie desea”, acotó.

Fuente:
http://elcomercio.pe/politica/1392896/noticia-presidente-humala-esta-contaminado-mineras-afirmo-marco-arana



Laguna Azul. Quieren convertirla en botadero del tajo Perol

El gobierno y sus noticieros no se cansan de repetirnos que Conga es un proyecto minero de 4 mil 800 millones de soles de ‘gran inversión’. Y que Yanaconcha es una de las minas más rentables del mundo, claro que lo es, porque para ahorrar costos de producción desaparecen lagunas, ríos, contaminan, expropian tierras, cierran caminos, manejan y controlan la distribución del agua y nade les dice nada. Hasta el impuesto a la renta lo venían descontando del canon minero. Así se llevan todas sus ganancias redonditas a costa del daño, el abuso y la destrucción que causan.

 
 
Pero cuánto de dinero realmente significan las lagunas y el proyecto minero en sí para Conga, Yanacocha, Buenaventura, el Banco Mundial y Newmont (la Sociedad de Saqueo Ilimitado). Según unas de las primeras informaciones brindadas por el mismo proyecto minero en su Briefing Book del año 2006, Conga tiene unas reservas de 8.71 millones de onzas de oro y 2.2 billones de libras de cobre. Entonces Conga depende más de sus reservas de cobre, pues los 8.71 millones de onzas de oro y el dinero que obtendrían por este metal son una insignificancia para la Sociedad de Saqueo Ilimatado.
Pero, saquemos cuentas. La onza de oro está valorizada en 1800 dólares y la libra de cobre en 3.86 dólares. Esto significaría para los yanacochinos más de 8 BILLONES de dólares solo en cobre; en soles sería más de 21 BILLONES de soles, 4 mil 800 milloncitos más, 4 mil 800 milloncitos menos, no importa.

Laguna El Perol. Quieren convertirla en el tajo Perol, junto con los humedales cerca a la laguna. Debajo se encuentran las multimillonarias reservas de cobre

21 BILLONES de soles (8 billones de dólares) es una cantidad exorbitante, tanto así que si solucionaríamos todos los problemas del planeta creo que sobraría dinero. Por eso Conga es un megaproyecto, pero para sus dueños. Ahora podemos entender por qué Yanaconcha ejerce tanta presión en el presidente, su gabinete, la prensa limeña y otros más. Este es el poder del dinero, dinero del que la mayoría de cajamarquinos sólo vamos a escuchar hablar, como si fuera un rumor.

Hasta han hecho creer al gobierno que sin el proyecto Conga no se van a poder realizar los programas de inclusión social, no va a haber beca 18, pensión 61 y todas sus otras mentiras, perdón, propuestas de campaña. Con esto lo único que ha hecho notar el gobierno es su falta de criterio para desarrollar otras actividades que generen un verdadero desarrollo para la mayoría que lo eligió y no sólo para esa minoría que no creyó en él, que no votó por él y que lo quiso tumbar durante su campaña.

Este gobierno facilista no quiere darse cuenta que esos 4 mil 800 miserables milloncitos de inversión minera los podemos obtener poniéndole punche a actividades como el turismo, la ganadería y la agricultura. Tal y como nos decían durante el paro de noviembre del año pasado. Nos decían que al día se pierde 4 millones de soles entre turismo y lácteos, lo cual significa que al año estos rubros generan unos mil 500 millones de soles. Eso significa que en poco más de 3 años se obtiene los 4 mil 800 milloncitos que la mina quiere dejar por 20 años de explotación y destrucción. Entonces ¿para qué necesitamos el proyecto Conga que tanta destrucción va a traer a cambio de unos cuantos milloncitos que ni los vamos a ver?

El Perú avanza, dijo uno. La pobreza disminuye, dice otro. Sin embargo, las regiones mineras, como Cajamarca y Huancavelica, son las primeras regiones que sufren desnutrición infantil, sin mencionar la pobreza. Este es el desarrollo del que tanto habla el gobierno y sus analistas, desarrollo que sólo lo escuchamos y vemos por televisión.